SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

Ciudad de Buenos Aires, 11/02/2026

VISTO el Expediente N° EX-2026-12527877- -APN-GA#SSS las Leyes Nros. 23.660 y sus modificaciones, 23.661 y sus modificaciones, 26.682 y sus modificaciones, los Decretos Nros. 576 del 1º de abril de 1993 y sus modificatorios, 1993 del 30 de noviembre de 2011 y sus modificatorios, las Resoluciones de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD Nros. 1268/2021 y 640/2022, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD N° 1268/2021 se aprobó la suscripción de un Convenio Marco de Colaboración y un Convenio Específico con la FEDERACIÓN FAMILIA GRANDE HOGAR DE CRISTO, con el objeto de desarrollar acciones territoriales vinculadas a la atención, el asesoramiento personalizado y la recepción de reclamos de usuarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud, con especial énfasis en poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Que, posteriormente, mediante la Resolución N° 640/2022 se dispuso la creación de la denominada UNIDAD DE ATENCIÓN TERRITORIAL, con el objeto de impulsar y sostener los compromisos asumidos en el marco de los convenios mencionados, asignándole dependencia funcional directa, funciones específicas y asiento operativo, administrativo, patrimonial y presupuestario en el ámbito del Organismo, aun cuando se estableció expresamente que dicha unidad no constituía estructura organizativa.

Que las resoluciones referidas fueron dictadas en un contexto sanitario, social e institucional de carácter excepcional, vinculado a la vigencia de la emergencia sanitaria y a la necesidad de implementar mecanismos extraordinarios de acercamiento territorial del Estado a sectores particularmente vulnerables de la población, circunstancias que constituyeron la causa y finalidad determinantes de su dictado.

Que de las actuaciones obrantes y del análisis efectuado por las áreas técnicas competentes surge que el contexto excepcional que dio origen a las citadas medidas ha cesado, verificándose el agotamiento de la finalidad que motivó su dictado, sin que las normas en cuestión prevean mecanismos de revisión periódica, evaluación de resultados, actualización funcional ni criterios objetivos que justifiquen su mantenimiento como instrumentos permanentes dentro del esquema regular de actuación del Organismo.

Que, asimismo, las actividades previstas en el marco del Convenio Específico y ejecutadas a través de la UNIDAD DE ATENCIÓN TERRITORIAL —tales como la implementación de dispositivos territoriales permanentes de atención directa, el asesoramiento personalizado fuera de los canales institucionales ordinarios y la recepción descentralizada de reclamos mediante estructuras no integradas formalmente a la organización del Organismo— implican una modalidad de intervención que excede el marco funcional propio de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, en tanto importa una ampliación operativa y organizacional que no encuentra respaldo suficiente en el esquema normativo vigente, y que resulta incompatible con el principio de especialidad funcional del organismo, sin perjuicio de las competencias que le son propias en materia de orientación, información y recepción de reclamos por las vías institucionales habilitadas.

Que, por otra parte, la UNIDAD DE ATENCIÓN TERRITORIAL creada por la Resolución N° 640/2022, aun cuando se declaró expresamente que no constituía estructura organizativa, operó en los hechos como un esquema funcional y operativo diferenciado, dotado de asignación estable de funciones, dependencia jerárquica directa, asiento administrativo, patrimonial y presupuestario, y modalidades propias de funcionamiento, sin haber sido incorporado al esquema organizacional formalmente aprobado del Organismo ni sometido a los circuitos y procedimientos administrativos ordinarios.

Que dicha configuración dio lugar a un régimen de actuación y gestión no previsto en la normativa orgánica vigente, generando un ámbito de intervención con reglas operativas específicas, ajenas al diseño institucional regular, lo que resulta incompatible con los principios de legalidad, jerarquía normativa, unidad de organización administrativa, control interno y clara delimitación de responsabilidades.

Que el mantenimiento del esquema implementado implica la asunción de riesgos jurídicos, operativos y patrimoniales no razonablemente acotados, derivados de la ejecución de actividades del Organismo a través de un dispositivo funcional no integrado al esquema organizacional formalmente aprobado, que opera por fuera de los circuitos administrativos ordinarios, en ámbitos pertenecientes a terceros, sin un marco normativo específico y suficiente que regule de manera integral la delimitación de responsabilidades, la cobertura de riesgos laborales, el resguardo de la información sensible, la seguridad operativa y los mecanismos de control institucional, afectando la trazabilidad administrativa y la adecuada supervisión de las actuaciones.

Que, asimismo, el Convenio Marco de Colaboración celebrado con la FEDERACIÓN FAMILIA GRANDE HOGAR DE CRISTO fue suscripto con una duración determinada de CUATRO (4) años, conforme surge de sus cláusulas, no habiendo sido objeto de prórroga, renovación ni modificación posterior, encontrándose su plazo de vigencia cumplido a la fecha.

Que, en concordancia con los criterios actuales de ordenamiento institucional, racionalización administrativa y uso eficiente de los recursos públicos que orientan la gestión de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, corresponde adecuar el plexo normativo vigente a fin de restablecer la unidad de organización administrativa y la coherencia funcional del Organismo, suprimiendo aquellos instrumentos que, al haber dado lugar a esquemas de actuación diferenciados no integrados al diseño institucional regular, han perdido su finalidad o resultan incompatibles con las competencias legales y organizacionales del Organismo.

Que la derogación de las Resoluciones N° 1268/2021 y N° 640/2022 no afecta la validez de los actos administrativos ni de las actuaciones cumplidas durante su vigencia, las que se consideran válidamente ejecutadas conforme el ordenamiento jurídico aplicable al momento de su dictado, en resguardo de los principios de seguridad jurídica y buena fe administrativa.

Que la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD resulta competente para disponer la derogación de actos administrativos generales dictados en el ejercicio de sus atribuciones, conforme la normativa vigente.

Que la GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS tomó la intervención de su competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades y atribuciones conferidas por los Decretos Nº 1615 del 23 de diciembre de 1996, 2710 del 28 de diciembre de 2012 y N° 440 del 27 de junio de 2025.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS DE SALUD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Deróganse las Resoluciones de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD N° 1268/2021 y N° 640/2022, en razón del agotamiento de la finalidad que motivó su dictado, del vencimiento del plazo de vigencia del Convenio Marco de Colaboración aprobado por la primera de ellas, el cual no fue objeto de prórroga ni renovación, y de la incompatibilidad del esquema operativo implementado con las competencias legales y organizacionales del Organismo.

ARTÍCULO 2°.- Déjase establecido que la derogación dispuesta por el artículo precedente no afecta la validez de los actos administrativos ni de las actuaciones cumplidas durante la vigencia de las normas que se dejan sin efecto, las que se consideran válidamente ejecutadas conforme el ordenamiento jurídico aplicable al momento de su dictado.

ARTÍCULO 3°.- Instrúyese a las áreas competentes de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD a adoptar las medidas necesarias para el ordenado cierre administrativo de las actuaciones, dispositivos, registros y compromisos derivados de las normas derogadas por la presente, asegurando la adecuada preservación documental y patrimonial.

ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y oportunamente vincúlese al expediente que le diera origen.

Claudio Adrián Stivelman

e. 13/02/2026 N° 7599/26 v. 13/02/2026