Ciudad de Buenos Aires, 20/10/2025

VISTO el Expediente N° EX-2025-110973950-APN-DSGA#SLYT y las Leyes Nros. 24.695 y 27.795, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente se introducen modificaciones que impactan en el régimen jurídico de financiamiento de las universidades públicas, en materia de gastos de funcionamiento y de salarios para el personal docente y no docente de dichas universidades.

Que por el artículo 1° se establece que su objeto será garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA.

Que a través del artículo 2° se determina que el PODER EJECUTIVO NACIONAL deberá definir las partidas presupuestarias destinadas al programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior”, con el fin de afianzar el ingreso, la permanencia y la terminalidad del estudiantado, así como garantizar su formación continua.

Que, asimismo, dichas partidas deberán garantizar las condiciones laborales y salariales de docentes y no docentes, incrementar los recursos orientados a la incorporación de tecnología digital e impulsar la formación y el fortalecimiento de la planta de personal.

Que, del mismo modo, se dispone la necesidad de ampliar la oferta de carreras universitarias y preuniversitarias, promover y profundizar la función de extensión universitaria y desarrollar y consolidar la función de investigación en las universidades públicas.

Que también se prevé la provisión y el mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento de las universidades, junto con el impulso de las acciones pertinentes para la internacionalización inclusiva de la enseñanza, la investigación y la extensión universitaria.

Que, finalmente, mediante el mencionado artículo se contempla la obligación de asegurar y profundizar los programas de bienestar estudiantil, así como de incrementar la inversión en programas de becas estratégicas y de estudio en los niveles universitario y preuniversitario.

Que a través del artículo 3° se encomienda al PODER EJECUTIVO NACIONAL la tarea de actualizar al 1° de enero de 2025 el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas correspondientes a las actividades presupuestarias 14, 15, 16 y 25 del Programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior” del Servicio 330 “Secretaría de Educación” de la Subjurisdicción 4 “Secretaría de Educación” de la Jurisdicción 88 - MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, por la variación acumulada entre el 1° de mayo y el 31 de diciembre de 2024 según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC), organismo desconcentrado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

Que por el artículo 4° se establece que el PODER EJECUTIVO NACIONAL deberá actualizar desde el 1° de enero de 2025 y hasta el 31 de diciembre de 2025, de forma bimestral, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas correspondientes a las actividades presupuestarias 14, 15, 16 y 25 del Programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior” del Servicio 330 “Secretaría de Educación” de la Subjurisdicción 4 “Secretaría de Educación” de la Jurisdicción 88 - MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC).

Que, asimismo, por el segundo párrafo del citado artículo 4° se dispone que los aumentos otorgados y oportunamente efectivizados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL en el Programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior” para atender, durante el año 2025, las actividades mencionadas en el considerando precedente se deberán tomar en cuenta para el cálculo de actualización impuesto por el artículo 4° del proyecto de ley.

Que, a su vez, a través del artículo 5° se encomienda al PODER EJECUTIVO NACIONAL actualizar los salarios docentes y no docentes de las universidades públicas del período comprendido entre el 1° de diciembre de 2023 y la sanción de la ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC) para el mismo período.

Que mediante el precitado artículo se establece que todo aumento salarial deberá ser remunerativo y bonificable y que, en el transcurso del corriente año, deberá efectuarse la completa incorporación de las sumas no remunerativas y no bonificables dentro de los básicos de la convención colectiva correspondiente.

Que por el último párrafo del artículo 5° se dispone que el PODER EJECUTIVO NACIONAL, al mes siguiente de la sanción de la ley bajo análisis, deberá convocar con carácter obligatorio al personal docente y no docente a la negociación paritaria. Dicha negociación no podrá excederse de TRES (3) meses calendarios y no podrá acordar una actualización mensual de los salarios inferior a la inflación publicada por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC).

Que mediante el artículo 6° se establece que el PODER EJECUTIVO NACIONAL deberá recomponer todos los programas de becas del estudiantado por la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC) en el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2023 y el momento de la sanción de la ley.

Que, asimismo, se dispone un incremento progresivo de estudiantes beneficiarios acorde con la matrícula de las instituciones públicas de los niveles superior y secundario.

Que por el artículo 7° se encomienda al PODER EJECUTIVO NACIONAL a destinar una partida especial para regularizar los ingresos a la carrera de Investigador Científico y para otorgar becas para ingresantes y posdoctorales.

Que a través del artículo 8° se establece que la AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN realizará las auditorías correspondientes conforme con los términos del artículo 59 bis de la Ley N° 24.521 y remitirá de manera inmediata al H. CONGRESO DE LA NACIÓN los informes producidos, las observaciones formuladas y el plan de seguimiento y control de dichas observaciones.

Que, por último, mediante el artículo 9° se encomienda al PODER EJECUTIVO NACIONAL, en los términos del artículo 27, inciso 2.c) de la Ley N° 24. 156, a disponer de los créditos presupuestarios para asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios y, a consecuencia de ello, a adecuar las partidas presupuestarias con el fin de actualizar al 1° de enero de 2025 el presupuesto correspondiente a las universidades públicas, sin que se vea alterada la distribución de la coparticipación federal de impuestos a las provincias ni los aportes del Tesoro Nacional.

Que, a su vez, por el precitado artículo se establece que la Ley N° 27.795 podrá financiarse con los incrementos de ingresos corrientes recaudados por encima de los montos presupuestados (o prorrogados) como ingresos.

Que, en concreto, teniendo en cuenta que entre el 1° de mayo y el 31 de diciembre de 2024 la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del TREINTA Y CUATRO COMA OCHENTA Y NUEVE POR CIENTO (34,89 %), la actualización de las partidas presupuestarias que impone la ley en cuestión implicaría un costo adicional estimado de PESOS CIENTO VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL OCHENTA Y CINCO ($123.358.213.085) en el presente ejercicio.

Que, a su vez, entre diciembre de 2023 y julio de 2025 los salarios del personal docente y no docente de las universidades nacionales se incrementaron un CIENTO VEINTIOCHO COMA CUARENTA Y NUEVE POR CIENTO (128,49 %), mientras que en el mismo período la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del DOSCIENTOS VEINTE COMA CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (220,45 %).

Que, en consecuencia, adecuar las remuneraciones del personal docente y no docente de las universidades públicas en septiembre de 2025 para reflejar la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre enero de 2023 y julio de 2025 implicaría otorgar un incremento salarial del CUARENTA COMA VEINTICINCO POR CIENTO (40,25 %) sobre los básicos liquidados en julio de 2025.

Que, adicionalmente, se dispone que las remuneraciones sean actualizadas mensualmente conforme el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y en tanto no se dispone aún de los datos correspondientes a agosto y los meses subsiguientes, el costo de actualización se estima sobre la base de la inflación mensual promedio proyectada en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a julio, elaborado por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

Que, conforme a dichos criterios, el costo total estimado asciende a PESOS SEISCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL ($617.847.532.000) en el ejercicio actual y a PESOS DOS BILLONES OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL ($2.008.377.852.000), en el año 2026.

Que, asimismo, la ley bajo análisis ordena incorporar a los salarios básicos todas las sumas no remunerativas y no bonificables existentes que percibe el personal docente y no docente de las universidades públicas.

Que, respecto a esta situación, únicamente el personal no docente cuenta con este tipo de adicionales, otorgados a las categorías 4, 5, 6 y 7 definidas por el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable.

Que incorporar estas sumas a los salarios básicos sin afectar lo establecido por el artículo 53 del Convenio Colectivo de Trabajo equivaldría a aplicar un incremento adicional del TREINTA Y SIETE COMA CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO (37,55 %) sobre los básicos vigentes en el mes de julio de 2025.

Que este incremento, aplicado a partir del mes de septiembre de 2025, tendría un costo adicional estimado de PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL ($178.984.054.000) en 2025 y de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL ($490.459.716.000), en 2026.

Que, en lo que refiere a la recomposición y actualización automática de las becas estudiantiles, el crédito vigente en 2025 del Programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior”, actividad 24 “Promoción de Carreras Estratégicas” asciende a PESOS TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA ($33.041.929.460).

Que en el período comprendido entre el 1° de diciembre de 2023 y el 31 de julio de 2025, la variación del Índice de Precios al Consumidor fue de DOSCIENTOS VEINTE COMA CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (220,45 %).

Que, por lo tanto, la actualización de las partidas presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6° de la ley implicaría un costo estimado en el presente ejercicio de PESOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($72.840.933.495) en lo que refiere al Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano y un costo estimado de PESOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE MILLONES ($76.614.000.000), en lo relativo al Programa de Becas Progresar.

Que la ejecución de la totalidad de la ley bajo análisis conlleva un costo de aproximadamente PESOS UN BILLÓN SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL ($1.069.644.600.000) para el presupuesto de 2025.

Que, asimismo, por el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional se prevé expresamente que “[t]oda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.

Que haciendo caso omiso a la disposición citada, y a pesar de los gastos que conlleva la medida propuesta, el H. CONGRESO DE LA NACIÓN evitó indicar de manera fehaciente la manera en la cual han de financiarse las erogaciones que la aplicación de la Ley N° 27.795 suponen para el ESTADO NACIONAL.

Que cabe poner de resalto que lo dispuesto por el mencionado artículo 9° de la ley en cuestión evidencia una clara incomprensión por parte del H. CONGRESO DE LA NACIÓN de la normativa que regula el presupuesto nacional, ya que el artículo 27, inciso 2.c) de la Ley N° 24.156 se refiere únicamente a los criterios que el PODER EJECUTIVO NACIONAL debe considerar al elaborar un presupuesto de prórroga y no constituye una fuente de financiamiento, de conformidad con lo previsto por el artículo 38 de la misma ley, el que regula los incrementos de gastos dispuestos por ley durante la ejecución presupuestaria.

Que, en coincidencia con lo antedicho, la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN ha sostenido que “el citado artículo 27 alude a los ajustes que debe introducir el Poder Ejecutivo si al inicio de un ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general (como ocurre en el presente ejercicio). En otros términos, lo que allí se contempla, lejos de resultar aplicable a supuestos como el bajo examen, se refiere únicamente (…) a los criterios que el Poder Ejecutivo debe considerar al elaborar un presupuesto de prórroga, sin que constituya una fuente de financiamiento de conformidad con lo previsto por el artículo 38 de la misma ley que regula los incrementos de gastos dispuestos por ley durante la ejecución presupuestaria”.

Que, en definitiva, la Ley N° 27.795, al abordar los recursos destinados a financiar el incremento presupuestario propuesto, lo hace de manera genérica, sin precisar las sumas de crédito necesarias, limitándose a habilitar una readecuación de partidas presupuestarias.

Que en atención a todo lo antedicho, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 83 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, el 10 de septiembre del corriente año este PODER EJECUTIVO NACIONAL dictó el Decreto N° 647/25, mediante el cual observó en su totalidad el Proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.795 y lo devolvió al H. CONGRESO DE LA NACIÓN.

Que en aquella oportunidad se señaló que el impulso de una medida como la presente, que incrementa de manera desproporcionada el gasto público sin que existan recursos suficientes para solventar dicho gasto, genera un desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica y, por ende, se traduce en perjuicios concretos para la población, especialmente para los sectores más vulnerables.

Que un mayor gasto sin respaldo real debe financiarse con emisión monetaria sin un anclaje de sostenibilidad, lo que se traslada en un costo al conjunto de la sociedad, en tanto la emisión presiona sobre los precios y erosiona el poder adquisitivo de los salarios.

Que cuando no existen los recursos suficientes para solventar los compromisos asumidos, la consecuencia inevitable es el deterioro del sistema que se dice proteger, la aceleración inflacionaria y el empobrecimiento de los mismos sectores que se proclama amparar.

Que, sin perjuicio de lo anterior, el 17 de septiembre del corriente año la H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN insistió en la sanción del Proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.795 con dos tercios de los votos de los presentes y luego, el 2 de octubre, lo hizo el H. SENADO DE LA NACIÓN.

Que, de conformidad con lo expuesto, el referido proyecto fue objeto de insistencia por parte del H. CONGRESO DE LA NACIÓN, es ley y el 6 de octubre del año en curso fue remitido a este PODER EJECUTIVO NACIONAL para su promulgación.

Que, por ello, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 83 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, corresponde que el PODER EJECUTIVO NACIONAL proceda a la promulgación de la Ley N° 27.795.

Que, no obstante lo anterior, por el artículo 5° de la Ley N° 24.629 de Normas Complementarias para la Ejecución del Presupuesto de la Administración Nacional se establece que “[t]oda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.

Que la citada disposición tiene su antecedente directo en el artículo 9° del proyecto con media sanción en el H. SENADO DE LA NACIÓN por el cual, en su redacción original, se establecía que “[t]oda ley nueva que autorice o disponga gastos no será aplicada hasta tanto no sea modificada la ley de presupuesto general de la administración nacional, para incluir en ella, sin efecto retroactivo, los créditos necesarios para su atención”.

Que, tal como fuere oportunamente señalado en el debate parlamentario de la Ley N° 24.629 en la H. CÁMARA DE DIPUTADOS, aquella disposición normativa del proyecto del H. SENADO DE LA NACIÓN, que luego fue receptada en el artículo 5° del texto final de la ley, implicaba “la postergación de la aplicación de las leyes que autorizaran o dispusieran gastos hasta la modificación de las previsiones presupuestarias que incluyeran los recursos necesarios para su atención”.

Que atento a lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629, y teniendo en cuenta la omisión incurrida por el PODER LEGISLATIVO NACIONAL respecto de la Ley N° 27.795, esta última solo puede ser ejecutada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL una vez que se determinen las fuentes específicas para su financiamiento y se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto general.

Que, en este sentido, al analizar la Ley N° 27.795, la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN ha sostenido que “(…) no puede decirse que el Proyecto de Ley prevea en forma expresa el financiamiento de los gastos que autoriza o dispone. Esta circunstancia da lugar, como se dijo, a que, por imperio de lo previsto en el artículo 5.° de la Ley N.° 24.629, se suspenda su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.

Que la CONSTITUCIÓN NACIONAL establece por su artículo 75, inciso 8 que corresponde al H. CONGRESO DE LA NACIÓN “[f]ijar anualmente, conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inc. 2 de este artículo, el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional”.

Que, en virtud de la responsabilidad del PODER LEGISLATIVO NACIONAL de establecer el presupuesto general, corresponde a dicho Poder del Estado adecuar la norma rectora del presupuesto para hacer frente a los gastos que demanda la ejecución de la Ley N° 27.795.

Que, al respecto, cabe poner de resalto que el pasado 15 de septiembre del corriente año se remitió al H. CONGRESO DE LA NACIÓN el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2026, el cual constituye el instrumento fundamental para la programación económica y financiera del ESTADO NACIONAL.

Que es en el marco de la aprobación del presupuesto nacional en donde se debate de manera integral la forma de afrontar los gastos y erogaciones que demandan las distintas políticas públicas.

Que, en este sentido, dicha discusión parlamentaria es el escenario óptimo para que se debata la forma en la que se financiarán los gastos que se establecen a través de la Ley N° 27.795, garantizando así la coherencia del proceso presupuestario y la adecuada planificación de las finanzas públicas.

Que todo lo antedicho no importa que el PODER EJECUTIVO NACIONAL pretenda evitar llevar adelante las responsabilidades derivadas de la ejecución de la ley, sino que es la consecuencia del reparto de competencias fijado por nuestra CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que, en efecto, si este Poder procediera a ejecutar la ley bajo análisis, estaría actuando en contra del mandato expreso que estableció el H. CONGRESO DE LA NACIÓN por la Ley N° 24.629, violando la ley y la división de poderes.

Que esta resulta la única conclusión posible, en tanto la Ley N° 27.795 no derogó ni modificó disposición alguna de la citada Ley N° 24.629. Por el contrario, la Ley N° 27.795 encuadra precisamente en el supuesto de hecho previsto por el artículo 5° de la Ley de Normas Complementarias para la Ejecución del Presupuesto de la Administración Nacional, lo que lleva a la aplicación de la consecuencia jurídica dispuesta por este artículo, sujetando al PODER EJECUTIVO NACIONAL a sus disposiciones.

Que, por lo tanto, cabe concluir que no se trata de una contradicción normativa entre las mencionadas leyes, sino que, por el contrario, ambas se encuentran en completa armonía.

Que, al respecto, la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN ha sostenido que la suspensión derivada de la aplicación de la Ley N° 24.629 no implica que “(…) el Proyecto de Ley sea incompatible con el artículo 5.° de la Ley N.° 24.629, lo que podría dar lugar, según la postura que se siga, a que aquél sea inválido –si se entendiera que no puede trasgredir lo previsto en la Ley N.° 24.629– o que hubiera mediado una derogación tácita, para el caso, de la Ley N.° 24.629”.

Que, conforme afirmó el mencionado organismo, “la situación que aquí se verifica –previsión de un gasto sin contemplar expresamente su fuente de financiamiento– constituye precisamente el supuesto de hecho contemplado en el artículo 5.° de la Ley N.° 24.629 que tiene como consecuencia la suspensión de la ley. Aquí no hay, entonces, una contradicción sino, lisa y llanamente, la verificación de un supuesto de hecho al que se aplica la consecuencia prevista en la norma legal. En definitiva, fue el propio legislador a través de la Ley N.° 24.629 el que contempló la solución general que debe aplicarse a las leyes que disponen o autorizan gastos sin prever expresamente su fuente de financiamiento”.

Que, en virtud de lo hasta aquí dispuesto, corresponde que el PODER EJECUTIVO NACIONAL promulgue la Ley N° 27.795, pese a que la misma, por imperio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629, quedará suspendida en su ejecución hasta tanto el H. CONGRESO DE LA NACIÓN determine las fuentes de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que su implementación requiere.

Que, conforme ha sostenido la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, no podría plantearse que debería suplirse la omisión del legislador con lo previsto por el artículo 37 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, por medio del que se faculta al Jefe de Gabinete de Ministros a redistribuir partidas presupuestarias en las condiciones allí previstas.

Que, en ese sentido, el organismo asesor afirmó que “el Jefe de Gabinete no está habilitado para reasignar partidas presupuestarias en ejecución del Proyecto de Ley pues ello implicaría, directamente, incumplir con el artículo 5 de la Ley N° 24.629, lo que eventualmente podría comprometer su responsabilidad funcionarial”.

Que el servicio jurídico pertinente y la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN han tomado la intervención que les corresponde.

Que el presente se dicta en virtud de las facultades conferidas al PODER EJECUTIVO NACIONAL por los artículos 83 y 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Promúlgase la Ley N° 27.795 (IF-2025-110973842-APN-DSGA#SLYT), sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

MILEI - Guillermo Francos - Sandra Pettovello

e. 21/10/2025 N° 78740/25 v. 21/10/2025