COMISIÓN DE RECEPCIÓN Y ANÁLISIS DE DENUNCIAS SOBRE VIOLENCIA INSTITUCIONAL EN LA PROVINCIA DE JUJUY

Ciudad de Buenos Aires, 29/08/2023

VISTO el Expediente N° EX-2023-99581165-APN-INAI#MJ, los artículos 75, incisos 17 y 22 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, la Ley Nº 24.071, y

CONSIDERANDO:

Que la CONSTITUCIÓN NACIONAL, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y asegura su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten.

Que asimismo la CONSTITUCIÓN NACIONAL, mediante su artículo 75, inciso 22, otorga jerarquía constitucional a los Tratados suscriptos con las demás naciones, las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede, que versan y otorgan protección a los derechos humanos.

Que mediante la Ley N° 24.071 se aprobó el Convenio 169 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES en el que se establece el deber de los gobiernos de consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente.

Que las referidas consultas a los pueblos indígenas deben realizarse “…de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”.

Que el ESTADO NACIONAL en todas sus instancias ha asumido el compromiso de respetar y garantizar los derechos humanos, tal como dispone el artículo 1.1 de la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (CADH).

Que, en el Caso “Villagrán Morales y otros”, la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (Corte IDH) ha sostenido que “…la obligación de investigar debe cumplirse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad”.

Que, por otra parte, el Estado Argentino ha sido condenado internacionalmente por la Corte IDH en el caso “Bulacio”, con fundamento en que: “El artículo 1 de la Convención Americana establece la obligación primaria de los Estados Partes de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella, y de garantizar su libre y pleno ejercicio. Esta obligación de garantía incluye el deber de investigar y de sancionar al responsable, en caso de que se viole algún derecho tutelado. Para ello, la víctima y/o sus familiares cuentan con el amparo que les proporciona un recurso judicial efectivo (artículo 25 de la convención citada)”.

Que, en los autos caratulados “Estado Nacional (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) c/ Jujuy, Provincia de s/ Acción Declarativa de Inconstitucionalidad. CSJ 1309/2023”, del registro de la Secretaría de Juicios Originarios de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN se encuentra en trámite el pedido de declaración de la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 67, inciso 4°, 94 y 95 de la Constitución de la Provincia de JUJUY por subvertir el orden institucional y los derechos y garantías consagrados en los artículos 1°, 5°, 14, 14 bis, 19, 31, 33, 75, incisos 17 y 22 y 123 de la Constitución Nacional.

Que diversos organismos internacionales de derechos humanos, con los cuales la REPÚBLICA ARGENTINA tiene compromisos asumidos, han expresado su preocupación sobre la reforma constitucional de la PROVINCIA DE JUJUY y sobre los gravísimos hechos represivos ocurridos luego de la promulgación de la misma.

Que, la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH), órgano principal y autónomo de la ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano, en su comunicado de prensa del 20 de junio de 2023, urgió al Estado a respetar los estándares interamericanos en materia de protesta social.

Que en similar sentido, la CIDH llama al Estado a respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza, y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en el que se respeten los derechos sindicales y de los pueblos originarios.

Que, asimismo, el ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (ACNUDH) comunicó a las autoridades de la PROVINCIA DE JUJUY su preocupación por las actuaciones de las fuerzas de seguridad de dicha jurisdicción y refirió que algunas de las disposiciones del texto de reforma constitucional provincial aprobado no se encuentran en línea con las obligaciones y estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Que las autoridades representativas de los pueblos indígenas de la PROVINCIA DE JUJUY, agrupados en el Tercer Malón de la Paz, han planteado al PODER EJECUTIVO NACIONAL que la reforma de la constitución provincial no habría cumplido con la debida consulta a los pueblos indígenas, de acuerdo con los estándares interamericanos e internacionales y que durante el ejercicio de la protesta se le han violado derechos fundamentales, denunciando al mismo tiempo hostigamiento y persecución por parte de la fuerza pública provincial.

Que, en el concierto internacional, el Estado asumió la obligación y el deber de respetar, proteger y observar los derechos humanos, por lo que resulta menester receptar las denuncias por hechos que pueden considerarse como constitutivos de casos de “Violencia Institucional”, y de la denuncia de falta de acceso a la justicia, debida investigación y juzgamiento, hechos que podría implicar responsabilidad internacional para el Estado argentino.

Que, en atención a las diversas denuncias de violación de derechos humanos, en particular de hechos de violencia institucional, se estima pertinente crear una COMISIÓN DE RECEPCIÓN Y ANÁLISIS DE DENUNCIAS SOBRE VIOLENCIA INSTITUCIONAL EN LA PROVINCIA DE JUJUY, la que entre otros extremos deberá elaborar un Informe destinado al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN y a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

Que es imprescindible que la citada Comisión esté integrada por expertos idóneos y de reconocida trayectoria en materia de derechos humanos.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.

Que el presente decreto se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Créase la COMISIÓN DE RECEPCIÓN Y ANÁLISIS DE DENUNCIAS SOBRE VIOLENCIA INSTITUCIONAL EN LA PROVINCIA DE JUJUY, la que funcionará en el ámbito de la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y que estará integrada por un mínimo de CINCO (5) y un máximo de SIETE (7) representantes.

El desempeño de los integrantes de la Comisión tendrá carácter “ad - honorem”.

ARTÍCULO 2°.- La COMISIÓN DE RECEPCIÓN Y ANÁLISIS DE DENUNCIAS SOBRE VIOLENCIA INSTITUCIONAL EN LA PROVINCIA DE JUJUY tendrá los siguientes objetivos:

a. Receptar las denuncias de abuso de autoridad, hostigamiento, persecución y demás casos de violencia institucional cometidos por la fuerza policial provincial contra manifestantes durante y después de la protesta contra la reforma constitucional de la PROVINCIA DE JUJUY.

b. Recopilar las observaciones formuladas por los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (ACNUDH), relativas a la actuación de la fuerza policial provincial durante las protestas llevadas a cabo por las diversas organizaciones sociales, sindicales, comunidades indígenas y demás ciudadanos en la PROVINCIA DE JUJUY.

c. Elaborar un Informe que será puesto en conocimiento del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN y de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, conjuntamente con las recomendaciones que aseguren el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado Nacional en los Tratados y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos.

ARTÍCULO 3°.- La COMISIÓN DE RECEPCIÓN Y ANÁLISIS DE DENUNCIAS SOBRE VIOLENCIA INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE JUJUY será coordinada por el Director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos y estará integrada por el citado funcionario, la titular de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales en Materia de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos de la citada Secretaría y por los expertos de reconocida trayectoria en materia de derechos humanos, quienes serán designados por el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

ARTÍCULO 4°.- Dicha Comisión tendrá, a partir de su conformación, un plazo de hasta SESENTA (60) días corridos para elevar el Informe referido en el artículo 2° del presente.

ARTÍCULO 5°.- Invítase a los organismos de derechos humanos internacionales a designar un representante para oficiar como veedores del desarrollo de la referida Comisión.

ARTÍCULO 6°.- Para el cumplimiento de su cometido, la citada Comisión contará con el apoyo técnico, presupuestario y administrativo de la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

ARTÍCULO 7°.- El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

FERNÁNDEZ - Agustín Oscar Rossi - Martín Ignacio Soria

e. 30/08/2023 N° 68411/23 v. 30/08/2023