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16 de Noviembre de 2026

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MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución 551/2026

RESOL-2026-551-APN-MJ

Ciudad de Buenos Aires, 12/11/2026

VISTO el Expediente N° EX-2024-90061718- -APN-DRS#MJ, el Régimen Jurídico del Automotor establecido por el Decreto-Ley N° 6582 del 30 de abril de 1958 (T.O. Decreto Nº 1114 del 24 de octubre de 1997) y sus modificatorios, los Decretos Nros. 644 del 18 de mayo de 1989, 2265 del 22 de diciembre de 1994 y 456 del 3 de agosto de 2022, las Resoluciones Nros. 585 del 26 de agosto de 2025 del MINISTERIO DE JUSTICIA y 7 del 6 de mayo de 2026 de la SECRETARÍA DE JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA y las Disposiciones Nros. 54 del 16 de junio de 1998 de la ex SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA y 108 del 30 de marzo de 2023 de la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución N° 585/2025 del MINISTERIO DE JUSTICIA se ordenó instruir un sumario administrativo a la Encargada Titular del REGISTRO SECCIONAL DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR DE LOMAS DE ZAMORA N° 5 (01167) y REGISTRO SECCIONAL DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR CON COMPETENCIA EXCLUSIVA EN MOTOVEHÍCULOS DE LOMAS DE ZAMORA LETRA A (25100), ambos de la Provincia de BUENOS AIRES, señora Marta Elena CASTAÑÓN (D.N.I. N° 4.436.992), con el objeto de deslindar su responsabilidad disciplinaria por las irregularidades detectadas en el Seccional a su cargo.

Que, notificada fehacientemente del inicio del sumario, la PROCURADURÍA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL decidió no intervenir como parte acusadora en las presentes actuaciones.

Que durante el trámite del sumario la Instrucción realizó diversas medidas de prueba conducentes al esclarecimiento de los hechos y produjo los Informes previstos en los artículos 23 (IF-2025-125541018-APN-DSS#MJ) y 31 (IF-2026-89884406-APN-DSS#MJ), ambos del Decreto N° 644/1989 y su modificatorio 2265/1994, en los que aconsejó aplicar a la señora CASTAÑÓN la sanción de REMOCIÓN.

Que las irregularidades objeto de la investigación surgen de la documental acopiada en el ámbito de la DIRECCIÓN TÉCNICA de la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS, conformada por los Memorandos Nros. ME-2024-89434363-APN-DTRR#MJ; ME-2024-90544271-APN-DTRR#MJ; ME-2024-94260749-APN-DTRR#MJ; ME-2024-101003354-APN-DTRR#MJ; ME-2024-130164155-APN-DTRR#MJ; ME-2024-99709267-APN-DTRR#MJ; ME-2024-115480126-APN-DTRR#MJ; ME-2024-128923340-APN-DTRR#MJ; ME-2024-139965515-APN-DTRR#MJ; ME-2025-08062764-APN-DTRR#MJ; ME-2025-20782905-APN-DTRR#MJ y ME-2025-29270398-APN-DTRR#MJ.

Que a la sumariada se le reprochó el incumplimiento de la obligación de depositar íntegra y oportunamente en favor de la Administración Central los remanentes de recaudación correspondientes a las liquidaciones de emolumentos, al registrar saldos pendientes de pago correspondientes al mes de julio de 2024, por la suma de PESOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 10.365.253,33); al mes de agosto de 2024, por la suma de PESOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CATORCE CENTAVOS ($ 18.994.258,14); al mes de septiembre de 2024 por la suma de PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000); al mes de octubre de 2024 por la suma de PESOS SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE CON VEINTISIETE CENTAVOS ($ 7.539.315,27); al mes de noviembre de 2024 por la suma de PESOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON DIEZ CENTAVOS ($ 7.349.674,10); al mes de diciembre de 2024 por la suma de PESOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 8.459.372,65); al mes de enero de 2025 por la suma de PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000,00) y al período comprendido entre el 1° y el 17 de febrero de 2025, por la suma de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON DIECISIETE CENTAVOS ($ 858.587,17).

Que, encontrándose debidamente citada, la señora CASTAÑÓN prestó declaración por escrito en los términos del artículo 21 del Decreto N° 644/1989 y su modificatorio 2265/1994.

Que, posteriormente, corrido el traslado del Informe previsto en el artículo 23 del citado Decreto, presentó su descargo, en el que además de exponer sus argumentos de defensa, ofreció prueba testimonial, informativa, pericial y documental.

Que la Instrucción hizo lugar a las testimoniales propiciadas, denegó parcialmente la prueba informativa proponiendo su reconducción, y denegó en su totalidad las periciales ofrecidas.

Que, en lo que respecta a la prueba documental propuesta, teniendo en cuenta que la sumariada no la acompañó a su descargo ni solicitó que se libren oficios para su obtención, la Instrucción tuvo por agregada únicamente aquella que pudo ser identificada en los expedientes mencionados por la sumariada en su descargo.

Que, en cuanto al resto de la documental ofrecida, se la intimó para que la acompañe, bajo pena de tenerla por desistida.

Que, contra la providencia de la Instrucción, la sumariada planteó el recurso previsto en el artículo 27 del Decreto N° 644/1989 y su modificatorio 2265/1994, solo respecto de la denegatoria parcial de la prueba informativa y total de las periciales propuestas, quedando firme lo resuelto en cuanto al resto del cuerpo probatorio ofrecido.

Que dicho recurso fue desestimado por la Resolución N° 7/2026 de la SECRETARÍA DE JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA.

Que, en su descargo, la sumariada argumentó que la omisión de los depósitos no obedeció a una maniobra de apropiación o desvío de fondos, sino a una situación de imposibilidad económica derivada del desfinanciamiento que, según sostuvo, atravesaba el Registro Seccional a su cargo.

Que, en dichos términos, la deuda acumulada no ha sido realmente controvertida por parte de la sumariada, sino explicada desde una óptica que pretende ser exculpatoria.

Que, asimismo, la sumariada se agravió de la falta de respuesta de las autoridades a las presentaciones y reclamos que efectuó sobre la imposibilidad de pago y a su solicitud de pagos escalonados de la deuda.

Que, en otro argumento defensivo, la sumariada pretendió priorizar de manera caprichosa conceptos tales como recaudación, emolumentos, gastos de funcionamiento y remanentes, atribuyéndoles un alcance ajeno al previsto en la normativa aplicable y a los procedimientos establecidos en ella, a través de una interpretación parcial y sesgada de la secuencia de las distintas etapas del proceso de liquidación.

Que, sobre esa base, sostuvo que “no existe el remanente” por no quedar saldo disponible para atender los gastos y que, por consiguiente, no habría incumplido norma alguna al no efectuar los depósitos correspondientes, por carecer de fondos que girar.

Que, por otra parte, la sumariada se agravió de una supuesta desigualdad de trato recibida respecto del resto de los Seccionales, alegando que cuentan con ventajas tales como mejoras arancelarias, exenciones o ventajas impositivas, facilidades de pago de insumos o requisitos especiales de los locales donde funcionan, entre otros, esgrimiendo que hay “…muchos otros registros que padecieron la imposibilidad de pago parcial y/o total, al igual que quien suscribe, pero que por cuestiones administrativas tales como falta de personal para tramitar los sumarios y/o para intervenir los seccionales, entre otras, aún no han sido objeto de iniciación de sumario…”.

Que, en su análisis, la Instrucción recordó el marco normativo que rige la materia objeto de investigación, del cual surge que el artículo 3°, inciso b), del Decreto N° 644/1989, modificado por el Decreto 2265/1994, reconoce a los Encargados de Registro el derecho a percibir una retribución por sus servicios en la forma que disponga el MINISTERIO DE JUSTICIA; por su parte el artículo 4°, inciso d), del mismo cuerpo legal, les impone a los Encargados la obligación de afrontar los gastos que hagan al funcionamiento del Registro de acuerdo con lo que establezca el citado Ministerio, que determinará los gastos que obligatoriamente sufragarán los Encargados y los que soportará el Estado.

Que, a su turno, el artículo 1° de la Disposición de la ex SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA N° 54/1998 receptado por el artículo 7°, Sección 1ª, Capítulo III, del REGLAMENTO INTERNO DE NORMAS ORGANICO FUNCIONALES (R.I.N.O.F), ordena que los remanentes sean depositados dentro de los DOS (2) días hábiles siguientes a la finalización del mes en que fueron percibidos, mediante un único depósito mensual; también, el artículo 2°, Sección 1ª, Capítulo III, del aludido Reglamento, dispone que las sumas que en concepto de aranceles por los trámites registrales recaudan los Registros Seccionales corresponden al ESTADO NACIONAL desde su percepción y que, al finalizar el mes que se liquida, se practicará la Liquidación de Emolumentos, ocasión en la que se determinará el monto que pertenece al funcionario en concepto de retribución por sus servicios y, finalmente, el artículo 4°, Sección 1ª, Capítulo III del mismo cuerpo reglamentario, establece que los Encargados e Interventores percibirán los emolumentos en retribución de sus servicios y para el pago de los gastos operativos.

Que, en virtud de los argumentos vertidos por la sumariada en su descargo, el cuerpo normativo precedentemente descripto y la prueba producida, la Instrucción sostuvo, en primer término, que los reclamos formulados contra la validez, oportunidad, mérito y conveniencia de normas dictadas por este Ministerio no pueden ser resueltos en el marco de un sumario administrativo y excede a su competencia expedirse respecto a la viabilidad de un pago escalonado, ya que su misión no es otra que investigar, esclarecer los hechos y exponer su criterio con base en las normas vigentes.

Que, al respecto, la Instrucción señaló que dichos reclamos o solicitudes deben ser resueltos por la autoridad con facultades para hacerlo y existen vías procedimentales aptas para continuarlos.

Que, con relación al orden de prelación invocado por la sumariada para justificar los depósitos parciales efectuados, la Instrucción sostuvo que la liquidación que emite el sistema arroja como primer resultado un monto que es la recaudación mensual del Registro, proveniente de los aranceles percibidos por los trámites efectuados y de la cual surgen, inevitablemente y de manera simultánea, dos conceptos: uno es el emolumento que percibe el Encargado Titular como retribución y del cual debe abonar los gastos operativos, y otro es el remanente de recaudación que debe depositarse posteriormente.

Que, en cuanto a las alegadas desigualdades de trato respecto de otros Seccionales, fue consultada la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS, la que sostuvo que los Registros a cargo de Titulares o Interventores externos se encuentran en las mismas condiciones de funcionamiento, mientras que aquellos intervenidos por agentes de esa Dirección Nacional se encuentran sujetos a un régimen de gastos diferente, particularmente en lo relativo al alquiler del local y los bienes muebles, y el procedimiento de liquidación del remanente de recaudación.

Que, a partir de dicha información, la Instrucción sostuvo que “el hecho de que el Interventor que sucedió a la sumariada no haya registrado deudas no es una circunstancia que pueda sustentar el reproche disciplinario”, en atención a las diferencias existentes en el régimen de liquidación de gastos aplicable a los Registros intervenidos por agentes de la citada Dirección Nacional.

Que, por otra parte, aclaró que al tiempo de los hechos los Seccionales intervenidos con personal de esa dependencia ascendían a CUARENTA Y DOS (42) y, de los restantes, había solo CATORCE (14) Seccionales que registraban deudas, de los cuales DIEZ (10) se encontraban sumariados, todo ello en un universo de aproximadamente MIL CUATROCIENTOS (1400) Registros.

Que la información suministrada se contrapone con dos argumentos sostenidos por la sumariada como justificantes de su irregular proceder: por un lado, que la mayoría de los Registros hayan tenido el mismo comportamiento deudor y, por otro, la supuesta demora u omisión en iniciar sumarios administrativos.

Que, en definitiva, el régimen aplicable a los hechos objeto de esta investigación establece con precisión qué parte de lo recaudado corresponde al Encargado en concepto de retribución y gastos operativos, y qué parte constituye remanente de recaudación perteneciente al ESTADO NACIONAL, que debe ser depositado en el plazo legalmente previsto, sin que exista disposición alguna que condicione dicha obligación a que el Registro Seccional exhiba una situación económica superavitaria ni que autorice a compensar con esos fondos eventuales desequilibrios operativos propios de la gestión asumida por el Encargado.

Que, en tal inteligencia, la invocación de los supuestos resultados económicos desfavorables no constituye excusa jurídicamente válida frente a la obligación legal de depositar íntegramente los remanentes de recaudación, pues la eventual diferencia negativa entre ingresos y egresos integra el riesgo propio de la gestión del Encargado y no autoriza, en ningún caso, a retener o aplicar a otros fines sumas dinerarias que debían ser giradas a esta Cartera de Estado.

Que tal criterio ha motivado distintos pronunciamientos, tanto de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS como de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN (Dictámenes DGAJ N° 234/2006 y PTN 313:368).

Que, conforme a la citada doctrina, “…los Encargados de los Registros Seccionales tienen derecho a percibir una retribución por sus servicios, en la forma en que disponga el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y, por contrapartida, deben cumplir con una serie de obligaciones…”, existiendo “…una relación de especial sujeción aceptada por los Encargados de los Registros Seccionales desde el momento en que accedían a esa función, la que supone la asunción de una esfera de riesgo en relación con el cumplimiento de la obligación de atender diversos gastos inherentes al funcionamiento de dichos Registros…”, a lo que se agregó que “…la apreciación de la existencia del alegado quiebre de la ecuación económico-financiera del Registro en cuestión, no puede ser objeto de una apreciación puntualmente referida a los meses en que se verificó el incumplimiento, sino al ciclo de la gestión…” de la Encargada de Registro, que en el caso tuvo fecha de designación en los cargos en el año 1989.

Que, en igual sentido, no existe obligación de rendir cuentas por parte de cada Encargado discriminando las sumas que debe aplicar en concepto de gastos para el funcionamiento del Registro, de lo que se deduce que el cobro de los emolumentos es siempre íntegro, independientemente de los mayores o menores gastos que en cada período haya incurrido cada Encargado.

Que la documental respaldatoria de las irregularidades de mención, oportunamente acopiada por la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS DE VINCULACIÓN CIUDADANA, fue elaborada por funcionarios de la Administración Pública Nacional y, por lo tanto, “...son pruebas escritas, se presumen documentos auténticos mientras no se pruebe lo contrario. Hacen plena fe de su otorgamiento, de la fecha y de las declaraciones que haga el funcionario que lo suscribe” (conforme CÁMARA NACIONAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL, SALA IV, “Luchina c/Gobierno Nacional” del 4 de octubre de 1987, La Ley N° 1988-A-209).

Que vale decir entonces que las pruebas de descargo debieron ser de tal contundencia e indubitabilidad que permitieran desvanecer las imputaciones formuladas, circunstancia esta que no ocurrió durante la sustanciación del trámite sumarial.

Que la Instrucción determinó la existencia de perjuicio fiscal en detrimento del ESTADO NACIONAL, estimado –en concepto de capital– en la suma de PESOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 73.566.460,66), sin perjuicio de los intereses que correspondan al momento de su efectiva percepción.

Que, por su parte, la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN en el Informe Técnico N° 77/2026, (incorporado mediante IF-2026-89622110-APN-GAJ#SIGEN) determinó que el perjuicio fiscal ocasionado asciende, al 15 de septiembre de 2026, a la suma de PESOS CIENTO DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 117.246.510,53), calificándolo de relevante significación económica.

Que, en ese sentido, se considera necesario instruir a las áreas competentes del MINISTERIO DE JUSTICIA a realizar las gestiones que resulten conducentes para perseguir el recupero del mencionado menoscabo patrimonial.

Que, sobre la base de lo expuesto, cabe concluir que el desempeño de la sumariada deviene pasible de los reproches disciplinarios recomendados por la Instrucción, siendo la sanción aconsejada proporcional a la entidad de las faltas y razonable a la luz de lo normado en los artículos 9°, inciso c), 10 y 11 del Decreto Nº 644/1989 y su modificatorio 2265/1994.

Que, con motivo de las irregularidades objeto de investigación, se formuló la pertinente denuncia penal, encontrándose los hechos ventilados en estas actuaciones bajo investigación en la causa N° FLP 3431/2025 caratulada “NN: N.N. s/DEFRAUDACIÓN DENUNCIANTE: CODEGA, DANIELA SOLEDAD”, en trámite ante el JUZGADO FEDERAL CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LOMAS DE ZAMORA N° 2, SECRETARÍA PENAL N° 6, Provincia de BUENOS AIRES.

Que el servicio de asesoramiento jurídico permanente ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 12, inciso 4) del Decreto N° 644/1989 modificado por su similar N° 2265/1994.

Por ello,

EL MINISTRO DE JUSTICIA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Dase por concluido el sumario administrativo ordenado por la Resolución N° 585/2025 del MINISTERIO DE JUSTICIA, conforme los motivos expuestos en los considerandos de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º.- Declárase la existencia de responsabilidad disciplinaria de la Encargada Titular del REGISTRO SECCIONAL DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR DE LOMAS DE ZAMORA N° 5 (01167) y del REGISTRO SECCIONAL DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR CON COMPETENCIA EXCLUSIVA EN MOTOVEHÍCULOS DE LOMAS DE ZAMORA LETRA A (25100), ambos de la Provincia de BUENOS AIRES, señora Marta Elena CASTAÑÓN (D.N.I. N° 4.436.992), por haber infringido las previsiones de la Disposición N° 54/1998 de la ex SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA receptada por el artículo 7°, Sección 1ª, Capítulo III del REGLAMENTO INTERNO DE NORMAS ORGÁNICO FUNCIONALES (R.I.N.O.F), aprobado por la Disposición N° 108/2023 de la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES, y del artículo 4°, incisos a) y b) del Decreto N° 644/1989 modificado por su similar 2265/1994, encuadrándose su conducta en el artículo 36, inciso f) del Decreto Ley Nº 6582/1958 (T.O. Decreto Nº 1114/1997) y sus modificatorios, correspondiéndole la sanción de “REMOCIÓN” [artículos 9º, inciso c), 10, 11 y 32 inciso d) del Decreto 644/1989 y su modificatorio 2265/1994].

ARTÍCULO 3º.- Declárase que durante la tramitación del presente sumario administrativo se advirtió la existencia de perjuicio fiscal en detrimento del ESTADO NACIONAL, calificado de relevante significación económica conforme al artículo 32, inciso e) del Decreto Nº 644/1989 y su modificatorio 2265/1994, que a la fecha asciende a la suma de PESOS CIENTO DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($117.246.510,53), con más los intereses que correspondan al momento de su efectivo cobro.

ARTÍCULO 4º.- Instrúyese a las áreas competentes del MINISTERIO DE JUSTICIA a realizar todas las gestiones administrativas y/o judiciales que resulten conducentes para perseguir el recupero del menoscabo patrimonial del ESTADO NACIONAL.

ARTÍCULO 5º.- Notifíquese a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN y a la PROCURADURÍA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL en orden a lo dispuesto en el artículo 123 del REGLAMENTO DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS, aprobado por el Decreto N° 456/2022.

ARTÍCULO 6°. - Notifíquese a la interesada, haciéndole saber que no se encuentra agotada la vía administrativa, y que contra la presente medida podrá interponer, a su opción, recurso de reconsideración o recurso jerárquico dentro de los plazos de VEINTE (20) y TREINTA (30) días hábiles administrativos, respectivamente, contados a partir de su notificación, de conformidad con lo previsto en los artículos 84 y 89 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, aprobado por el Decreto N°1759/1972 (T.O. 2017) y su modificatorio.

ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Juan Bautista Mahiques

e. 16/11/2026 N° 85486/26 v. 16/11/2026

Fecha de publicación 16/11/2026