MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD

Ciudad de Buenos Aires, 18/02/2022

VISTO el Expediente EX-2022-09140547- -APN-CGD#MMGYD, el Decreto Nº 7 del 10 de diciembre de 2019, modificatorio de la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. 1992), las Leyes Nros. 23.179, 24.632, 26.485 y 26.743, la Decisión Administrativa N° 279 del 2 de marzo de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por su sigla en inglés) establece la obligación de adoptar todas las medidas apropiadas en las esferas política, social, económica y cultural “para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones” (artículo 3).

Que, por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer (“Convención de Belem do Pará”) establece que “[t]oda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos” y que los Estados “reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos” (artículo 5). Asimismo, en su capítulo 3 establece los deberes de los Estados, entre los que se encuentra suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujeres que padecen violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los menores afectados.

Que, asimismo, los Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos con relación a la orientación sexual y la identidad de género promueven la eliminación de toda discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género y establecen que este tipo de discriminación “puede verse y por lo común se ve agravada por la discriminación basada en otras causales, incluyendo género, raza, edad, religión, discapacidad, estado de salud y condición económica” (Principio 2).

Que la Ley N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollan sus Relaciones Interpersonales, establece dentro de sus preceptos rectores que el ESTADO NACIONAL deberá garantizar la asistencia de forma integral y oportuna de las mujeres que padecen cualquier tipo de violencia, adoptando las medidas necesarias y ratificando en cada una de sus actuaciones el respeto irrestricto del derecho constitucional a la igualdad (cfr. artículo 7).

Que, en igual sentido, el artículo 10 de esta norma dispone que el ESTADO NACIONAL deberá promover y fortalecer interinstitucionalmente a las distintas jurisdicciones para la creación e implementación de servicios integrales de asistencia a las mujeres que padecen violencia y a las personas que la ejercen”, debiendo garantizar, conforme al inciso 2: “Creación de unidades especializadas en violencia en el primer nivel de atención que trabajen en la prevención y asistencia de hechos de violencia (…) que tendrán un abordaje integral de las siguientes actividades: a) Asistencia interdisciplinaria para la evaluación, diagnóstico y definición de estrategias de abordaje; b) Grupos de ayuda mutua; c) Asistencia y patrocinio jurídico gratuito…” y conforme al inciso 4: “Programas de acompañantes comunitarios para el sostenimiento de la estrategia de autovalimiento de la mujer”.

Que, por su parte, la Ley N° 26.743 de Identidad de Género establece el derecho de toda persona a ser tratada de acuerdo con su identidad de género, y al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género autopercibida.

Que la creación del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD responde a la necesidad de garantizar los derechos de las mujeres y diversidades, frente a toda forma de discriminación y violencia, y en pos de la construcción de una sociedad más igualitaria que promueva la autonomía integral de todas las personas, sin establecer jerarquías entre las diversas orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género, siendo estos objetivos prioritarios de gobierno.

Que, entre las competencias del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD se encuentra la de entender en el desarrollo de las acciones tendientes al cumplimiento de la normativa vigente y a la identificación de necesidades de adecuación y actualización normativa en materia de políticas de género, igualdad y diversidad, coordinar con otros ministerios el diseño de herramientas financieras, presupuestarias y de desarrollo económico con perspectiva de género y entender en la articulación de acciones con actores del sector público, privado y organizaciones de la sociedad civil en materia de políticas de género, igualdad y diversidad.

Que, asimismo, la Decisión Administrativa N° 279 del 2 de marzo de 2020 aprobó la estructura organizativa de este Ministerio, determinando las responsabilidades primarias y acciones.

Que conforme al ANEXO II de la Decisión Administrativa N° 279/2020, mencionada en el considerando precedente, corresponde a la DIRECCIÓN NACIONAL DE FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA EN CASOS DE VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO de la SUBSECRETARÍA DE ABORDAJE INTEGRAL DE LAS VIOLENCIAS POR RAZONES DE GÉNERO de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO de este Ministerio, diseñar, gestionar, elaborar y/o actualizar estrategias para el fortalecimiento del acceso a la Justicia en casos de violencia por razones de género, desde una perspectiva integral que tenga en cuenta los múltiples y diversos factores que impiden un verdadero acceso a los servicios de administración de justicia por parte de las personas en situación de violencia por razones de género y sus familiares.

Que las violencias por motivos de género responden a estereotipos, consensos sociales y simbólicos que sostienen y perpetúan jerarquías entre los géneros y entre las diversas orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género.

Que, en el marco de sus competencias, y producto de un proceso participativo y federal, el MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD elaboró el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por motivos de género 2020-2022 que contempla los lineamientos establecidos a través de las leyes referidas, desde una perspectiva multiagencial y transversal, y propone un nuevo abordaje integral e interseccional que contemple medidas tendientes a promover el fortalecimiento del acceso a la justicia para las mujeres y LGBTI+; removiendo los obstáculos que enfrentan para acceder al ejercicio de sus derechos fundamentales y, en particular, al encontrarse con los sistemas de administración de justicia.

Que el abordaje de las violencias por motivos de género requiere del desarrollo de políticas integrales que atiendan y den respuesta de manera coordinada a las múltiples necesidades que enfrentan las mujeres y LGBTI+ para obtener reparación de sus derechos y poder construir proyectos de vida libres de violencia.

Que, por ello, resulta necesaria la creación de un programa que brinde acompañamiento psicosocial y jurídico especializado, de manera sostenida, a las mujeres y LGBTI+ de todo el país que estén atravesando o hayan atravesado situaciones de violencia.

Que, en este sentido, se propicia la creación del PROGRAMA ACERCAR DERECHOS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIAS POR MOTIVOS DE GÉNERO, que prevé la formación de equipos interdisciplinarios de profesionales de la abogacía, psicología y trabajo social, especializados en la atención de las violencias por motivos de género.

Que de esta manera se busca favorecer el acceso a los derechos fundamentales de las personas en situación de violencia, así como también fortalecer el acceso a la justicia y su búsqueda de reparación.

Que la la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA ha tomado debida intervención.

Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, han tomado la intervención de su competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 4, inciso b), puntos 6 y 20 de la Ley de Ministerios N° 22.520.

Por ello,

LA MINISTRA DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Créase el “PROGRAMA ACERCAR DERECHOS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIAS POR MOTIVOS DE GÉNERO” en el ámbito de la DIRECCIÓN NACIONAL DE FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA EN CASOS DE VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO. El objetivo de este Programa es brindar una respuesta integral a las necesidades de las mujeres y LGBTI+ que se encuentran en contextos de violencias por motivos de género. Se trata de una política de cercanía que aborda simultáneamente los distintos derechos vulnerados de las personas en situación de violencias, desde una perspectiva interseccional e intercultural.

ARTÍCULO 2°.- Apruébanse como ANEXO I (IF-2022-16103545-APN-MMGYD) los “Lineamientos Generales” y como ANEXO II (IF-2022-16103491-APN-MMGYD) el “Reglamento Operativo” (Versión N° 1 – 2022) del PROGRAMA ACERCAR DERECHOS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIAS POR MOTIVOS DE GÉNERO, que forman parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande la ejecución del Programa que se crea por la presente, deberá ser imputado al Programa 18 del presupuesto vigente de la Jurisdicción 86 - MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD, Servicio Administrativo Financiero 386.

ARTÍCULO 4°.- La presente medida entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Elizabeth Gómez Alcorta

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 23/02/2022 N° 9636/22 v. 23/02/2022