PODER EJECUTIVO

Ciudad de Buenos Aires, 02/09/2025

VISTO el Expediente Nº EX-2025-96830372-APN-DGDA#MEC, las Leyes Nros. 26.122 y 27.742, los Decretos Nros.70 del 20 de diciembre de 2023, 340 del 20 de mayo de 2025 y las Resoluciones Nros. 39 del 6 de agosto de 2025 de la H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN y 57 del 21 de agosto de 2025 del H. SENADO DE LA NACIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que a través del Decreto Nº 70/23 se declaró la emergencia pública en los ámbitos económico, financiero, fiscal, administrativo, previsional, tarifario, sanitario y social, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.

Que por el artículo 2° del mencionado decreto se establece la necesidad de profundizar la libertad de los mercados, promoviendo un sistema económico basado en decisiones autónomas y en la interacción natural entre la oferta y la demanda, como mecanismo para ordenar y reactivar la economía. Asimismo, se busca facilitar el funcionamiento del comercio interno y externo, fomentar la desregulación de los mercados y avanzar en la simplificación del marco regulatorio.

Que por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742 se declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de UN (1) año.

Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 340/25, se aprobó el “Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional”, el cual permite que armadores inscriptos en el Registro de Armadores Nacionales puedan pedir un cese provisorio de bandera ante la Prefectura Naval Argentina. Esta medida posibilitó que buques nacionales se inscriban temporalmente en registros extranjeros, sin perder automáticamente su matrícula argentina, y luego puedan reincorporarse en dicha matrícula sin costos adicionales.

Que, a su vez, por el citado decreto se derogó el artículo 56 y se modificaron varios artículos sustanciales de la Ley Nº 20.094 de Navegación, se reformaron y derogaron varios artículos del Decreto-Ley Nº 19.492/44 y de la Ley Nº 27.419, introduciendo así una significativa desregulación para facilitar trámites, reducir cargas administrativas y flexibilizar condiciones operativas en el sector.

Que, en esa misma línea, se eliminó la necesidad de renovar anualmente la inscripción en el Registro de Armadores Nacionales, a fin de reducir la burocracia y acelerar los trámites administrativos.

Que también se decretó la eliminación de la Comisión Asesora de la Industria Naval, en tanto la misma no logró cumplir con los objetivos que tenía a su cargo y únicamente generó trabas innecesarias durante su existencia.

Que, asimismo, por el decreto se dispuso que los armadores y empleadores del sector marítimo podrían contratar libremente su personal, sin estar sujetos a restricciones o imposiciones normativas que condicionaban la conformación de las tripulaciones y aumentaban los costos de la industria innecesariamente.

Que mediante la Ley N° 26.122 se reguló el trámite y los alcances de la intervención del H. CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los decretos dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL en virtud de lo dispuesto en el artículo 99, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que de acuerdo con lo previsto por el artículo 12 de la citada ley, el PODER EJECUTIVO NACIONAL debe someter a consideración de la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del H. CONGRESO DE LA NACIÓN, los decretos de necesidad y urgencia dictados dentro de los DIEZ (10) días de su dictado.

Que atento a lo dispuesto por los artículos 13 y 19 de la Ley N° 26.122, la referida Comisión debe expedirse dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles desde la presentación efectuada por el Jefe de Gabinete de Ministros acerca de la validez o invalidez de los decretos sometidos a su consideración y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento.

Que según el artículo 22 de la ley mencionada, el pronunciamiento de las Cámaras se materializa mediante el dictado de resoluciones, debiendo el rechazo o aprobación ser expreso, conforme lo establecido en el artículo 82 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS comunicó, en legal tiempo y forma, al H. CONGRESO DE LA NACIÓN el dictado del Decreto N° 340/25 a través del Mensaje N° 49 del 26 de mayo de 2025.

Que pese a la situación de crisis que afrontan tanto la REPÚBLICA ARGENTINA como la industria de la Marina Mercante Nacional, el H. CONGRESO DE LA NACIÓN dispuso el rechazo, en los términos del artículo 24 de la Ley N° 26.122, del Decreto N° 340/25, mediante la Resolución N° 39/25 de la H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN y la Resolución N° 57/25 del H. SENADO DE LA NACIÓN.

Que el referido artículo 24 de la precitada ley dispone que “El rechazo por ambas Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación de acuerdo a lo que establece el artículo 2º del Código Civil, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia”.

Que el artículo 2° del entonces CÓDIGO CIVIL al que alude la disposición antes transcripta preveía que “Las leyes no son obligatorias sino después de su publicación y desde el día que determinen. Si no designan tiempo, serán obligatorias después de los ocho días siguientes al de su publicación oficial”.

Que el CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN actualmente vigente contiene idéntica disposición en su artículo 5°, conforme a la cual “Las leyes rigen después del octavo día de su publicación oficial, o desde el día que ellas determinen”.

Que atento a que las resoluciones dictadas por ambas Cámaras del H. CONGRESO DE LA NACIÓN, por las que se rechazó el precitado decreto de necesidad y urgencia, fueron publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA el día 25 de agosto de 2025, ellas surtirán efectos después del octavo día de su publicación en el citado BOLETÍN OFICIAL.

Que de acuerdo con los claros términos del artículo 24 de la Ley N° 26.122, el rechazo dispuesto tiene efecto “derogatorio” y, por lo tanto, priva de efectos a la norma hacia el futuro, sin tener la virtualidad de restablecer las normas que hayan sido derogadas o modificadas por el decreto rechazado.

Que dicho en otros términos, y en virtud del régimen jurídico aplicable al control de las disposiciones legislativas dictadas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, el decreto rechazado queda “derogado” al producir efectos el rechazo del Congreso, pero no “reviven” las normas que se hubieran derogado o modificado en virtud de su dictado.

Que esto es así en tanto un decreto con jerarquía legal que deroga o modifica una ley u otra norma de rango legal tiene virtualidad para operar definitivamente esa “derogación” o “modificación” y la consecuente extinción en el mundo jurídico de la norma “derogada” o “modificada” antes de la aprobación (o rechazo) por parte del Congreso.

Que, al respecto, la doctrina tiene dicho que “[l]a derogación de las leyes, sean administrativas o no, salvo texto expreso en contrario, se produce en forma instantánea, al entrar en vigencia la ley derogatoria o abrogante. Además, la derogación es definitiva; la única forma de que el contenido de una ley derogada recobre imperio, es volver a sancionar una ley de contenido igual (...). La abrogación de una norma abrogante no tiene la función de volver a su anterior estado a la norma abrogada por esta última” (MARIENHOFF, Miguel S., “Tratado de Derecho Administrativo”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1965, tomo 1, págs. 223 y ss.).

Que, además, se ha afirmado que “El efecto derogatorio de una ley anterior dispuesto por una ley nueva debe considerarse definitivo. En tal forma, si una tercera ley derogara a la segunda (ley derogatoria) no por eso entraría a regir la primera (ley derogada), salvo que así se lo dispusiera en forma expresa” (SALVAT, Raymundo M., actualizado por LÓPEZ OLACIREGUI, José M., “Tratado de Derecho Civil argentino. Parte general”, Ed. TEA, Buenos Aires, 1964, tomo 1, p. 238).

Que, en similar sentido, la doctrina extranjera ha dicho que “…la abrogación de una norma abrogante no tiene la función de volver a su anterior estado a la norma abrogada por esta última, salvo que se disponga expresamente para tal caso (…) Se ha hablado de normas y no de leyes, para incluir en lo que se ha dicho también las normas que resulten de los reglamentos, en lugar de resultar de leyes en sentido estricto” (MESSINEO, Francesco, “Manual de Derecho Civil y Comercial”, traducción de Santiago Sentis Melendo, T I, Ediciones Jurídicas Europa-América Chile 2970, Buenos Aires, 1954, p. 88).

Que la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN ha señalado que un régimen jurídico derogado pierde sus efectos y no los recupera, salvo que sus preceptos se restablezcan formal y expresamente mediante un acto dictado por el órgano competente (Dictámenes Nros. 235/02, 351/03, 145/04, 207/04 y 31/11).

Que, a la luz de lo expuesto, es claro que los efectos de la derogación de una norma por parte del H. CONGRESO DE LA NACIÓN no son equiparables a la declaración de nulidad.

Que, conforme ha sido expuesto, la derogación de una ley significa que la misma deja de tener vigencia dentro del ordenamiento jurídico, pero no supone su nulidad, que produce efectos ab initio, cual si la norma nunca hubiera existido.

Que considerar vigente un texto ya derogado sin que haya sido expresamente restablecido constituye un acto contrario a la lógica, al derecho y a la ley, toda vez que la derogación únicamente extingue la norma hacia el futuro.

Que la práctica institucional de los distintos poderes del Estado nacional confirma lo hasta aquí expuesto.

Que, a título de ejemplo, a través del Decreto Nº 52 del 20 de diciembre de 2019 se derogó el Decreto N° 656 del 6 de mayo de 2016 por el que se había dispuesto la derogación de determinados artículos y Anexos del Decreto N° 1.311/15 y del Decreto N° 2.415/15 y, al hacerlo, a través de su artículo 5° restableció expresamente la vigencia de tales normas.

Que, de la misma forma, por el Decreto N° 168 del 19 de febrero de 2020 se derogó el Decreto N° 795 del 28 de noviembre de 2019 que había modificado la Ley N° 25.764 por la que se creó el “Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados” y, mediante su artículo 2°, se dispuso expresamente la restitución de la vigencia de la ley modificada en su redacción al momento del dictado del precitado Decreto N° 795/19.

Que, asimismo, a través del Decreto N° 138 del 4 de marzo de 2021 se derogó el Decreto N° 70/17 y se restableció expresamente la “vigencia de las normas modificadas, sustituidas o derogadas por el Decreto N° 70 del 27 de enero de 2017, en su redacción previa al momento del dictado de la norma que por el presente se deroga”.

Que otro caso similar es el del Decreto N° 388 del 15 de junio de 2021 por el que se derogaron determinados artículos del Decreto N° 95/18 y, a su vez, se restableció expresamente “la vigencia del texto de los artículos 75, 77, 79, 81 y 82 de la Ley de Seguridad Aeroportuaria N° 26.102 en su redacción original al momento del dictado del Decreto N° 95 del 1° de febrero de 2018”.

Que también existen numerosos antecedentes de leyes sancionadas por el H. CONGRESO DE LA NACIÓN por las que decidió derogar determinadas normas y, al propio tiempo, restablecer expresamente la vigencia de los regímenes derogados o modificados por ellas.

Que, en este sentido, mediante la Ley Nº 23.059 se derogó la Ley Nº 21.795 -que previamente había derogado la Ley Nº 346 y sus complementarias y modificatorias- y se dispuso la restitución “en su plena vigencia [de] las leyes 346, 16.801 y 20.835 derogándose las otras normas modificatorias”.

Que, por su parte, por la Ley N° 23.075 se derogaron las Leyes Nros. 21.556 y 22.318 y se restableció “la vigencia de los artículos 9° y 62 del Estatuto del Docente aprobado por la Ley N° 14.473, con las modificaciones introducidas por la Ley N° 19.464”.

Que, igualmente, a través de la Ley N° 23.083 se derogó la Ley N° 21.773 y, se “restableci[ó] el pleno imperio de los artículos 2° y 3° de la Ley 20.652”.

Que otro ejemplo del supuesto bajo análisis puede encontrarse en la Ley N° 23.154, por la que se dispuso la derogación de “la llamada Ley 22.163”, mientras que, simultáneamente estableció lo siguiente: “Restablécese la plena vigencia de la Ley 20.589 (…)” que había sido derogada por aquella.

Que, asimismo, por la Ley N° 23.161 se dispuso la derogación de la Ley N° 21.904 y, al mismo tiempo, el restablecimiento de la vigencia de la Ley N° 20.863, en su texto originario.

Que, además, por la Ley N° 23.307 se derogaron las Leyes Nros. 20.639 y 20.909 y, simultáneamente, se dispuso el restablecimiento de la vigencia de las normas inicialmente modificadas por aquellas.

Que similar técnica legislativa fue la utilizada por la Ley N° 23.577 a través de la cual se derogó la Ley N° 22.382 y, al hacerlo, se restableció expresamente, la vigencia de la Ley N° 21.142.

Que, finalmente, por la Ley N° 26.191 se derogó la Ley Nº 25.611 y sus decretos reglamentarios y, al propio tiempo, se restableció expresamente la vigencia de la Ley Nº 23.298 que había sido modificada por la Ley N° 25.611.

Que, así las cosas, al derogar el Decreto N° 340/25 mediante las resoluciones de rechazo, sin determinar un marco jurídico aplicable en su reemplazo, el H. CONGRESO DE LA NACIÓN ha provocado un vacío normativo de extrema gravedad.

Que la ausencia de un marco normativo específico para la Marina Mercante Nacional genera un vacío regulatorio que impide establecer reglas claras de funcionamiento, debilitando la previsibilidad necesaria para la planificación de inversiones y el desarrollo sostenible de la industria.

Que esta carencia normativa limita la competitividad del sector frente a flotas extranjeras que sí cuentan con marcos jurídicos sólidos y mecanismos de fomento, provocando una pérdida progresiva de mercado en el comercio marítimo y una creciente dependencia de servicios de terceros países.

Que la falta de lineamientos claros desalienta la incorporación de nuevas embarcaciones y la modernización de la flota existente, lo cual genera un progresivo deterioro de la capacidad operativa y de la eficiencia logística nacional.

Que, en ausencia de normas que fortalezcan la Marina Mercante Nacional, se profundiza la crisis estructural del sector, afectando no solo a las empresas y trabajadores directamente vinculados, sino también a toda la cadena de valor del comercio exterior, encareciendo costos y restando competitividad al país en los mercados internacionales.

Que la Marina Mercante Nacional constituye un sector estratégico para la soberanía del país, dado que permite garantizar el control y la presencia efectiva nacional en las vías navegables y en el comercio marítimo.

Que esta industria resulta fundamental para el comercio exterior argentino, en tanto asegura el transporte eficiente de exportaciones e importaciones, reduciendo costos logísticos y fortaleciendo la competitividad de la producción nacional en los mercados internacionales.

Que la Marina Mercante Nacional es una fuente generadora de empleo directo e indirecto altamente calificado, contribuyendo al desarrollo regional y al fortalecimiento de sectores asociados como astilleros, puertos, logística y servicios navales.

Que el fortalecimiento de la Marina Mercante Nacional constituye también una política de Estado en materia de seguridad nacional, al garantizar la capacidad de transporte propio ante situaciones de crisis internacionales, conflictos o restricciones comerciales.

Que la existencia de una Marina Mercante Nacional sólida aporta a la integración territorial y al desarrollo federal, al consolidar un sistema de transporte multimodal que vincule eficientemente a las regiones productivas con los principales puertos del país.

Que si bien el régimen jurídico que regulaba la Marina Mercante Nacional previo al dictado del Decreto N° 340/25 tuvo deficiencias que contribuyeron en gran medida a la crisis actual del sector, la ausencia total de un marco normativo agravaría aún más la situación, dejando a la industria sin parámetros mínimos de previsibilidad y funcionamiento.

Que este vacío normativo no solo perpetúa los problemas históricos de la industria sino que los profundiza.

Que, por lo tanto, resulta imprescindible la existencia de un marco normativo integral que ordene, regule y promueva el desarrollo de la Marina Mercante Nacional, ya que de lo contrario la falta de reglas seguiría profundizando la crisis de una industria clave para la soberanía y la economía del país.

Que, por lo expuesto, resulta necesario y urgente que el PODER EJECUTIVO NACIONAL clarifique el marco jurídico aplicable a la industria de la Marina Mercante Nacional.

Que el modo más prudente de arribar a una situación de certidumbre y estabilidad respecto del marco jurídico aplicable es restituir la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, modificadas o sustituidas por el Decreto N° 340/25 previo a su dictado. Esto en virtud de que, como ya se ha dicho, la situación de incertidumbre jurídica en la cual se encontraría la industria es más dañina que la presencia de un marco jurídico deficiente.

Que, a su vez, ello es necesario a fin de despejar cuestionamientos e interpretaciones contradictorias que pudieran afectar los actos que se dicten al amparo de la nueva normativa.

Que la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ha resuelto que la seguridad jurídica “constituye una de las bases principales de sustentación de nuestro ordenamiento (…), que es reiteradamente reclamada por distintos sectores de la sociedad como presupuesto necesario para su desarrollo” y que “no consiste en la mera repetición de actos jurídicos sino en la concordancia de esos actos con el derecho vigente, empezando por la Constitución Nacional” (Fallos 343:1457, considerando 36 del voto mayoritario).

Que, por lo tanto, frente a la grave omisión en que ha incurrido el H. CONGRESO DE LA NACIÓN al no dictar un régimen que reemplace aquel que derogó mediante su rechazo, la única forma de otorgar certeza jurídica a un régimen de extrema importancia para la REPÚBLICA ARGENTINA es retomar un régimen deficiente.

Que por el artículo 99, inciso 3 de la Ley Fundamental se estableció que el PODER EJECUTIVO NACIONAL no puede en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo salvo cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes y no se tratare de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos.

Que en cuanto a las “circunstancias excepcionales” a las que refiere la norma antes citada, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ha interpretado que aquellas se verifican en los casos en los que “la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes” (Causa “Verocchi”, Fallos 322:1726); criterio reiterado por el Máximo Tribunal en diferentes oportunidades (“Consumidores Argentinos”, Fallos 333:633, año 2010; “Asociación Argentina de Compañías de Seguros”, Fallos 338:1048, año 2015; “Pino, Seberino”, Fallos 344:2690, año 2021; y “Morales, Blanca”, Fallos 346:634, año 2023).

Que al dictar sentencia en la causa “Leguizamón Romero”, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN señaló que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se encuentra facultado para dictar decretos de necesidad y urgencia en “situaciones de grave trastorno que amenacen la existencia, la seguridad o el orden público o económico, que deben ser conjuradas sin dilaciones” y que las reglas a las cuales se encuentran sometidos este tipo de decretos “contemplan, además, una intervención posterior del Poder Legislativo” (Fallos 327:5559, 2004, considerando 5°).

Que de todo lo hasta aquí expuesto se extrae que la presente medida es razonable, se encuentra debidamente motivada y cumple con todos los requisitos formales y sustanciales exigidos por la CONSTITUCIÓN NACIONAL y demás normativa aplicable.

Que ello es así, en particular, atento al carácter inminente en que el rechazo del Decreto N° 340/25 producirá los efectos derogatorios previstos por el artículo 24 de la Ley N° 26.122, y el consecuente vacío normativo e inseguridad jurídica que conlleva, especialmente considerando que el H. CONGRESO DE LA NACIÓN no dispuso el marco jurídico aplicable.

Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del H. CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los decretos de necesidad y urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL en virtud de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del H. CONGRESO DE LA NACIÓN tiene competencia para pronunciarse respecto de los decretos de necesidad y urgencia, así como para elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento.

Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA y la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN han tomado la intervención que les corresponde.

Que el presente decreto se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Restitúyese la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas por el Decreto N° 340 del 20 de mayo de 2025 y que se encontraban vigentes al momento del dictado de dicho decreto.

ARTÍCULO 2º.- Instrúyese a las distintas jurisdicciones y autoridades competentes a dictar los actos administrativos necesarios para el adecuado cumplimiento de la presente medida y su operatividad efectiva.

ARTÍCULO 3º.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 4º.- Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del H. CONGRESO DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

MILEI - Guillermo Francos - Gerardo Werthein - Luis Petri - Luis Andres Caputo - Patricia Bullrich - Mario Iván Lugones - Sandra Pettovello - Federico Adolfo Sturzenegger - E/E Patricia Bullrich

e. 03/09/2025 N° 64072/25 v. 03/09/2025