MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SUBSECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN DEL TRABAJO

Ciudad de Buenos Aires, 12/05/2020

Visto el EX-2020-30944770-APN-DGDMT#MPYT, la Leyes Nros. 20.744 y 24.013, los Decretos Nros. 328 del 8 de marzo de 1988, 264 y 265 ambos de fecha 8 de febrero de 2002, 347 del 5 de abril de 2020; los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 320 del 29 de marzo de 2020, 376 del 19 de abril de 2020; y las Resoluciones MTEySS Nros. 101 del 18 de febrero 2020 y 359 del 27 de abril de 2020; y

Considerando

Que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20 dispuso ampliar la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el COVID-19, por el plazo de UN (1) año.

Que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 329/20 prohibió los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, así como las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo por el plazo de 60 días quedando exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del art. 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

Que la Ley N° 24.013 y sus modificatorias dispuso que con carácter previo a la comunicación de despidos o suspensiones por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas, que afecten a más del 15 por ciento de los trabajadores en empresas de menos de 400 trabajadores; a más del 10 por ciento en empresas de entre 400 y 1.000 trabajadores; y a más del 5 por ciento en empresas de más de 1.000 trabajadores, deberá sustanciarse el procedimiento preventivo de crisis previsto en la misma, que tramitará ante el MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, a instancia del empleador o de la asociación sindical de los trabajadores.

Que el Decreto N° 328 del 8 de marzo de 1988, también estableció la intervención de la cartera laboral, en instancia previa a que los empleadores dispongan suspensiones, reducciones de la jornada laboral o despidos por causas económicas o falta o disminución de trabajo a la totalidad o parte de su personal, reafirmando el Decreto N° 264 del 8 de febrero de 2002 dicha competencia en aquellos supuestos que no alcancen los porcentajes de trabajadores determinados en la Ley N° 24.013 y sus modificatorias.

Que el Decreto N° 265 del 8 de febrero de 2002 posibilitó que el procedimiento preventivo de crisis sean sustanciados en las administraciones provinciales del trabajo cuando se hubieran celebrado acuerdos con los estados provinciales.

Que asimismo, el mencionado Decreto, en su artículo 10, habilita la avocación de la competencia de la cartera laboral nacional en aquellos casos en los cuales las empresas ocupen trabajadores ubicados en distintas jurisdicciones o cuando se afecte significativamente la situación económica general o de determinados sectores de la actividad o bien se produzca un deterioro grave en las condiciones de vida de los consumidores y usuarios de bienes y servicios o se encuentre en juego el interés nacional.

Que la Resolución MTEySS N° 337 del 29 de abril de 2002, delegó la competencia de sustanciar y completar la gestión del procedimiento preventivo de crisis, en las Administraciones Provinciales del Trabajo, hasta tanto se celebren nuevos acuerdos, siempre que no ejerza la competencia que le confiere el artículo 10 del Decreto N°265/2002, precedentemente citado.

Que la Resolución MTEySS N°101/2020 dejó sin efecto toda medida emanada de ese Ministerio, que autorice a las Administraciones Provinciales del Trabajo, en el marco de un procedimiento preventivo de crisis previsto en el Título III, Capítulo VI de la Ley N° 24.013 y modificatorias y reglamentarias, y del procedimiento previsto en el Decreto N° 328 de fecha 8 de marzo de 1988, sustanciado en sus jurisdicciones, la posibilidad de disponer y/o afectar fondos y/o recursos del Estado Nacional, obligando a su remisión.

Que la Resolución MTEySS N° 359/2020 Aclaró que las disposiciones de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 101/2020 no inhiben las facultades de las distintas Autoridades Provinciales del Trabajo para la sustanciación y posterior homologación de acuerdos colectivos y/o individuales en los términos del art. 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, en el marco de sus respectivas jurisdicciones y con arreglo a lo estipulado en el Decreto Nº329/2020.

Que, asimismo, la citada Resolución MTEySS N° 359/2020 dispuso que los acuerdos homologados por las Autoridades Provinciales del Trabajo deberán ser comunicados a la SUBSECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN DEL TRABAJO, dependiente de la SECRETARÍA DE TRABAJO del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Que, en virtud de lo dispuesto por la resolución citada en el considerando precedente, y a los fines de un mejor ordenamiento para la consulta y control de los acuerdos informados, resulta conveniente la creación de un registro, en el ámbito de la Subsecretaría de Fiscalización del Trabajo, en el cual se asienten los acuerdos homologados por las Autoridades Provinciales del Trabajo en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo N°20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que a los fines de una debida implementación del Registro mencionado en el considerando anterior y para lograr un efectivo control del cumplimiento de los acuerdos que en él se registren, resulta necesario articular un cruce de información con las bases de datos de AFIP a fin de poder realizar un seguimiento de la situación laboral de los trabajadores alcanzados por los mencionados acuerdos.

Que se ha dado intervención de competencia a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo N° 2 de la Resolución MTEySS N° 359/2020 del 27 de abril de 2020.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO DE FISCALIZACIÓN DEL TRABAJO

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Créase en el ámbito de la Subsecretaría de Fiscalización del Trabajo el Registro de acuerdos homologados en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976).

ARTÍCULO 2°.- Las Autoridades Provinciales del Trabajo que, dentro de sus competencias, homologuen acuerdos suscriptos en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976), deberán informarlos e ingresarlos al Registro creado en el artículo 1° de la presente dentro de los 10 (DIEZ) días hábiles contados a partir de su homologación.

ARTÍCULO 3°.- Al momento de su registro, la autoridad nacional o provincial que informe e ingrese el acuerdo deberá consignar los siguientes datos:

• Fecha de la presentación

• Cantidad de personal afectado

• Presentante/Solicitante

• Denominación de la entidad sindical con personería gremial interviniente

• Razón social de la empresa

• Clave Única de Identificación Tributaria de la empresa (CUIT)

• Actividad

• Domicilio fiscal de la empresa

• Lugar de desarrollo de las tareas/Provincia jurisdicción

• Causas que justifiquen la adopción de la medida

• Si las causas invocadas se presumen de efecto transitorio o definitivo y, en su caso, el tiempo que perdurarán

• Código Único de Identificación Laboral (CUIL) de cada trabajador comprendido en la medida

• Resolución homologatoria

ARTÍCULO 4°.- Facúltese a la DIRECCION NACIONAL DE FISCALIZACIÓN DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL para realizar todas las acciones y dictar los instructivos y procedimientos que resulten necesarios para la implementación del Registro creado en el Artículo 1° de la presente.

ARTÍCULO 5°.- La presente disposición comenzará a regir desde el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. Carlos Alberto Sanchez

e. 13/05/2020 N° 19578/20 v. 13/05/2020