MINISTERIO DE JUSTICIA

Ciudad de Buenos Aires, 13/05/2025

VISTO el Expediente Nº EX-2025-43580894- -APN-DGDYD#MJ, la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificatorias, la Ley N° 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, los Decretos Nros. 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 450 del 22 de mayo de 2024 y 451 del 23 de mayo de 2024, las Resoluciones del entonces Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad Nros. 23 de fecha 18 de mayo de 2020, 95 de fecha 18 de julio de 2020, 108 de fecha 25 de julio de 2020, 114 de fecha 29 de julio de 2020, 220 de fecha 28 de septiembre de 2020, 186 de fecha 23 de abril de 2021, 357 de fecha 30 de julio de 2021 y 393 de fecha 13 de julio de 2023, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 27.742 declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética y estableció como objetivos mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común; reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal con el fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas, y asegurar el efectivo control interno de la administración pública nacional a fin de garantizar la transparencia en la administración de las finanzas públicas.

Que el Decreto N° 450/24 modificó la Ley de Ministerios (t.o. por Decreto N° 438/92), asignándole al MINISTERIO DE JUSTICIA la competencia relacionada con el desarrollo de las acciones en materia de prevención y erradicación de la violencia por razones de género y de asistencia integral a las víctimas como así también el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas orientadas al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el ESTADO NACIONAL en materia de políticas de igualdad y diversidad, coordinando con otras áreas con competencia en la materia.

Que por medio de las Resoluciones Nros. 23/2020, 95/2020, 108/2020, 114/2020, 220/2020, 186/2021, 357/2021 y 393/2023 del entonces Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, se aprobó la creación de los programas: “REGISTRO NACIONAL DE PROMOTORAS Y PROMOTORES TERRITORIALES DE GÉNERO Y DIVERSIDAD A NIVEL COMUNITARIO”, “PROGRAMA NACIONAL ARTICULAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE GÉNERO Y DIVERSIDAD”, “PROGRAMA NACIONAL GENERAR”, “PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA DISPOSITIVOS TERRITORIALES DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS EN CONTEXTO DE VIOLENCIA POR MOTIVOS DE GÉNERO”, “PROGRAMA NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE GÉNEROS EN EL TRABAJO, EL EMPLEO Y LA PRODUCCIÓN IGUALAR”, “PROGRAMA PRODUCIR”, “PROGRAMA NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO E IGUALDAD EN LA DIVERSIDAD EN EL DESARROLLO RURAL SEMBRAR IGUALDAD” y “PROGRAMA NACIONAL MENSTRUAR”.

Que la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN) y la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA (UAI) del entonces Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, detectaron deficiencias en la administración de los recursos públicos asignados, superposición de funciones con otras dependencias del Estado y falta de indicadores de impacto que justifiquen la continuidad de ciertos programas implementados en la materia.

Que conforme surge de los informes de auditoría, la ausencia de una estrategia integral y de criterios uniformes de evaluación de impacto ha dificultado la medición de los resultados alcanzados por los programas en cuestión, ha impedido verificar su efectividad en la mejora de la situación de los grupos destinatarios.

Que el funcionamiento de los programas mencionados ha evidenciado limitaciones para responder de manera ágil y eficaz a las demandas sociales en la materia.

Que la revisión de las políticas públicas es una herramienta esencial para garantizar que los programas estatales respondan de manera efectiva y eficiente a las necesidades sociales actuales y, en consecuencia, eviten la duplicación de esfuerzos y asignen los recursos disponibles a iniciativas susceptibles de producir resultados concretos y medibles.

Que la adopción de medidas orientadas a la supresión de estructuras y programas de escasa eficacia o cuya continuidad no se encuentra justificada por indicadores de impacto, constituye una acción necesaria para cumplir con los principios de eficiencia, eficacia y responsabilidad fiscal imperantes en la administración pública.

Que los recursos del ESTADO NACIONAL son limitados y deben ser, por lo tanto, administrados con criterios de eficiencia y responsabilidad.

Que resulta imprescindible orientar su asignación hacia aquellas iniciativas que cuenten con una base sólida de evidencia empírica con mecanismos claros de monitoreo y evaluación, y que se integren de manera coherente en la estructura orgánica del Estado, con el fin de asegurar, así, un impacto efectivo y verificable en la promoción de políticas de género.

Que la implementación de la presente medida implica un ahorro para el ESTADO NACIONAL en términos de la erogación presupuestaria asociada a determinados Programas.

Que, en dicho marco, la presente se fundamenta en la necesidad de simplificar la intervención estatal y garantizar el uso eficiente de los recursos del ESTADO NACIONAL, en consonancia con los principios de racionalidad, eficacia y sostenibilidad en la administración pública.

Que el servicio permanente de asesoramiento jurídico de este Ministerio ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 4°, inciso b), apartado 9 de la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto Nº 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificaciones

Por ello,

EL MINISTRO DE JUSTICIA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Déjanse sin efecto las Resoluciones del entonces Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad Nros. 23/2020, 95/2020, 108/2020, 114/2020, 220/2020, 186/2021, 357/2021 y 393/2023, sus modificatorias y complementarias, mediante las cuales se crearon el “REGISTRO NACIONAL DE PROMOTORAS Y PROMOTORES TERRITORIALES DE GÉNERO Y DIVERSIDAD A NIVEL COMUNITARIO”, el “PROGRAMA NACIONAL ARTICULAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE GÉNERO Y DIVERSIDAD”, el “PROGRAMA NACIONAL GENERAR”, el “PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA DISPOSITIVOS TERRITORIALES DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS EN CONTEXTO DE VIOLENCIA POR MOTIVOS DE GÉNERO”, el “PROGRAMA NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE GÉNEROS EN EL TRABAJO, EL EMPLEO Y LA PRODUCCIÓN IGUALAR”, el “PROGRAMA PRODUCIR”, el “PROGRAMA NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO E IGUALDAD EN LA DIVERSIDAD EN EL DESARROLLO RURAL SEMBRAR IGUALDAD” y el “PROGRAMA NACIONAL MENSTRUAR”.

ARTÍCULO 2°.- Instrúyese a la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, a la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA y a la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA para que adopten las medidas necesarias a fin de garantizar la efectiva implementación de la presente resolución.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Mariano Cúneo Libarona

e. 16/05/2025 N° 32188/25 v. 16/05/2025