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28 de Octubre de 2020

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Primera sección


MINISTERIO DE SALUD

Resolución 995/2020

RESOL-2020-995-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 09/06/2020

VISTO el EX-2020-33872443-APN-SSGA#MS y su vinculado EX-2018-44156694-APN-DD#MS, el Decreto N° 1023 de fecha 13 de agosto de 2001, el Decreto N° 1030 del 15 de septiembre de 2016 y la Resolución de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD del MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL N° 1043 de fecha 2 de julio de 2019, y

CONSIDERANDO

Que mediante la Decisión Administrativa N° 1537 de fecha 24 de agosto de 2018 se aprobó y adjudicó la Licitación Pública N° 80-0027-LPU17 del MINISTERIO DE SALUD, llevada a cabo para la adquisición de medicamentos esenciales para el primer nivel de atención.

Que en la citada Licitación Pública resultó adjudicataria, entre otras, la firma NOVARTIS ARGENTINA S.A. respecto de los renglones N° 8, N° 9, N° 10 y N° 14, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 80- 1150-OC18 por PESOS CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON SEIS CENTAVOS ($ 42.679.531.06), quedando perfeccionado el contrato el 6 de septiembre de 2018.

Que con fecha 7 de septiembre de 2018, es decir, un día después de notificada la Orden de Compra, la mencionada firma presentó ante este organismo una solicitud de renegociación de precios respecto de los renglones N° 8, N° 9 y N° 10 y, con relación al renglón N° 14, peticionó la revocación de su adjudicación fundamentado en el desistimiento de su oferta, efectuado durante la tramitación del procedimiento de compras.

Que en su presentación, NOVARTIS ARGENTINA S.A. argumentó que las variaciones del valor del dólar estadounidense y la consecuente devaluación del peso argentino se tradujo en un aumento de los costos de producción, no previstos en su oferta presentada el 1 de diciembre de 2017.

Que junto a su nota, la firma mencionada acompañó un detalle de los nuevos precios de los renglones N° 8, N° 9 y N° 10, actualizados conforme la evolución de la divisa, que estimó en un 114% desde la fecha de apertura de ofertas.

Que con fecha 14 de septiembre de 2018 NOVARTIS ARGENTINA S.A. presentó un nuevo escrito titulado “matriz de costos”, en el que se limitó a consignar de manera general los costos en dólares y en pesos de los productos incluidos en los renglones mencionados.

Que dándose curso a la tramitación, la entonces DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍA SANITARIA adjuntó el denominado “Informe de razonabilidad” elaborado por la COORDINACIÓN DE MEDICAMENTOS ESENCIALES, sobre los nuevos precios requeridos por el proveedor, en el que se utilizaron diversos índices que abarcaban desde la fecha de apertura hasta la fecha presunta de finalización del contrato, considerando para su proyección la inflación mensual proyectada por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). La aplicación de las variables descriptas en dicho Informe arrojó un límite inferior y un límite superior de precio para cada producto, estimándose razonable que la renegociación se ubicara dentro de tales bandas.

Que, posteriormente, la misma Dirección efectuó una rectificación respecto de la banda propuesta por la COORDINACIÓN DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (CME) para el renglón N° 9 fundamentada en que “… se ha contrastado la información remitida por Novartis donde solicita una revisión de precios para los renglones en los que ha resultado adjudicatario, con la solicitud de revisión de precios realizada por otros laboratorios, adjudicatarios de los mismos renglones. Como resultado del análisis integral de las presentaciones para un mismo renglón, se modifica la banda propuesta por la CME. En este sentido, la CME propone que para los renglones que han sido adjudicados a más de un oferente se considere como banda de precio razonable la menor entre las bandas resultantes de cada análisis de razonabilidad realizado para cada renglón evaluado”.

Que, asimismo, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍA SANITARIA elaboró un nuevo informe ampliatorio en el que aclaró que el análisis de la solicitud de “redeterminación” de precios efectuada por el proveedor se fundamentó “…en el contexto macroeconómico y la alteración de las variables económicas y financieras suscitadas en los últimos meses, circunstancias difíciles de prever para las partes al momento de perfeccionarse el contrato, que pudieron tornar excesivamente onerosa la prestación”.

Que con posterioridad, la referida Dirección informó el precio mínimo y máximo para cada uno de los productos involucrados y, en cuanto al período temporal, consideró adecuado que se aplicara a partir de la fecha en la cual se realizó el pedido.

Que la entonces SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN TÉCNICA Y LOGÍSTICA estimó pertinente tramitar el pedido de “readecuación de precios” solicitado y otorgar el valor intermedio entre el límite superior e inferior indicado en el “Informe de Razonabilidad”, limitándose a invocar “razones sanitarias, de sustentabilidad, presupuestarias y de oportunidad”.

Que la entonces SECRETARÍA DE COBERTURAS Y RECURSOS DE SALUD compartió los criterios vertidos por las áreas antecesoras, prestando conformidad a la continuidad del trámite.

Que, a su turno, la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES efectuó el cálculo en base al valor unitario readecuado informado por la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍA SANITARIA para cada producto y la cantidad a ser entregada, el cual arrojó un total de PESOS DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 17.376.190,48), monto que fue convalidado por la SECRETARIA DE COBERTURAS Y RECURSOS DE SALUD.

Que mediante Resolución del entonces MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL N° 408 de fecha 20 de mayo de 2019, se aprobó la ampliación del VEINTE POR CIENTO (20%) de la Licitación Pública 27/17 para los renglones N° 8 y N°10 emitiéndose a favor de NOVARTIS ARGENTINA S.A. una segunda Orden de Compra (N° 80-1078-OC19 de fecha 23 de mayo de 2019) por PESOS SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 7.547.579,43).

Que la SECRETARÍA DE COBERTURAS Y RECURSOS DE SALUD solicitó a la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES que “…una vez aprobadas las redeterminaciones de precios solicitadas en el marco del presente proceso, aplicar los valores establecidos a las órdenes de compras correspondiente a la ampliación…”.

Que la citada Secretaría señaló que tal requerimiento se encontraba motivado en que se hallaba “…debidamente fundamentada las circunstancias que dieron lugar a la redeterminación de precios con su correspondiente cálculo del sacrificio compartido…”, alegando “…cuestiones de índole de economía procesal con el objeto de realizar procesos más dinámicos y atento a ser los mismos argumentos para los mismos productos…”.

Que mediante Resolución de la ex SECRETARIA DE GOBIERNO DE SALUD del entonces MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL N° 1043 de fecha 2 de julio de 2019 se aprobó la renegociación de precios a favor de la firma NOVARTIS ARGENTINA S.A., en el marco de la Licitación Pública N° 27/17, para las Órdenes de Compra N° 80-1150-OC18 y su complementaria N° 80-1078-OC19, por la suma de PESOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 20.513.222,59) los que debían adicionarse a los montos originales previstos en las referidas órdenes de compras.

Que tal decisión se sustentó –conforme se expresa en los considerandos del acto administrativo aludido- en el artículo 96 del Reglamento aprobado por Decreto N° 1030/2016, por entender que “el pedido que aquí se analiza versa sobre reclamos de renegociación de precios adjudicados a causa de desequilibrios sobrevinientes, motivo por el cual no se trata de una situación vedada por la norma”.

Que la citada norma reglamentaria del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto N° 1023/2001 exige, para la procedencia de la renegociación de precios, la configuración de los siguientes supuestos: 1) se debe tratar de un contrato de suministro de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios, 2) deben existir circunstancias externas y sobrevinientes a la celebración del contrato, y 3) dichas circunstancias deben afectar de modo decisivo el equilibrio contractual.

Que siendo condición sine qua non que las circunstancias externas hayan acaecido en forma sobreviniente a la celebración del contrato, aquellas indefectiblemente debían ocurrir con posterioridad a la notificación de la pertinente Orden de Compra.

Que la Orden de Compra N° 80-1150-OC18 fue notificada el 6 de septiembre de 2018 y la firma NOVARTIS ARGENTINA S.A. interpuso su presentación solicitando la renegociación de los precios de los productos comprendidos en dicha orden el 7 de septiembre de 2018, es decir, un día después de perfeccionado el contrato.

Que por consiguiente la admisibilidad de la renegociación en los términos del artículo 96 del Decreto N° 1030/2016, exigía la comprobación en forma fehaciente y documentada de la existencia de hechos externos acaecidos en el término de un día, que hubieran provocado la afectación decisiva del equilibro contractual.

Que el análisis de tal cuestión fundamental y determinante fue omitido a lo largo de la totalidad de la tramitación que culminó en la aprobación de la renegociación de los precios oportunamente adjudicados, a la que se dio curso solo con las presentaciones de la firma, en las que ésta se limitó a invocar la devaluación de la moneda nacional durante los nueve (9) meses anteriores al perfeccionamiento del contrato.

Que asimismo, por el mismo acto de la SECRETARIA DE GOBIERNO DE SALUD, que aprobó la renegociación de los precios, se estableció que los nuevos valores serían aplicables también a la ampliación de la contratación dispuesta por el MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, sin constar requerimiento alguno por parte del proveedor.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍA SANITARIA, fundamentó la procedencia de la renegociación “…en el contexto macroeconómico y la alteración de las variables económicas y financieras suscitadas en los últimos meses…”.

Que el “Informe de Razonabilidad” elaborado por la COORDINACIÓN DE MEDICAMENTOS ESENCIALES, se circunscribió a expedirse sobre los nuevos precios solicitados por el laboratorio, para lo cual utilizó diversos índices calculados desde la fecha de apertura de ofertas hasta la fecha de la posible finalización del contrato, según su estimación, en el mes de marzo de 2019.

Que la citada coordinación no sólo aplicó tales índices a partir de un periodo de tiempo muy anterior a la emisión de la orden de compra, sino que además proyectó su evolución en los seis meses posteriores a fin de establecer la banda de precios propuesta.

Que la SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN TÉCNICA Y LOGÍSTICA indicó que se debía otorgar el valor intermedio entre los límites superior e inferior señalados en el referido “Informe de Razonabilidad”, limitándose a invocar “razones sanitarias, de sustentabilidad, presupuestarias y de oportunidad”, criterio que fue compartido por la SECRETARÍA DE COBERTURAS Y RECURSOS DE SALUD.

Que, por tanto, no fue merituada la procedencia de un mecanismo de aplicación restrictiva cuya utilización debe encontrarse sumamente justificada, toda vez que altera las condiciones del contrato a favor del proveedor, asumiendo el estado la obligación de pagar sumas adiciones a las pactadas originalmente.

Que en el caso la renegociación fue aprobada sin constatar, mediante elementos convictivos suficientes, la existencia de circunstancias sobrevinientes acaecidas entre el perfeccionamiento del contrato y la solicitud de renegociación, ni que las mismas afectaran de modo decisivo el equilibrio contractual.

Que frente a determinadas circunstancias, asiste a quien contrata con el Estado el derecho esencial al mantenimiento de la ecuación económico-financiera del contrato pero resulta necesario en forma excluyente que se constate el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 96 del Decreto Nº 1030/2016.

Que, en tal sentido, la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES se ha pronunciado reiteradamente acerca de las condiciones que deben verificarse a fin de hacer lugar a una renegociación de precios, expresando en su Dictamen identificado como IF-2016-03065258-APN-ONC#MM: “el proveedor deberá acreditar, en el marco de un contrato vigente -ya sea de suministro de ejecución diferida o de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios- el acaecimiento de circunstancias externas e imprevisibles, sobrevinientes a la celebración del contrato, que hayan alterado de modo decisivo el equilibrio contractual, tornando excesivamente onerosas las prestaciones a su cargo. A tal fin deberá acompañar la documentación pertinente y/u ofrecer los demás medios de prueba que a tal fin considere necesarios, junto a una explicación circunstanciada de la afectación que las mismas pudieron haber tenido sobre las obligaciones que sobre él recaen”.

Que por otra parte, durante el transcurso del procedimiento de contratación hasta el perfeccionamiento del contrato, el régimen de compras no habilita la renegociación de precios sino que faculta al proveedor a no renovar el mantenimiento de su oferta -sin penalidad alguna, sin perjuicio de que este pueda retirarla en cualquier momento con una penalidad equivalente al 5% de la oferta, como algunos proveedores hicieron con la totalidad de sus propuestas.

Que la firma NOVARTIS retiró su oferta en el Renglón N° 14 y mantuvo la misma en los renglones N° 8, N° 9 y N° 10 respecto de los cuales optó por, al día siguiente de aceptado el contrato, solicitar una renegociación de los precios adjudicados.

Que por ello la renegociación aprobada no solo infringe la normativa aplicable en la materia, sino que además constituye una violación a los principios generales a los que deben ajustarse las contrataciones de la Administración Nacional, en particular el de transparencia y el de igualdad de tratamiento para interesados y oferentes, toda vez que fueron alteradas las reglas de la contratación con posterioridad a la apertura de ofertas.

Que, por otra parte, debe considerarse asimismo descartada la aplicación de la teoría de la imprevisión, prevista actualmente en el artículo 1091 del Código Civil y Comercial de la Nación y receptada en el ámbito del derecho público.

Que, respecto a esta teoría la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES en su Dictamen N° 205/2013 ha dicho: “la aplicación del artículo 1198 del Código Civil exige que la prestación a cargo de una de las partes se haya tornado excesivamente onerosa por acontecimientos imprevisibles, tornándose necesaria una prueba concreta que cause convicción suficiente y que permita apreciar si se produjo o no un desequilibrio en la ecuación económico financiera (Cfr. Dictámenes PTN 259:222)…”.

Que la improcedencia de su aplicación al caso se fundamenta en que los hechos alegados para fundamentar el presunto desequilibrio del contrato fueron anteriores a su perfeccionamiento, lo cual impide reputarlos como sobrevinientes y menos imprevisibles, sin perjuicio de que, más allá de la ausencia de estos presupuestos esenciales, no se halla acreditado desequilibrio alguno.

Que, conforme el régimen jurídico establecido mediante la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, el acto administrativo debe cumplir con todos los requisitos enumerados en su artículo 7 para ser considerado regular y así producir los efectos jurídicos para los cuales ha sido dictado.

Que de acuerdo con lo prescripto en su artículo 14, la ausencia o un vicio grave en alguno de tales requisitos esenciales tiene como consecuencia, la nulidad absoluta e insanable del acto en cuestión.

Que en lo que concierne a la causa como elemento del acto, la doctrina sostiene que “…de la norma surge que el acto administrativo debe sustentarse en hechos y antecedentes y en el derecho aplicable, lo que significa que aquél debe contar con el debido respaldo fáctico y jurídico (Pozo Gowland)…”. (Conf. Régimen de Procedimientos Administrativos, Ley 19.549, Texto Revisado, ordenado y comentado por Tomás Hutchinson).

Que, en virtud de lo expuesto, la Resolución N° 1043/19 de la ex SECRETARIA DE GOBIERNO DE SALUD de fecha 2 de julio de 2019, se encuentra afectada de nulidad absoluta por vicios en la causa, lo que se verifica cuando, analizando la razón que justificó su emisión, los antecedentes de hecho y de derecho invocados no se corresponden con la realidad objetiva (Cámara Nacional Contencioso Administrativa Federal, Sala V, 2/5/96, “Encotel”, JA, 2000-IV-49, secc. Índice, sum. 5. Hutchinson, Tomás, Régimen de Procedimientos Administrativos, 8° edición actualizada y ampliada, pág. 134).

Que, asimismo, teniendo en consideración que el objeto de todo acto administrativo tiene que reunir los caracteres de licitud, certeza y posibilidad física y jurídica, debiendo la Administración verificar que los hechos se subsuman en el antecedente fáctico establecido por la norma, la renegociación de precios, que constituye el objeto de la Resolución Secretarial cuestionada, fue aprobada en contradicción con la normativa que rige en la materia al no encontrarse configurados los supuestos contemplados en el artículo 96 del Decreto N° 1030/2016.

Que la citada Resolución también adolece de un vicio en la competencia, atento a que el entonces Secretario de Gobierno de Salud no se encontraba facultado para proceder a la renegociación de los precios oportunamente adjudicados en el marco de la Licitación Pública N° 80-0027-LPU17 aprobada mediante Decisión Administrativa N° 1537/2018.

Que la atribución para aprobar la renegociación correspondía exclusivamente al Jefe de Gabinete de Ministros en tanto implicaba la modificación de los términos de la contratación por él aprobada.

Que ante la existencia de un acto administrativo viciado en sus elementos esenciales, el principio de legitimidad que debe ostentar la actividad de la Administración Pública prima sobre el principio de estabilidad de los actos administrativos, impidiendo así que pueda tolerarse la existencia de dichos actos cuando los mismos contrarían el ordenamiento jurídico.

Que de ningún modo puede ampararse la subsistencia de un acto irregular, máxime cuando el mismo genera a favor de un tercero un derecho subjetivo que se traduce en un perjuicio económico para el Estado, toda vez que le impone al mismo la obligación de pagar una suma de dinero.

Que en ese entendimiento, la solución que brinda la citada Ley de Procedimientos Administrativos está contenida en la segunda parte de su artículo 17, el cual dispone que: “El acto administrativo afectado de nulidad absoluta se considera irregular y debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad aun en sede administrativa. No obstante, si el acto estuviere firme y consentido y hubiere generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo, sólo se podrá impedir su subsistencia y la de los efectos aún pendientes mediante declaración judicial de nulidad”.

Que atento a que el acto afectado de nulidad absoluta, se encuentra firme y consentido y que, además, generó derechos subjetivos que se están cumpliendo de conformidad con el informe de la DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD -el que da cuenta de pagos efectuados en concepto de renegociación de precios aplicables a la Orden de Compra 80-1150-OC18- corresponde que la declaración de nulidad de la Resolución N° 1043/2019 emanada de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD se efectúe en sede judicial, a través de la interposición de una acción de lesividad.

Que, en tal sentido, cabe recordar el criterio sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “AFIP –DGI s/ solicita revocación de acto administrativo – acción de lesividad contencioso administrativo” (Sentencia del 17 de diciembre de 2013, A. 212. XLVII): “…la acción de lesividad prevista en el art. 17 in fine de la ley de procedimientos administrativos tiene por objeto esencial el establecimiento del imperio de la juridicidad vulnerada por un acto viciado de nulidad absoluta pero que, por haber generado prestaciones que están en vías de cumplimiento, su subsistencia y efectos sólo pueden enervarse mediante una declaración judicial en tal sentido (Fallos: 314:322, entre otros)”.

Que la DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD informó asimismo que, respecto de la renegociación de la Orden de Compra 80-1078-OC19 correspondiente a la ampliación, no se hallaron facturas pendientes de registro ni pagos, por lo que corresponde ordenar la suspensión de los efectos de la Resolución N° 1043/2019.

Que, en virtud de las consideraciones vertidas y de conformidad con el criterio establecido en el artículo 17 de la Ley N° 19.549, se encuentran dadas las condiciones para la interposición de una acción de lesividad a fin de obtener en sede judicial la declaración de nulidad del acto administrativo dictado con las irregularidades señaladas.

Que, en consecuencia, corresponde ordenar a la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES de este Ministerio la promoción de la respectiva acción de lesividad, de la denuncia penal por la posible comisión de delito en perjuicio de la Administración Pública y de las acciones judiciales tendientes al recupero de las sumas abonadas en concepto de la renegociación aprobada mediante el acto administrativo cuya nulidad deberá ser declarada en sede judicial.

Que asimismo se dispone la instrucción de un sumario administrativo y las debidas comunicaciones a la OFICINA ANTICORRUPCIÓN del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y a la PROCURADURÍA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS.

Que han tomado la intervención de su competencia la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este MINISTERIO DE SALUD.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios, sus complementarias y modificatorias, y por el artículo 17 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549.

Por ello,

EL MINISTRO DE SALUD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Instrúyase a la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES para que inicie acción de lesividad respecto de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD del entonces MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL N° 1043 de fecha 2 de julio de 2019, por la cual se aprobó la renegociación de precios a favor de la firma NOVARTIS ARGENTINA S.A., en el marco de la Licitación Pública N° 27/17, respecto a las Órdenes de Compra N° 80-1150-OC18 y su complementaria N° 80-1078-OC19, por la suma total de PESOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 20.513.222,59), por hallarse afectada de nulidad absoluta de conformidad con los fundamentos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Suspéndanse los efectos del acto administrativo cuya declaración judicial de nulidad se persigue, en los términos establecidos en el artículo 12 de la Ley N° 19.549.

ARTÍCULO 3º.- Instrúyase por medio de la DIRECCIÓN DE SUMARIOS un Sumario Administrativo con el objeto de esclarecer los hechos y circunstancias relativos a la aprobación del acto administrativo referido en el artículo 1°, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Investigaciones Administrativas aprobado por el Decreto N° 467 de fecha 5 de mayo de 1999 y sus normas complementarias.

ARTICULO 4º.- Instrúyese a la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES a formular denuncia penal por la posible comisión de delito en perjuicio de la Administración Pública.

ARTÍCULO 5º.- Instrúyese a la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES a que oportunamente inicie las acciones judiciales tendientes al recupero de las sumas abonadas en concepto de la renegociación aprobada mediante el acto administrativo cuya nulidad deberá ser declarada en sede judicial.

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese la presente Resolución a la OFICINA ANTICORRUPCIÓN del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y a la PROCURADURÍA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS.

ARTÍCULO 7º.- Notifíquese a NOVARTIS ARGENTINA S.A., de acuerdo con lo establecido en los artículos 39 y siguientes del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto N° 1.759/72 T.O. 2017.

ARTÍCULO 8º. - La presente medida podrá ser recurrida conforme a lo establecido por los artículos 84 y 89 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto Nº 1.759/72. T.O. 2017, dentro de los DIEZ (10) y QUINCE (15) días hábiles, respectivamente, de su notificación.

ARTÍCULO 9º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. Ginés Mario González García

e. 10/06/2020 N° 22930/20 v. 10/06/2020

Fecha de publicación 10/06/2020