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Legislación y Avisos Oficiales
Primera sección


ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO

Resolución 45/2026

RESFC-2026-45-E-ERAS-SEJ#ERAS

Ciudad de Buenos Aires, 18/11/2026

VISTO lo actuado en los expedientes EX-2026-00021852- -ERAS-SEJ#ERAS y el EX-2026-00020134- -ERAS-SEJ#ERAS del registro del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS); el Decreto N° 1172 del 3 de diciembre de 2003 y sus modificatorios; el Marco Regulatorio aprobado como Anexo 2 de la Ley N° 26.221, modificado por el Decreto N° 493 del 21 de julio de 2025, texto ordenado por Decreto N° 805 del 12 de noviembre de 2025; el Decreto N° 304 del 21 de marzo de 2006; la Resolución de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS N° 9 del 4 de abril de 2024, la Resolución MEC N° 543 del 27 de abril de 2026, el Contrato de Concesión perfeccionado mediante CONVE-2026-46051085-APN-DGGDTYAI#MEC; las Resoluciones ERAS Nros. 24 del 2 de julio de 2026, 30 del 20 de agosto de 2026 y 41 del 30 de septiembre de 2026; las Notas AYSA Nros. NO-2026-00000551-AYSA-DG#AYSA, NO-2026-00000580-AYSA-DG#AYSA, NO-2026-00000581-AYSA-DG#AYSA, NO-2026-00000583-AYSA-DC#AYSA, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 1° de la Ley N° 26.221 (B.O. 2/3/07) se aprobó el Convenio Tripartito entre el ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, la PROVINCIA DE BUENOS AIRES y el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, suscripto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 12 de octubre de 2006, relativo a la prestación de los servicios de agua potable y de desagües cloacales, como Anexo 1 de dicha ley.

Que por el artículo 6° de la Ley N° 26.221 se aprobó, como Anexo 2, el Marco Regulatorio para la Concesión de los Servicios de Provisión de Agua Potable y Desagües Cloacales en el ámbito establecido por el Decreto N° 304 del 21 de marzo de 2006 (B.O. 22/3/06), ratificado mediante Ley N° 26.100 (B.O. 7/6/06), el que fuera modificado por el Decreto N° 493/25 (B.O. 22/7/25) y cuyo texto ordenado fuera dictado por el Decreto N° 805/25 (B.O. 13/11/25).

Que en el artículo 4° de la Ley N° 26.221 se dispone la creación del ENTE REGULADOR DE AGUA y SANEAMIENTO, ratificando lo establecido en los artículos 2° y siguientes del Convenio Tripartito y asignándole el control y regulación de la prestación del servicio y de los aspectos contables de la concesión, la atención de reclamos de usuarios y la emisión de las normas necesarias para reglamentar las condiciones de prestación, así como la regulación de las relaciones entre la empresa prestadora y los usuarios, estableciendo los procedimientos y requisitos que aseguren a estos la atención e información necesaria para ejercer sus derechos con la mayor amplitud.

Que el Contrato de Concesión fue conformado entre el ESTADO NACIONAL y AGUA y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. por el Convenio CONVE-2026-46051085-APN-DGGDTYAI# MEC, cuyo modelo fue aprobado por la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMÍA N° 543 del 27 de abril de 2026 (RESOL-2026-543-APN-MEC - B.O. 28/4/26).

Que dicho Contrato de Concesión establece en el primer párrafo de la cláusula 2.4 - Régimen Tarifario y Económico durante el Primer Ciclo Tarifario - que “El régimen tarifario y económico aplicable durante el Primer Ciclo Tarifario será el que rija al momento de la presentación ante el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) del Plan de Acción del Primer Ciclo Tarifario para su aprobación, conforme a lo estipulado en el Reglamento de Aplicación de Normas Tarifarias (Reglamento de Aplicación de Normas Tarifarias -RANT-), sin perjuicio de las modificaciones que pueden llevarse adelante en dicho régimen conforme a lo estipulado en las cláusulas 1.14 y 8.6 del Contrato”.

Que, por su parte, la cláusula 1.14 del Contrato de Concesión dispone que, con ocasión de la aprobación de un nuevo Reglamento de Aplicación de Normas Tarifarias -RANT-, conforme a la cláusula 8.6, se adecuarán los precios del m3 correspondientes al servicio de cloaca en el Radio Antiguo, a fin de considerar el cobro del servicio de desagües pluviales del denominado Radio Antiguo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya prestación se encuentra a cargo de la Concesionaria por vía de excepción.

Que la cláusula 8.6 del Contrato de Concesión dispone que “Los valores de los coeficientes zonales y su asignación geográfica deberán actualizarse en el Reglamento de Aplicación de Normas Tarifarias -RANTdentro de los SEIS (6) meses posteriores a la Entrada en Vigencia, para lo cual la Concesionaria deberá presentar en un plazo máximo de NOVENTA (90) días desde la Entrada en Vigencia, una propuesta para tal actualización”.

Que también determina en su segundo párrafo que “El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) se expedirá dentro del plazo de SESENTA (60) días corridos desde la presentación de la propuesta de la Concesionaria. En caso de aceptarla, introducirá las modificaciones necesarias en el Reglamento de Aplicación de Normas Tarifarias -RANT-”.

Que, por su parte, las cláusulas 8.2 y 8.7 del Contrato de Concesión disponen la posibilidad de la Concesionaria de presentar propuestas para el tratamiento tanto de los Asentamientos Informales como de las Urbanizaciones Cerradas.

Que la Concesionaria AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. (AySA) presentó, mediante Nota NO-2026-00000551-AYSA-DG#AYSA de fecha 9 de septiembre de 2026, dentro del plazo de NOVENTA (90) días previsto en la cláusula 8.6 del Contrato de Concesión, la propuesta de actualización de coeficientes zonales, incluyendo en dicha propuesta el tratamiento tanto de los Asentamientos Informales como de las Urbanizaciones Cerradas (cláusulas 8.2 y 8.7 del Contrato de Concesión) y de ajuste del precio del m3 del servicio de cloaca en el denominado Radio Antiguo (cláusula 1.14 del citado Contrato).

Que, como resultado de la presentación de la Concesionaria y mediante Nota NO-2026-00021065-ERAS-ERAS este Ente Regulador solicitó información, aclaratorias y desarrollo técnico adicional para el debido análisis de la propuesta sometida a consideración de este Organismo y, teniendo en cuenta las implicancias que la misma podría generar, consideró necesario suspender el plazo previsto para expedirse hasta tanto se haya dado cumplimiento al requerimiento.

Que en respuesta a dicha nota la Concesionaria cursó la Nota AySA N° NO-2026-00000580-AYSA-DG# AYSA.

Que, posteriormente, remitió la nota AySA N° NO-2026-00000581-AYSA-DG#AYSA, más su complementaria NO-2026-00000583-AYSA-DC#AYSA, con una nueva propuesta de actualización de coeficientes zonales que corrige errores materiales y que reemplaza la anterior, incluyendo los mismos temas antes reseñados.

Que la Concesionaria informa en su propuesta que la clasificación territorial sobre la que se asientan los coeficientes zonales vigentes data de los años ’60 y ’80, que no se cuenta con los criterios con que fueron establecidos, habiendo quedado perdidos los antecedentes que les dieron origen hace más de CUARENTA (40) años, y que los escasos rastros existentes remiten a criterios relacionados con el valor de la tierra, que en la práctica no se condicen necesariamente con la capacidad de pago del servicio.

Que este Ente Regulador tampoco cuenta con antecedentes de los cuales pueda deducirse los criterios con los cuales fueron establecidos los zonales hasta ahora vigentes.

Que la Concesionaria señala, asimismo, que a toda área no servida al momento de definirse la clasificación original le fue asignado, independientemente de sus características, el menor nivel zonal establecido para cada partido, lo que, al avanzar la prestación del servicio, generó inequidades significativas; diagnóstico que sintetiza en su presentación como “error de origen y de evolución”.

Que las únicas correcciones aplicadas hasta la fecha corresponden al valor mínimo establecido para las urbanizaciones cerradas a partir de 2010 y a adecuaciones de microáreas puntuales, como La Horqueta (San Isidro) y Puerto Madero, aprobadas en 2022, que alcanzaron aproximadamente a 16.500 usuarios (alrededor del 0,4% del total) -Resolución de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS N° 91; del 21 de junio de 2022 (RESOL-2022-91-APN-SOP#MOP - B.O. 23/6/22) y que los programas de modificación de perímetros aprobados en 2001 (Expediente ETOSS 13.295/01, 85 microáreas) y propuestos en 2014-2015 no llegaron a implementarse.

Que la Concesionaria sostiene que las rezonificaciones propuestas por la anterior Concesionaria se basaban en la asimilación de áreas (“áreas espejo”) y en valuaciones y caracterizaciones ad hoc, elaboradas por un agrimensor independiente, esquema que, a su juicio, no resulta exhaustivo, reproduce parcialmente lo existente e introduce subjetividades; y que, en consecuencia, se propone una metodología objetiva, lo más simple posible, reproducible en esta y en futuras actualizaciones, y basada en datos objetivos obtenidos del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC).

Que, en su presentación, la Concesionaria indica que el 54,8% de los usuarios residenciales y baldíos se encuentra hoy en el nivel zonal bajo, proporción que con la propuesta descendería a 20,4%, y que la superficie urbana comprendida en el nivel bajo pasaría de 88,8% con los zonales actuales a 41,3% con los propuestos.

Que la propuesta parte de una definición conceptual del esquema, que tiene en cuenta que los coeficientes zonales son el principal instrumento para distribuir las cargas tarifarias entre los usuarios Residenciales y Baldíos, en régimen medido y no medido; operan sobre los cargos variables, quedando fuera de su alcance el Cargo Fijo (hoy AUD) y la Factura Mínima; y su valor se incorpora al precio del m3 mediante factores de menor recorrido que los coeficientes de régimen no medido.

Que, conforme a la propuesta, los coeficientes zonales cobran relevancia como mecanismo de focalización geográfica frente a fenómenos de segregación residencial socioeconómica, comprobados en numerosos estudios para el AMBA; que la cantidad de niveles depende de la precisión de la información, de la profundidad de dichos fenómenos y de la granularidad de las áreas definidas; y que se propone pasar de once (11) coeficientes en régimen no medido y tres (3) en régimen medido a cinco (5) niveles en ambos regímenes.

Que el Anexo 1 de la Propuesta (“Fundamentos conceptuales”) sistematiza la literatura que documenta que el nivel socioeconómico de los hogares del AMBA no se distribuye aleatoriamente en el territorio, sino con patrones geográficos identificables y relativamente estables, y que ello constituye el supuesto necesario para que la localización del inmueble funcione como variable observable, de bajo costo de verificación y difícil de manipular, para aproximar la capacidad contributiva relativa; y lo vincula con la regla de Ramsey, extendida por Feldstein, de tarificación con objetivos distributivos.

Que el Anexo 1 reconoce que todo mecanismo de selección basado en variables observables, incluida la localización geográfica, presenta errores de inclusión y de exclusión, y que el coeficiente zonal opera como focalización geográfica de aplicación automática que se complementa con la Tarifa Social, la cual permite atender situaciones individuales de vulnerabilidad que no se correlacionan con la localización del inmueble.

Que la Concesionaria informa que no existen muchas fuentes confiables, homogéneas y de alta granularidad espacial para determinar las capacidades contributivas de los hogares en términos geográficos; que el relevamiento de la oferta inmobiliaria presenta sesgos de cobertura y refleja precios de oferta y no de transacción; y que las encuestas oficiales, como la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), no están diseñadas para dar cuenta de unidades territoriales menores al aglomerado.

Que, para superar esa limitación, la Concesionaria recurrió a los microdatos a nivel de radio censal del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, publicados en octubre de 2024, enriquecidos con los resultados muestrales de la Encuesta Permanente de Hogares -EPH- del período 2003-2022 (ondas semestrales en su versión continua), mediante ecuaciones de Mincer ampliadas aplicadas con técnicas de estimación en áreas pequeñas (Small Area Estimation, SAE) según el método de Elbers, Lanjouw y Lanjouw (2003).

Que, dado que el Censo no releva ingresos, el procedimiento consiste en estimar, para cada onda semestral de la EPH, la relación entre el logaritmo del ingreso per cápita familiar, deflactado a valores constantes, y un conjunto de variables observables del hogar presentes también en el Censo (edad y edad al cuadrado, género, nivel educativo, características de la vivienda, acceso a agua y a instalaciones sanitarias, régimen de propiedad y composición del hogar); y aplicar los parámetros estimados a los microdatos del Censo 2022 para predecir el ingreso de cada hogar.

Que el “ingreso estructural” se obtiene promediando las predicciones de ingreso a lo largo de las distintas ondas de la EPH, a fin de aislar el componente permanente de la capacidad generadora de ingresos y mitigar el efecto de fluctuaciones cíclicas o coyunturales, y que el Ingreso Estructural Geográfico se calcula como la media del ingreso estructural de los hogares de cada radio censal.

Que el Anexo 2 especifica dos tipos de modelo —uno con variable dicotómica por aglomerado (Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Gran Buenos Aires) y otro sin ella— y define diez variantes de ingreso estructural: modelos 1 a 5 sin variable de aglomerado y modelos 6 a 10 con ella, que combinan el promedio de todas las ondas, el peor estado de la naturaleza (mínimo), la EPH del primer semestre de 2022 y el promedio y el mínimo de las últimas diez ondas; y que concluye que las diferencias entre especificaciones son mínimas, lo que a su criterio confirma la robustez de los patrones identificados.

Que el Anexo 2 informa, además, que los datos censales de 2022 fueron contrastados con los de 2010 en las variables utilizadas por el modelo (edad, acceso a baño y a agua, materiales y vivienda precarios), con comportamiento consistente, y que la metodología fue previamente aplicada en una prueba piloto con el Censo 2010 y la EPH 2003-2019.

Que, estimado el Ingreso Estructural Geográfico por radio censal para la totalidad del AMBA, la Concesionaria segmenta los radios en cinco (5) categorías, de Nivel Socioeconómico Alto a Bajo, ponderando por la cantidad de hogares, mediante los siguientes cortes: Alta, decil 10 (10% de los hogares); Media Alta, deciles 8 y 9 (20%); Media, deciles 6 y 7 (20%); Media Baja, deciles 4 y 5 (20%); y Baja, deciles 1 a 3 (30%).

Que la Concesionaria aclara que se consideró la totalidad del AMBA, en consistencia con el alcance de la EPH, por lo que la distribución de hogares en el área de concesión y en el área servida puede diferir de la distribución por deciles.

Que, en respuesta al requerimiento de este Ente, la Concesionaria explica que el ancho asimétrico de los tramos es una decisión distributiva: aislar en el nivel Alta únicamente al decil superior se justifica porque concentra el excedente de capacidad contributiva más claramente diferenciado, y fijar en 30% de los hogares el nivel Baja se condice, en orden de magnitud, con la incidencia de la pobreza por ingresos informada por el INDEC (24,1% a 42,5% entre el segundo semestre de 2022 y el primer semestre de 2024), con la salvedad de que el Ingreso Estructural Geográfico es una medida estructural que no ata la zonificación a las oscilaciones del ciclo económico.

Que la Concesionaria reconoce que la segmentación a nivel de radio censal presenta elevada granularidad y, por lo tanto, gran fragmentación territorial y menor robustez estadística que la obtenida con áreas de mayor extensión, existiendo un trade-off entre granularidad y representatividad estadística; y que, para reducir la fragmentación y mejorar la representatividad, optó por una agregación a nivel de fracción censal y por un ejercicio de clusterización para identificar las fracciones con elevada heterogeneidad susceptibles de dividirse.

Que la clusterización es de tipo jerárquico y utiliza como criterio de división el desvío estándar del ingreso estructural entre los radios censales de cada fracción, evaluándose cinco umbrales de corte (0,6; 0,9; 1,1; 1,4 y 1,6) que determinan, respectivamente, que 552, 423 y 406 fracciones se dividan en clusters en los tres primeros, con mayor fragmentación cuanto menor es el umbral.

Que el Anexo 2 mide la homogeneidad interna mediante la diferencia entre el percentil máximo y el mínimo dentro de cada agrupamiento, y concluye que los clusters resultan significativamente más homogéneos que las fracciones iniciales, aunque persisten fracciones con alta variabilidad; que compara la superposición (overlapping) de las distribuciones de ingreso entre la categorización actual de once niveles y la nueva categorización; y que identifica el corte 0,9 como solución intermedia entre detalle y fragmentación.

Que, finalmente, la Concesionaria introdujo modificaciones manuales para lograr áreas más uniformes — envolvente de áreas con discontinuidades y eliminación de áreas poco significativas geográficamente—, que involucraron al 1,7% de los radios censales, y reconoce que el método puede arrojar resultados menos precisos cuando los radios censales incluyen áreas verdes importantes, inmuebles institucionales (cuarteles, hospitales, etc.) o separaciones geográficas fuertes.

Que, en cumplimiento de lo requerido por este Ente, la Concesionaria puso a disposición los polígonos en formato “shape” correspondientes al Radio Antiguo, a las Urbanizaciones Emergentes (identificante, nombre y tipología), a las Urbanizaciones Cerradas (nombre) y al Coeficiente Zonal propuesto (valor del coeficiente), exportados en el sistema de coordenadas utilizado por un sistema de geolocalización, junto con planos en formato pdf, para verificar su correcta aplicación sobre la base geográfica.

Que, a cada categoría así delimitada, la propuesta asigna un coeficiente zonal para el régimen no medido de 2,75 (Alta), 2,25 (Media Alta), 1,75 (Media), 1,25 (Media Baja) y 0,75 (Baja), con una distancia uniforme de 0,50, y un factor de precio del m3 para usuarios residenciales y baldíos de 2,00; 1,75; 1,50; 1,30 y 1,10, respectivamente, aplicándose a los usuarios no residenciales un factor único de 2,00.

Que la Concesionaria distingue expresamente entre la delimitación de los perímetros y su clasificación en cinco niveles, que a su juicio tiene una base metodológica consistente y verificable estadísticamente, y la elección de los valores de los coeficientes y de los factores del m3, que califica como un ejercicio heurístico-experimental, no derivado de un modelo con solución única ni de una función objetivo unívoca, sino de la comparación de múltiples ensayos y simulaciones sujetos a restricciones.

Que las restricciones o ideas guía informadas por la Concesionaria son: mantener el factor del m3 más alto en 2,00 para no modificar masivamente a los usuarios no residenciales medidos y evitar que un residencial enfrente un precio mayor que un no residencial; resguardar un balance de medición futuro mayor o igual a cero; reflejar el aumento de la desigualdad desde la década del ’70 con una mayor relación entre los niveles alto y bajo; dar menor prioridad a alternativas con zonal máximo inferior a 2,70; limitar el incremento de usuarios en Factura Mínima; lograr un incremento de ingresos sensiblemente menor al de la propuesta de 2025, destinando el eventual excedente a la Tarifa Social; y redondear los valores a centésimas 0 o 5.

Que la Concesionaria informa que evaluó ocho alternativas (a a h) a partir de la propuesta de 2025 no aprobada, con zonales extremos que van de 1,00-3,00 a 0,65-2,65 y variaciones de ingresos de 13,3% a 4,5%, y que seleccionó la alternativa f (0,75-2,75; factores del m3 de 1,10 a 2,00; incremento de ingresos de 7,1%) por ser la que iguala el crecimiento de ingresos en régimen medido y no medido (7,0% y 7,2%) y por generar un margen en el balance de medición.

Que la Concesionaria fundamenta la relación de 3,7 a 1 entre el zonal más alto y el más bajo por comparación con la relación de 9,24 a 1 entre el ingreso medio del 10% más rico y el del 30% más pobre del AMBA (9,21 a 1 para el dato nacional 2024 de SEDLAC), señalando que el recorrido propuesto atenúa deliberadamente la brecha de ingresos, y presenta como verificación de razonabilidad que la relación entre zonales altos y bajos pasa de 2,17 a 3,67, en línea con el aumento de la desigualdad (de 5,56 a 9,24), advirtiendo que el ejercicio debe relativizarse porque también cambian los perímetros.

Que la propuesta complementa el esquema con la definición extra geográfica de coeficientes zonales especiales: a las Urbanizaciones Cerradas se les asignan los valores del segmento Alto y a los “Barrios Carenciados” y/o “Urbanizaciones Emergentes – UREM” los de las áreas zonales bajas, en razón de que tales tramas urbanas son enclaves que se distinguen de su entorno y no necesariamente se encuentran comprendidas completamente en una unidad censal.

Que, en las Urbanizaciones Emergentes, la Concesionaria invoca el artículo 5° del Reglamento de Aplicación de Normas Tarifarias -RANT-, que fija para los inmuebles residenciales situados en “Barrios Carenciados” un coeficiente de edificación de 1,00, y la cláusula 8.7 del Contrato de Concesión, que remite a los asentamientos incorporados al Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) y a otros debidamente identificados y caracterizados por la Concesionaria con autorización de este Ente; que aplica internamente criterios propios para identificarlas, reconociendo tres tipologías (villas, asentamientos y conjuntos habitacionales); informando que a julio de 2026 registra 265.577 unidades funcionales en esa condición.

Que la Concesionaria entiende que la asignación de zonales especiales a las Urbanizaciones Cerradas y Emergentes corresponde que se efectúe por su definición normativa y no por perímetro geográfico, dada la frecuencia relativa con que estos enclaves se redefinen, informando los polígonos hoy vigentes solamente a efectos de referenciarlos geográficamente.

Que, para evaluar la reclasificación, la Concesionaria presenta la distribución de los hogares del AMBA por Ingreso Estructural Geográfico según los zonales actuales y propuestos, observando el elevado grado de superposición de los primeros y una mejora significativa, aunque con cierta superposición, en los segundos.

Que, según las tablas de contingencia sobre usuarios residenciales de la base comercial, el 77% de los usuarios del zonal propuesto 0,75 se ubica en los deciles 1 a 3 de ingreso y el 92% de los del zonal 2,75 en los deciles 9 y 10, mientras que con los zonales actuales los usuarios se distribuyen de manera dispersa entre deciles.

Que, sobre una muestra aleatoria de 102.181 usuarios de la base comercial, la Concesionaria informa que la correlación entre el zonal y el decil de ingreso familiar estimado mejora de 0,747 a 0,904 en el Rho de Spearman y de 0,601 a 0,815 en el Tau-b de Kendall al pasar del esquema actual al propuesto.

Que la Propuesta identifica, además, casos de zonales actuales que “bajan” por encontrarse desactualizados, como el de la zona de San Nicolás (Microcentro) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hoy con coeficiente 3,50 pese a que las familias que la habitan no se condicen con tal nivel; y la Concesionaria acompaña ejemplos ilustrativos de las reclasificaciones más significativas.

Que se requirió ratificar o rectificar las Tablas que consignaban zonales de 1,00 a 3,00 en lugar del rango de 0,75 a 2,75, y la Concesionaria presentó la versión 2 de la propuesta, en la que corrigió los valores zonales allí consignados que eran inconsistentes.

Que la Concesionaria afirma que la modificación propuesta no constituye un incremento tarifario, sino la corrección de los errores de asignación de subsidios cruzados preexistentes, cuyo resultado positivo proviene de la corrección de los perímetros y de los usuarios incluidos en cada nivel zonal.

Que, específicamente, con relación a la determinación de nuevos perímetros zonales, AySA expone la metodología aplicada que utiliza la estimación del “Ingreso Estructural Geográfico” de los hogares por radio censal mediante ecuaciones de Mincer ampliadas (a partir de la EPH 2003-2022, aplicadas a los microdatos del Censo 2022), segmentación en 5 categorías (Alta, Media Alta, Media, Media Baja y Baja) y agregación a nivel de fracción censal con clusterización y ajustes manuales (1,7% de los radios censales).

Que propone reducir de 11 a 5 los niveles zonales en régimen no medido (de 0,75 a 2,75, con distancia de 0,50 entre niveles) y homologar en 5 niveles el régimen medido (factores de precio del m3 de 1,10 a 2,00), manteniendo coeficientes especiales para Urbanizaciones Cerradas (nivel Alto) y Barrios Carenciados/UREM (nivel Bajo).

Que presenta tablas de contingencia mostrando cómo se redistribuyen los usuarios entre zonales actuales y propuestos. Define el programa de implementación mediante la aplicación inmediata de las disminuciones tarifarias resultantes; tope de incrementos tarifarios del 5% mensual acumulativo en los cargos aumentados, hasta converger al valor final del incremento, y retiro en tres etapas mensuales (10%, 5%, 0%) del descuento del 15% para quienes cuenten con dicho beneficio y dejen de pertenecer a un zonal bajo (0,75); todo ello con su correspondiente fundamentación.

Que, con relación a la adecuación del precio del m3 en Radio Antiguo, funda su presentación en la cláusula 1.14 del Contrato de Concesión y el artículo 78° del Marco Regulatorio y, en consecuencia, propone un recargo del 10% sobre el precio del m3 de cloaca en el Radio Antiguo (aplicable sobre los 5 niveles zonales), para contemplar el servicio de desagües pluviales que la Concesionaria presta efectivamente en esa área, a implementarse desde la entrada en vigencia del nuevo Reglamento de Aplicación de Normas Tarifarias -RANT- .

Que en cuanto a la variación de los ingresos y el equilibrio económico financiero de la Concesión, la Concesionaria proyecta un incremento en los ingresos del 7,3%, descompuesto en: 3,94% por la pérdida del subsidio del 15% de los actuales zonales bajos que se reclasifican; 3,18% por el efecto puro del cambio de zonales; y 0,18% por el ajuste del m3 en Radio Antiguo. Aclara además que la mayor parte del efecto proviene de corregir “errores de clasificación” del esquema vigente.

Que también propone, para preservar el equilibrio económico-financiero, absorber la totalidad del excedente de ingresos generado mediante una ampliación del Programa de Tarifa Social vigente conforme al artículo 76° del Marco Regulatorio.

Que el artículo 42° del Marco Regulatorio (texto ordenado por Decreto N° 805/25) —Facultades y Obligaciones— consagra en forma explícita la potestad del ERAS para regular y controlar que el Servicio Público se preste en los términos allí previstos, disponiendo específicamente que corresponde al Ente: “n) Verificar la procedencia de las revisiones y ajustes que deban aplicarse a los valores tarifarios y precios”; “o) Aprobar los valores tarifarios y precios del Servicio Público que preste la Concesionaria”; “p) Aprobar los valores tarifarios y precios de las Actividades Complementarias Reguladas”; “q) Aprobar los valores tarifarios y precios de las actividades no reguladas (…) cuando las mismas involucren el uso de la infraestructura del Servicio Público…”; y “r) Elaborar y dar a publicidad el Reglamento de Aplicación de Normas Tarifarias…”.

Que específicamente la cláusula 1.3 del Contrato de Concesión establece que el ERAS entiende en la regulación y control de la prestación del Servicio Público, en su regulación económica y en los aspectos contables y tarifarios de la Concesión; en la aprobación de los valores tarifarios y precios del Servicio Público; y en la atención de los reclamos de los usuarios, entre otras funciones que le asigna la normativa aplicable, en concordancia con las competencias que en igual sentido le reconoce el Marco Regulatorio.

Que, por su parte, el artículo 73° del Marco Regulatorio establece que el ERAS dictará las normas complementarias y de aplicación del régimen tarifario de la concesión. Que las cláusulas 7.3 y 7.4.1 del Contrato de Concesión habilitan al ERAS a aprobar las modificaciones a las estructuras tarifarias propuestas por la Concesionaria y a modificar los valores tarifarios y precios vigentes, de oficio o a propuesta debidamente justificada de aquella, previo análisis y decisión fundada en informes técnicos, económicos, financieros y legales.

Que en consecuencia, y con el objetivo de someter a participación de la ciudadanía la presentación efectuada, este Ente Regulador convocó a Audiencia Pública mediante Resolución ERAS N° 41 de fecha 30 de septiembre de 2026 (RESFC-2026-41-E-ERAS-SEJ#ERAS - B.O. 1/10/26) a fin de considerar la propuesta presentada por AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA por Notas AySA Nros. NO-2026-00000581-AYSA-DG#AYSA y su complementaria NO-2026-00000583-AYSA-DC# AYSA, que, como Anexos I y II, integrarán dicha resolución, por entender que las funciones y competencias que el Contrato de Concesión y el Marco Regulatorio asignan al ERAS —en particular la tutela de los intereses de los usuarios— así lo determinan, máxime tratándose de una propuesta de alcance generalizado que redefine perímetros y valores de los coeficientes zonales aplicables a la totalidad del Área Servida del Área de Concesión y que afecta la asignación de fondos al Programa de Tarifa Social (cláusulas 1.14, 8.6 y 7.3 del Contrato de Concesión); procediéndose a la pertinente publicación de la Convocatoria conforme lo determina el Decreto N° 1172/03 (B.O. 4/12/03).

Que en efecto, en virtud de lo expuesto, por Resolución ERAS N° 41/26 se convocó a Audiencia Pública para el día 26 de octubre de 2026, con carácter previo a resolver sobre la propuesta de AySA, teniendo como objeto garantizar la participación de los usuarios y demás interesados respecto de la propuesta efectuada por Nota AySA N° NO-2026-00000581-AYSA-DG#AYSA y su complementaria NO-2026-00000583-AYSA-DC#AYSA, posibilitando la presentación de opiniones, observaciones y consideraciones, las que son evaluadas al momento de dictarse la presente resolución final.

Que asimismo, el 13 de octubre, la SINDICATURA DE USUARIOS del ERAS se reunió en la sede del Ente, con participación presencial y virtual de las asociaciones que la integran con representantes de la Concesionaria. El encuentro estuvo dedicado a la propuesta de AySA para actualizar los coeficientes zonales y el precio del servicio de cloaca en el Radio Antiguo de la Ciudad, prevista en el Contrato de Concesión y por la cual se llamara a Audiencia Pública.

Que el encuentro buscaba que las asociaciones conocieran en detalle la propuesta y sus fundamentos técnicos antes de la Audiencia, instancia que el Ente convocó para ampliar la participación de los usuarios.

Que los representantes de AySA explicaron el esquema propuesto mediante una presentación realizada y respondieron las preguntas que le fueron efectuadas en el momento.

Que las asociaciones compartieron sus consultas y aportes, en un intercambio que enriquece el análisis de la propuesta.

Que de esta forma, el ERAS reafirmó su compromiso de mantener el diálogo con la SINDICATURA DE USUARIOS a lo largo de todo el proceso, como espacio de participación de los usuarios en las decisiones que los involucran.

Que la SINDICATURA DE USUARIOS realizó una presentación solicitando que se implementen mecanismos adicionales de comunicación y de accesibilidad los establecidos en el Decreto N° 1172/03 (IF-2026-00022992-ERAS-SEJ#ERAS).

Que en similar sentido realizaron una presentación conjunta Asociaciones Civiles, Defensa al Consumidor y miembros de Asambleas y Barrios (IF-2026-00022847-ERAS-SEJ#ERAS).

Que en respuesta a dichas presentaciones se incluyó, adicional al cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto N° 1172/03, un banner especial con toda la información de la Audiencia Pública, en la página de inicio de este Ente Regulador. Dicho recuadro contiene toda la información relativa al procedimiento de audiencia pública a realizarse, los datos de la inscripción, documentación que se somete a consideración de la ciudadanía y el expediente para su vista. Todo ello, a fin de acrecentar la difusión sobre el tema, adicionalmente a la información que ya se encontraba en el sitio web del Ente Regulador.

Que a su vez, la Concesionaria también publicó en su página web la Convocatoria, específicamente en su página de inicio, conjuntamente con la propuesta motivo del llamado.

Que también se puso a disposición de los participantes inscriptos asistencia técnica específica y los medios digitales necesarios para su exposición en la sede de este Ente Regulador el día de la Audiencia Pública, informándose previamente en el sitio web de este Organismo.

Que la convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial y en los diarios La Prensa y La Nación los días 2 y 5 de octubre de 2026.

Que el Registro de Participantes funcionó en forma virtual en el sitio web del ERAS desde las 10:00 horas del 8 de octubre de 2026 hasta las 10:02 horas del 24 de octubre de 2026.

Que, conforme al artículo 23° in fine del Anexo I del Decreto N° 1172/03, el 24 de octubre de 2026 se puso a disposición de los participantes, autoridades y público en general el Orden del Día de la Audiencia, mediante su difusión en el sitio web del ERAS.

Que, a fin de garantizar y supervisar el debido cumplimiento del procedimiento, este Organismo solicitó una medida cautelar autónoma en los términos de los artículos 16° y 17° de la Ley N° 26.854 (B.O. 30/4/13), que tramitó ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 10, Secretaría N° 20.

Que dicho Juzgado resolvió, con fecha 20 de octubre de 2026, designar observadores judiciales titulares y suplentes, y ordenar el libramiento de oficios a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA NACIÓN y a la DIRECCIÓN NACIONAL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR.

Que así pues, con fecha 26 de octubre de 2026, desde las 10:03 hasta las 16:19 horas se desarrolló la Audiencia Pública a través de una plataforma digital Zoom con transmisión simultánea por el canal oficial de YouTube del ERAS, informado previamente a través del sitio web del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO, rigiéndose su procedimiento por lo dispuesto en los Anexos I y II del Decreto N° 1172/03 y sus modificatorios.

Que la Audiencia fue presidida por el señor Presidente del ERAS, Lic. Walter Ariel MENDEZ, junto con el señor Vicepresidente, Dr. Leandro Luis CARUSO, en forma indistinta. Actuó como Moderador titular Hernán DEL BIANCO y como Moderador suplente Ariel GEFRE.

Que participaron de la Audiencia los observadores judiciales titulares designados, y se dejó registro taquigráfico de lo actuado.

Que durante el desarrollo de la Audiencia estuvo habilitada la casilla de correo electrónico audienciaspublicas@eras.gob.ar para recibir presentaciones de los oradores y preguntas por escrito de la ciudadanía.

Que a continuación se refieren y analizan las exposiciones, conforme al orden en que fueron realizadas.

Que abrió la Audiencia el señor Presidente del ERAS, Lic. Walter Ariel MENDEZ, quien recordó que AySA tenía la obligación de presentar la propuesta conforme la cláusula 8.6 del Contrato de Concesión, y que el Organismo convocó a la Audiencia para escuchar a la ciudadanía antes de expedirse.

Que señaló que la decisión del ERAS no puede modificar los ingresos de la Concesionaria, ya definidos para todo el primer ciclo tarifario conforme las cláusulas 2.2 y 2.4 del Contrato de Concesión. Agregó que, según la cláusula 7.3, los excedentes o déficits no pueden destinarse a la Concesionaria, y que el ERAS está facultado a modificar las metas de inversión o a asignar los montos necesarios al Programa de Tarifa Social en sus tres modalidades: tarifa social, tarifa comunitaria y caso social.

Que describió los roles del Estado concedente, la Concesionaria, los usuarios y sus asociaciones, la DEFENSORA DEL USUARIO, las Defensorías del Pueblo, las autoridades locales y el Ente Regulador, y encuadró la Audiencia en el artículo 42° de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y en el Decreto N° 1172/03.

Que, conforme al Orden del Día, expusieron en representación de AySA el Ing. Alejo MAXIT, el Lic. Rubén GARCÍA, la Ing. Alejandra BETTIG y el Lic. Daniel LÓPEZ.

Que el Ing. MAXIT manifestó que la propuesta busca revertir una inequidad de más de CUARENTA (40) años, porque el sistema de coeficientes zonales responde a criterios de las décadas de 1960 y 1980. Sostuvo que la actualización es una obligación del nuevo Contrato de Concesión y que el incremento de facturación se propone sean destinados íntegramente al Programa de Tarifa Social, sin aumentar los ingresos de AySA.

Que el Lic. GARCÍA indicó que la propuesta responde a las cláusulas 8.6, 1.14 y 7.1 y a lAnexo I del Contrato. Recordó los intentos de revisión previos: en 2001 el ETOSS aprobó la modificación de 85 microbarrios, que no se aplicó por la emergencia económica; en 2014 la SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS conformó una comisión sin resultados; y en abril de 2025 la empresa presentó una metodología que tampoco se implementó.

Que el Lic. GARCÍA agregó que la propuesta tiene tres componentes: nuevos zonales basados en el Censo 2022, una tarifa social reforzada y el avance de la micromedición. Informó que en los últimos diez años los usuarios medidos crecieron un 150% y que se proyecta instalar más de un millón de medidores en los próximos dos ciclos tarifarios.

Que la Ing. BETTIG describió la dimensión de la concesión: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano, 14,3 millones de habitantes, cobertura de agua del 75% y de cloaca del 64%, casi 4 millones de usuarios y unos 122.000 beneficiarios de tarifa social. Señaló que en 2023 los ingresos tarifarios cubrían el 48% de los gastos operativos y que en 2025 el resultado operativo superó los $ 22.000 millones, con una reducción del endeudamiento del 85%.

Que la Ing. BETTIG recordó que la Resolución ERAS N° 30 de fecha 20 de agosto de 2026 (RESFC-2026-30-E-ERAS-SEJ#ERAS - B.O. 21/8/26) aprobó el Plan de Acción de la Concesionaria (PAC), la tasa de costo de capital (WACC), la Base de Activos Regulatoria (BAR) inicial y la matriz de cumplimiento anual de metas. Indicó que la inversión regulatoria prevista para 2027-2031 asciende a unos $ 2,9 billones a valores de diciembre de 2025, que el ciclo concluye el 31 de diciembre de 2031 sin revisiones ordinarias, y que el Anexo I exige instalar al menos 100.000 medidores por año.

Que el Lic. LÓPEZ identificó tres problemas del esquema vigente: clasificaciones desactualizadas; zonales bajos (1,10; 1,30 y 1,45) que alcanzan al 54,8% de los usuarios residenciales y baldíos y a casi el 89% de la superficie urbana, con mínimos distintos por partido sin criterio documentado; y la falta de documentación de la metodología original.

Que el Lic. LÓPEZ explicó que la propuesta reemplaza los ONCE (11) valores vigentes (de 1,10 a 3,50) por CINCO (5) niveles: bajo 0,75 (deciles 1 a 3), medio bajo 1,25 (deciles 4 y 5), medio 1,75 (deciles 6 y 7), medio alto 2,25 (deciles 8 y 9) y alto 2,75 (decil 10). Los niveles surgen del ingreso estructural estimado por radio censal, a partir de la Encuesta Permanente de Hogares 2003-2022 y del Censo 2022. Según lo expuesto, la correlación entre zonal e ingreso (Spearman) pasa de 0,75 a 0,90, con ajustes manuales en el 1,7% de los radios.

Que informó que la facturación total aumenta un 7,3% antes de tarifa social: 3,94 puntos por el retiro del descuento adicional del 15% a las áreas que dejan el nivel bajo, 3,18 puntos por el nuevo esquema zonal y 0,18 puntos por el ajuste del Radio Antiguo. Sobre los usuarios residenciales, el 20,4% (unos 680.000) tendría una reducción promedio del 14,7%, el 20% (unos 670.000) no tendría cambios y el 59,6% (unos 2 millones) un aumento promedio del 22,6%. La factura media de este último grupo pasaría de $ 29.000 a $ 36.000 mensuales a tarifas de septiembre de 2026.

Que describió una implementación gradual de DIECINUEVE (19) meses: las reducciones se aplican completas desde el primer mes; los aumentos por cambio de zonal tienen un tope del 5% mensual sobre los cargos variables (alrededor del 4% efectivo sobre la factura); y el descuento del 15% se retira en tres etapas (10%, 5% y 0%). Afirmó que ningún grupo registra un aumento mensual superior al 6%.

Que, respecto del Radio Antiguo, explicó que la propuesta incorpora al cargo variable de cloaca del régimen medido el recargo del 10% por mantenimiento del sistema pluvial que ya rige en el régimen no medido, con un impacto estimado del 0,18% de la facturación total.

Que, respecto de la tarifa social, indicó que los beneficiarios actuales no tendrán aumentos, que podrán acceder todos los hogares que cumplan las condiciones y que el 100% del incremento se destinará al Programa conforme la cláusula 7.3. Según lo expuesto, el error de inclusión del nivel bajo pasaría de 38 a unos 5 de cada 100 usuarios, y el error de exclusión de alrededor del 2% a alrededor del 3%. Recordó que la instalación del medidor a solicitud del usuario no tiene costo, conforme la Resolución SOP N° 91/22.

Que, por último, AySA solicitó al ERAS: aprobar la actualización de los coeficientes zonales con la escala de 0,75 a 2,75 y su programa de implementación gradual; aprobar la adecuación del precio del metro cúbico de cloaca en el Radio Antiguo; y aplicar el excedente de facturación al fortalecimiento del Programa de Tarifa Social.

Que a continuación expuso la DEFENSORA DEL USUARIO del ERAS, Lic. Ana Carolina HERRERO, quien manifestó que la actualización era una necesidad reclamada desde hacía años y que el ajuste del Radio Antiguo aporta equidad entre usuarios medidos y no medidos. Señaló que pasar de 11 a 5 categorías simplifica el esquema pero pierde granularidad, aumenta el salto entre categorías y puede generar diferencias entre usuarios colindantes sin una brecha real de ingresos.

Que la Defensora advirtió sobre “falsos positivos”: el modelo econométrico funciona a nivel macro, pero puede enmascarar la situación de inquilinos, hogares con ingresos variables o pérdida reciente de empleo y jubilados que viven en áreas consolidadas. Propuso un “zonal protegido transitorio” para radios con proporción de mayores de 65 años superior al percentil 75, en tres etapas: asignación provisoria de zonal bajo o medio, afinamiento con evidencia territorial y recalibración gradual.

Que la Defensora señaló discordancias entre las Urbanizaciones Emergentes (UREM) de AySA y el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Propuso construir una base de vulnerabilidad observada que combine la información agregada y anonimizada por radio censal de los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), el Censo 2022, el RENABAP y las UREM.

Que, en materia de tarifa social, la Defensora indicó que el excedente estimado equivaldría al beneficio de unos 560.000 usuarios, frente a los 122.136 que accedían al Programa a septiembre de 2026, y advirtió un desfasaje entre la generación automática del excedente y la incorporación efectiva de beneficiarios. Presentó el Programa “Usuario Protegido” (cinco ejes y doce acciones) para la identificación activa de usuarios vulnerables, y recordó que un eventual remanente quedaría sujeto a lo dispuesto en la cláusula 7.3.

Que la Defensora solicitó, además, el dictado del Reglamento del Usuario y la reapertura de las oficinas de atención presencial, y concluyó que acompaña la actualización, pero que “primero hay que verificar y luego aplicar”.

Que seguidamente expuso el Lic. Martín Andrés BUSSETTI, del ERAS, quien recordó que la implementación del Programa de Tarifa Social está a cargo del Organismo. Destacó dos aspectos de la propuesta: la asignación de recursos al Programa y la incorporación de un coeficiente zonal especial para las UREM, con una línea de acción para que esas cuentas integren el Programa.

Que el Lic. BUSSETTI describió el Programa, que cumplirá VEINTICINCO (25) años: sus modalidades de tarifa social (tres niveles), caso social (exención total) y tarifa comunitaria, y sus beneficios para el uso del servicio, la regularización de deudas y las conexiones. Informó que 95 de cada 100 solicitantes obtienen el beneficio y que a fines de septiembre de 2026 había unos 118.000 beneficiarios. Señaló que, de evaluarse favorablemente la propuesta, deberán definirse el destino de los recursos, las nuevas líneas de intervención y el compromiso de todos los actores.

Que luego expuso Fernando Javier GRAY, Intendente del MUNICIPIO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA, quien objetó la habilitación del corte de agua y cloaca por mora y la paralización de obras como el Río Subterráneo Sur, y recordó el carácter de derecho humano del agua y las obligaciones derivadas del fallo “MENDOZA”.

Que el Intendente GRAY solicitó el urgente dictado del Reglamento del Usuario y la reapertura de las oficinas comerciales, en particular la de MONTE GRANDE.

Que a continuación expuso Gabriel Nicolás KATOPODIS, Ministro Secretario en el DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, quien, en representación de la citada provincia, impugnó y rechazó el aumento y la Audiencia. Señaló que las tarifas aumentaron un 555% frente a una inflación del 330% y que la mora creció más del 30%.

Que el Ministro KATOPODIS señaló la omisión en la designación de los representantes de la Provincia en el ERAS y en la APLA, la paralización de las obras y anunció el inicio de acciones penales por estafa e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Que luego expuso el Sr. Osvaldo Héctor BASSANO, por la ASOCIACIÓN DE DEFENSA DE DERECHOS DE USUARIOS Y CONSUMIDORES (ADDUC), quien ratificó la documentación presentada y sostuvo que la Audiencia podría tornarse ilegítima por la existencia de una acción con medida cautelar pendiente ante la Suprema Corte de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, haciendo reserva de acciones. Invocó los artículos 42° y 75° inciso 22 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y el artículo 65° de la Ley N° 24.240 (B.O. 15/10/93), señaló aumentos del 650% desde 2023 y el cierre de oficinas, y peticionó que se deje sin efecto la Audiencia.

Que a continuación expuso Gastón Arnoldo ARIAS, Secretario de Servicios Públicos de la DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, quien sostuvo que la propuesta excede una simple actualización, porque la metodología no mide el ingreso real del usuario sino una capacidad económica territorial promedio. Destacó que una parte sustancial del incremento deriva de la eliminación de la bonificación del 15%.

Que ARIAS requirió conocer para cada municipio el impacto de la medida en los usuarios. Recordó la vigencia de una medida cautelar dictada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata, confirmada por la Cámara de Apelación, y concluyó que la propuesta no satisface el estándar de razonabilidad hasta tanto se conozca su impacto en cada municipio.

Que luego expuso Nicolás TERESCHUK, por el INSTITUTO ARGENTINA GRANDE - INVESTIGACIÓN Y DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO FEDERAL CON INCLUSIÓN ASOCIACIÓN CIVIL, quien describió un contexto de fuerte reducción de la obra pública, paralización de las obras de AySA, aumento del peso de los servicios públicos sobre el salario (del 6% al 11%) y crecimiento del endeudamiento de los hogares. Concluyó que no corresponde la readecuación en ese contexto y propuso fortalecer al ERAS.

Que a continuación expuso María Emilia ALADIO GONZÁLEZ, Subdirectora de Usuarios Esenciales de la DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, quien aclaró que no cuestiona en abstracto la revisión de los coeficientes zonales, pero que una modificación de esta magnitud requiere una metodología transparente, una evaluación rigurosa de sus consecuencias y medidas efectivas de protección. Objetó, además, que el proyecto de Reglamento del Usuario habilite la interrupción del suministro residencial por falta de pago.

Que la DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES solicitó el análisis de los casos con aumentos superiores al 50% y al 100%, ejemplos de facturación y la duración de cada etapa; información sobre la cobertura y las barreras de acceso a la tarifa social y al caso social; un procedimiento de revisión de la clasificación zonal; y la justificación del recargo del Radio Antiguo.

Que la DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES solicitó también mecanismos de control y compensación por incumplimientos de calidad y la habilitación de oficinas presenciales.

Que seguidamente expuso Sergio GONZÁLEZ, quien reclamó que las audiencias sean presenciales, cuestionó la falta de definiciones sobre la continuidad de obras como la planta ubicada en el predio de ACUBA y solicitó la reapertura de todas las sedes de AySA.

Que luego expuso Flavia AFFANNI quien señaló que había solicitado la impugnación de la Audiencia por su escasa difusión y su formato exclusivamente virtual, invocando el artículo 7° del Acuerdo de Escazú. Objetó que el refuerzo de la tarifa social sea financiado por los propios usuarios y, con el ejemplo del barrio Puerto de Olivos, advirtió sobre hogares humildes y jubilados en zonas revalorizadas que no podrán afrontar los aumentos. Solicitó la reapertura de la oficina de Olivos.

Que a continuación expuso Elda CEDRO quien sostuvo que la Audiencia es nula por la medida cautelar vigente dictada a pedido de la DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Afirmó que sujetar la tarifa al ingreso promedio de la zona no contempla el ingreso real de cada familia, reclamó la apertura de las oficinas de atención y advirtió sobre el riesgo de corte del servicio entre la emisión de la factura y la resolución de los reclamos.

Que luego expuso Mercedes JUSTO quien manifestó su oposición al aumento, consideró que la reducción de 11 a 5 coeficientes constituye un aumento encubierto y que no es el momento para la actualización dada la situación social. Solicitó flexibilizar el acceso a la tarifa social y señaló la falta de acceso al agua potable de la población del Delta.

Que a continuación expuso Alicia RODRÍGUEZ quien cuestionó la oportunidad de la modificación, solicitó la reapertura de las oficinas cerradas y propuso formar promotores para el uso racional del agua.

Que luego expuso Alba Noemí COSTA quien consideró ilegal la Audiencia, cuestionó la incorporación del cobro pluvial en el Radio Antiguo y preguntó si la nueva segmentación contemplará los ingresos reales de los usuarios, advirtiendo sobre el impacto en la clase media empobrecida.

Que a continuación expuso Lucía Daniela ESTIGARRIBIA, quien señaló que, según la propia presentación de AySA, el aumento promedio del 22,6% alcanzaría a unos 2 millones de hogares y que el descuento del 15% se retiraría en tres meses. Coincidió con la DEFENSORA DEL USUARIO en que la reducción a 5 categorías genera un “efecto borde” entre vecinos.

Que ESTIGARRIBIA objetó que la respuesta para los hogares afectados sea tramitar la tarifa social sin sedes comerciales abiertas, y cuestionó el formato exclusivamente virtual de la Audiencia. Solicitó suspender la modificación de los coeficientes y reabrir de inmediato las sedes físicas.

Que luego expuso Pedro Alberto BUSSETTI, por la ASOCIACIÓN DE DEFENSA DE USUARIOS y CONSUMIDORES (DEUCO), quien cuestionó que los Decretos Nros. 493/25 y 805/25 habiliten el corte del agua y el bloqueo de las cloacas por mora de 60 días y las metas de expansión previstas.

Que, respecto de los coeficientes zonales, BUSSETTI coincidió en que el sistema vigente es obsoleto y debe reemplazarse, pero propuso utilizar el régimen de subsidios focalizados que aplica el Estado Nacional desde 2022, basado en ingresos, propiedades y vehículos del grupo familiar verificados con ARCA, ANSES y SINTyS, en lugar de un método econométrico por radio censal.

Que a continuación expuso Román Ariel ORLANDO, Coordinador de la SINDICATURA DE USUARIOS del ERAS, quien sostuvo que la modificación tiene un impacto patrimonial directo y desproporcionado, en especial sobre adultos mayores y habitantes de barrios populares. Reconoció que la actualización era necesaria, pero cuestionó que se realice con apuro, escasa discusión y en un período delicado para la economía de los hogares.

Que ORLANDO señaló que la reducción a 5 categorías produce saltos bruscos y diferencias entre usuarios de un mismo barrio, y que la Encuesta Permanente de Hogares sólo permite estimaciones por aglomerado, no por barrio. Advirtió que 504.044 usuarios que no tendrían aumento por el nuevo zonal sí lo tendrían por la quita del 15%, aplicada en un plazo menor que el resto de los aumentos, y cuestionó cómo se atenderá la mayor demanda de tarifa social con una sola oficina presencial.

Que el sr. Coordinador solicitó tener por presentada su postura; contemplar una mayor cantidad de categorías para evitar saltos abruptos; rever la quita del 15% para los usuarios que salgan del zonal bajo; extender la tarifa social a jubilados y sectores cuya realidad socioeconómica estructural no se modificó; destinar lo recaudado únicamente al Programa de Tarifa Social; y reconsiderar la apertura de canales de atención presencial de AySA.

Que luego expuso Fernando Diego FONTELA, por la ASOCIACIÓN DE DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE LA ARGENTINA (ADECUA) y como Coordinador Adjunto de la SINDICATURA DE USUARIOS, quien ratificó el documento presentado por la Sindicatura. Pidió una auditoría continua y exhaustiva del destino del adicional de recaudación, estimado en más de $ 130.000 millones, y señaló que el documento metodológico presentado tiene carácter de línea de investigación. Solicitó rever la quita del 15% y reconsiderar la apertura de canales presenciales.

Que a continuación expuso Alberto Andrés LAREZ quien señaló la paralización de obras de agua y cloaca en su barrio. Propuso utilizar el RENABAP para identificar a los hogares vulnerables, advirtió que la mayoría de los barrios populares carece de cloaca y cuestionó cómo se tramitará la tarifa social sin oficinas abiertas.

Que luego expuso Ricardo Nicolás VAGO quien recordó que la SINDICATURA DE USUARIOS rechazó el Contrato de Concesión el 26 de agosto de 2026.

Que a continuación expuso Leonardo PÉREZ ESQUIVEL, por la ASOCIACIÓN CIVIL “PARA TODOS PORQUE ES DE TODOS”, quien cuestionó la validez del Decreto N° 493/25 y la habilitación del corte de agua y cloacas, y consideró inadecuada la metodología basada en el Censo y la Encuesta Permanente de Hogares. Señaló la diferencia entre los datos de beneficiarios de tarifa social informados por el ERAS (118.000) y por AySA (122.000), y que los casos sociales serían alrededor de 1.022, con baja cobertura en el segundo y tercer cordón.

Que el Sr. PÉREZ ESQUIVEL solicitó reestudiar los coeficientes zonales, se tenga presente la medida cautelar dictada en la PROVINCIA DE BUENOS AIRES y que se incorpore el Delta al área de concesión con un régimen equivalente a un coeficiente zonal.

Que luego expuso Juan Alejandro ISNARDI, quien, sobre la base de los Anexos 1 y 2 de la propuesta, sostuvo que más del 80% de los habitantes de Lanús pagaría más. Señaló que el 40% de los habitantes del partido carece de cloaca, como el barrio Villa Obrera, cuyo proyecto fue suspendido en 2024, y solicitó que AySA superponga los planos de cobertura cloacal con los de coeficientes zonales.

Que a continuación expuso Gustavo CAÑAVERAL quien se refirió al saneamiento de la Cuenca Matanza- Riachuelo, a la falta de conexión de Villa Inflamable y de los arroyos al Sistema Riachuelo, y cuestionó el cobro pluvio-cloacal.

Que luego expuso Silvia Amelia FERREYRA quien cuestionó la falta de información y participación de la población y señaló que el caso social tendría poco más de 1.000 beneficiarios en los 26 partidos.

Que a continuación expuso María Luisa VALDEZ FRUTOS quien sostuvo la ilegalidad del procedimiento, denunció intimaciones y restricciones del servicio en la zona sur pese al amparo vigente, y señaló problemas de presión y calidad del agua y obras paralizadas. Solicitó reabrir las oficinas de atención, que la factura informe claramente cualquier recategorización y su motivo, y flexibilizar el acceso a los subsidios.

Que, resulta de la presentación la necesidad que la factura exponga la modificación del coeficiente zonal sea aquel que será el vigente como así también el coeficiente que resulta sustituído para conocimiento de cada usuario.

Que luego expuso Ana CENTURIÓN, quien sostuvo que el nuevo esquema desconoce la situación socioeconómica real de los usuarios.

Que a continuación expuso Agustina CARPIO, Presidenta del CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y LA SOLIDARIDAD (CEPIS), quien sostuvo que la Audiencia omite la medida cautelar dictada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata. Informó que CEPIS planteó judicialmente la nulidad de la licitación y de las Resoluciones del MINISTERIO DE ECONOMÍA Nros. 543/26 y 704 del 14 de mayo de 2026 (RESOL-2026-704-APN-MEC - B.O. 15/5/26), y cuestionó la autosustentabilidad financiera, el cálculo de la tasa de costo de capital en dólares y el corte de servicios por falta de pago.

Que luego expuso Mayra Vanina RAMOS quien señaló que las obras en barrios populares quedaron paralizadas con un avance pendiente del 15% al 20%.

Que a continuación expuso María Gabriela TOZORONI quien propuso consultas o plebiscitos vinculantes y sostuvo que el agua es un derecho humano y un recurso estratégico.

Que luego expuso Emilio Juan LENTINI quien solicitó que se incorporara el informe acompañado con su inscripción, lo que fue autorizado por la Presidencia. Se refirió a los déficits de cobertura de la concesión, a las experiencias de Chile y Colombia en materia de subsidios tarifarios y a la necesidad de una regulación independiente.

Que el Sr. LENTINI recomendó: el seguimiento de la facturación a nivel de cada usuario para corregir rápidamente incrementos excesivos por los nuevos zonales o por la instalación de medidores; fortalecer la tarifa social con mayor difusión, trámites simplificados y mecanismos proactivos con participación municipal; priorizar el acceso a los servicios en barrios populares y UREM; acelerar la micromedición por encima del compromiso contractual; y controlar la gestión de los fondos resultantes y el equilibrio económico-financiero de la concesión.

Que, por último, con autorización de la Presidencia, expuso María José LUBERTINO quien sostuvo que la modificación constituye un aumento encubierto que profundiza la segmentación de los barrios de la Ciudad, y adhirió a lo expuesto por la Sindicatura respecto de los saltos entre categorías y la necesidad de gradualidad. Propuso debatir la propuesta en comunas y municipios y revisar la metodología de convocatoria para lograr mayor difusión.

Que, finalizadas las exposiciones, el señor Presidente del ERAS cerró la Audiencia. Precisó que la definición del modelo de empresa y la estrategia de universalización del servicio son competencias del Concedente, y que corresponde al ERAS la regulación y el control de la Concesionaria conforme al Marco Regulatorio y el Contrato de Concesión. Asumió el compromiso institucional de analizar todas las opiniones, observaciones y propuestas formuladas.

Que, en relación con las intervenciones mediante las cuales los diversos expositores han expresado sus opiniones acerca del proceso de privatización de la empresa AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A., dispuesta por la Ley N° 27.742 (B.O. 8/7/24), el Decreto N° 494/25 (B.O. 23/7/25) y demás normativa, así como toda otra manifestación centrada en dicho proceso, cabe mencionar que este Organismo no es el titular del servicio público, ni de las acciones de la empresa concesionaria. Asimismo, tampoco corresponde expedirse a este Organismo sobre la designación de los miembros de su Directorio.

Que las competencias de este Organismo están establecidas por la Ley N° 26.221 (t.o. Decreto N° 805/25), en particular el Anexo 2 de la misma, que en el artículo 38° establece como misión del Ente Regulador de Agua y Saneamiento el control del cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Concesionaria previstas en el Marco Regulatorio y en el Contrato de Concesión y en el artículo 42° establece sus competencias en materia de regulación y control de la prestación.

Que la Audiencia Pública convocada por este ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO y llevada a cabo el 26 de octubre de 2026 lo ha sido a efectos de informar y recibir opiniones de la comunidad sobre la propuesta presentada por AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. con relación a la actualización de coeficientes zonales incluyendo el ajuste del precio del m3 del servicio de cloaca en Radio Antiguo, conforme lo establecido en el Contrato de Concesión, por lo que corresponde expedirse a este Ente Regulador sobre las exposiciones objeto de la Audiencia convocada.

Que mediante el informe IF-2026-00024629-ERAS-CDIR#ERAS la COORDINACIÓN DE DIRECTORIO, en su carácter de área de implementación, ha acompañado el Informe Final en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36° del Anexo I del Decreto N° 1172/03.

Que con relación a las cuestiones referidas al estado de situación de obras, más allá de no ser motivo de la referida Convocatoria, este Ente Regulador remitió la Nota NO-2026-00024890-ERAS-ERAS a la Concesionaria con copia a la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN -APLA- a fin de que se expidan al respecto y proceder a su tramitación en el marco del expediente EX-2023-00033361- -ERAS-SEJ#ERAS.

Que por otro lado, con relación a las cuestiones planteadas referentes al objeto de la convocatoria se remitió nota con la versión taquigráfica para que se expida a la Concesionaria, a la SINDICATURA DE USUARIOS, la COMISIÓN ASESORA y la DEFENSORA DEL USUARIO (Notas Nros. NO-2026- 00024480-ERAS-ERAS, NO-2026-00024133-ERAS-ERAS, NO-2026-00024134-ERAS-ERAS y NO- 2026-00024135-ERAS-ERAS).

Que la Concesionaria dio respuesta por Nota NO-2026-00000626-AYSA-DG#AYSA, la cual fuera notificada a la DEFENSORA DEL USUARIO, SINDICATURA DE USUARIOS Y COMISIÓN ASESORA por Memorándum ME-2026-00025071-ERAS-GG#ERAS, Notas Nros. NO-2026-00025155- ERAS-GG#ERAS y NO-2026-00025156-ERAS-GG#ERAS.

Que diversos expositores solicitaron conocer el impacto desagregado de la propuesta por municipio, categoría y cantidad de usuarios, así como el efecto diferenciado de la recategorización y del retiro de la bonificación del 15%. Entre ellos se cuentan Gastón Arnoldo ARIAS, por la DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES; María Emilia ALADIO GONZÁLEZ, por la DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES; Lucía Daniela ESTIGARRIBIA; Juan Alejandro ISNARDI y Emilio Juan LENTINI.

Que la Concesionaria informó, sobre la base de la simulación a nivel de usuario de la totalidad de su base de facturación (3.803.986 usuarios), que la propuesta incrementa la facturación total en un 7,30%. De ese porcentaje, 3,94 puntos corresponden al retiro de la bonificación del 15%, 3,18 puntos a la nueva zonificación y 0,18 puntos al ajuste del Radio Antiguo.

Que, entre los usuarios residenciales, la Concesionaria informó que el 20,3% (692.550) registra una reducción, el 20,0% (680.733) no tiene cambios y el 59,7% (2.032.831) registra un aumento, de 22,4% en promedio. Asimismo, informó que en los usuarios no residenciales la facturación disminuye un 1,7% y en los baldíos aumenta un 7,6%.

Que la Concesionaria indicó que el aumento promedio de 11,0% de los usuarios residenciales se explica en partes casi iguales por la recategorización zonal (5,4 puntos) y por el retiro de la bonificación (5,5 puntos). Agregó que 504.044 usuarios residenciales tienen aumento exclusivamente por el retiro de la bonificación, con un incremento máximo de 17,6%, porque su zonal no cambia o baja.

Que en el Anexo I del embebido a la Nota NO-2026-00000626-AYSA-DG#AYSA contiene el detalle por distrito de los impactos tarifarios de la propuesta de actualización de coeficientes zonales, elaborado sobre una simulación a nivel de usuario comprensiva de 3.803.986 usuarios, a tarifas de septiembre de 2026, con la propuesta completamente aplicada y en forma previa a la incidencia del Programa de Tarifa Social.

Que, conforme surge del Anexo I-A de dicho informe (“Todas las categorías, por distrito”), sobre el universo total de usuarios el 20,2% vería reducida su factura, el 24,4% no registraría cambios y el 55,4% experimentaría un incremento, con una variación promedio del +7,3%, verificándose una marcada heterogeneidad territorial: el distrito de Morón presenta el impacto más significativo, con el 86,6% de sus usuarios en aumento y una variación media de +26,7%, mientras que distritos como Centro (CABA), José C. Paz, Malvinas Argentinas y Florencio Varela exhiben variaciones promedio negativas.

Que del Anexo I-B (“Usuarios residenciales, por distrito”) se desprende que, sobre un total de 3.406.114 usuarios residenciales, 692.550 bajarían, 680.733 no tendrían cambios y 2.032.831 subirían, correspondiendo a este último grupo un incremento promedio del +22,4%, explicado en partes sustancialmente equivalentes por el efecto de la redefinición zonal propiamente dicha (+5,4 puntos porcentuales promedio) y por el efecto del retiro del tope del 15% (+5,5 puntos porcentuales promedio), incidiendo este último factor de manera más pronunciada en los distritos de Morón (+14,8 pp) y Vicente López (+9,0 pp).

Que el Anexo I-C (“Usuarios no residenciales y baldíos, por distrito”) evidencia un comportamiento diferenciado entre ambos segmentos, registrándose para los usuarios no residenciales una variación promedio levemente negativa (-1,7%), en tanto que los inmuebles baldíos muestran un incremento promedio del +7,6%.

Que ALADIO GONZÁLEZ, citando el informe de la Concesionaria, mencionó cruces con aumentos de hasta el 149%. La Concesionaria aclaró que los incrementos de las Tablas 11 y 12 de la propuesta corresponden a los máximos posibles de cada celda de reclasificación. Según el recuento a nivel de usuario individual, 141.369 usuarios residenciales tendrían incrementos de entre 50% y 100% y solo 4.939 (0,15%) superarían el 100%, una vez completada la implementación gradual.

Que, conforme al Anexo I-D (“Usuarios residenciales con incrementos superiores al 50% y al 100%, por distrito”), 141.369 usuarios residenciales (4,15% del total residencial) se verían expuestos a incrementos de entre el 50% y el 100% de su factura (pasando la media de $ 16.700 a $ 27.400), y 4.939 usuarios (0,15%) a incrementos superiores al 100% (de $ 28.700 a $ 60.700, valor que debe tomarse como referencial por la incidencia de casos puntuales de facturación elevada), concentrándose las mayores proporciones relativas de estos incrementos en los distritos de Morón (21,10% y 1,32%, respectivamente), Lomas de Zamora (17,72% y 0,95%) y Vicente López (17,76%), sin registrarse usuarios en estas franjas en los distritos de Centro, Constitución, José C. Paz, La Matanza Oeste, Malvinas Argentinas y Presidente Perón. Señaló que se trata de usuarios de áreas hoy clasificadas en los zonales bajos que pasan a los niveles medio alto y alto y que, además, pierden la bonificación del 15%. Precisó, asimismo, que los usuarios beneficiarios de la Tarifa Social no ven modificada su factura neta.

Que la señora Elda CEDRO sostuvo que la propuesta mantiene o reduce la tarifa de los sectores de mayores ingresos. Al respecto, la Concesionaria informó que los usuarios de los zonales actuales más altos (2,40 o más) registran en conjunto una reducción de 8,4%, mientras que el nivel alto de la propuesta (2,75) reúne 695.879 usuarios con una variación media de +8,9%, que incluye a usuarios de zonales actuales más bajos que pasan a ese nivel.

Que la DEFENSORA DEL USUARIO de este Ente Regulador, Lic. Ana Carolina HERRERO, y Pedro Alberto BUSSETTI, por DEUCO, Román Ariel ORLANDO, por la SINDICATURA DE USUARIOS, Fernando Diego FONTELA, por ADECUA, Alberto Andrés LAREZ y Leonardo PÉREZ ESQUIVEL, entre otros expositores, cuestionaron que la capacidad económica de los usuarios se estimara mediante un modelo econométrico. Propusieron, en su lugar, utilizar las bases de focalización de subsidios basadas en los ingresos de los hogares, en forma agregada por radio censal, o el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).

Que la Concesionaria informó que el uso del modelo econométrico no obedece a una preferencia metodológica, sino a que las alternativas propuestas no están disponibles. En ese sentido, señaló que el Censo Nacional 2022 no relevó los ingresos de los hogares y que la Encuesta Permanente de Hogares sólo permite estimaciones por aglomerado urbano, por lo que el modelo combina ambas fuentes públicas del INDEC.

Que la Concesionaria informó, además, que no es parte del SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN NACIONAL TRIBUTARIO Y SOCIAL (SINTyS) ni tiene acceso a las bases de ANSES. Agregó que la cesión de esos datos para clasificar tarifas encuentra límites en la Ley N° 25.326 (B.O. 2/11/00) de Protección de los Datos Personales, y que dichos datos están organizados por CUIL y no pueden vincularse con certeza a los inmuebles en los que se presta el servicio.

Que, respecto de los Subsidios Energéticos Focalizados, la Concesionaria señaló que se trata de un registro de inscripción voluntaria que no cubre a la totalidad de los hogares, cuyo umbral de acceso es amplio y cuya información no está a su disposición.

Que por lo tanto, no puede presentarse una propuesta de zonales sobre la base de información a la cual no se tiene acceso o es limitada en relación con las cuentas del servicio.

Que la DEFENSORA DEL USUARIO y ORLANDO y FONTELA, así como ALADIO GONZÁLEZ, ESTIGARRIBIA y María José LUBERTINO, observaron que la reducción de once a cinco categorías incrementa los saltos entre niveles y genera un efecto borde entre usuarios colindantes.

Que la Concesionaria respondió que la problemática de los límites es inherente a todo esquema de zonales, cualquiera sea la cantidad de niveles. Señaló que los once valores vigentes no operan como un continuo y que, desde 2011, la regulación tarifaria los agrupó en tres niveles (bajo, medio y alto) para la aplicación de subsidios adicionales y del precio del metro cúbico residencial, por lo que, en la práctica, se pasa de tres a cinco niveles.

Que diversos expositores señalaron que la clasificación territorial no refleja la capacidad de pago de jubilados, adultos mayores, inquilinos u hogares con ingresos variables. La DEFENSORA DEL USUARIO propuso, además, un zonal protegido transitorio para áreas con alta concentración de adultos mayores.

Que la Concesionaria informó que el modelo determina situaciones promedio, por lo que en todo sistema de focalización geográfica existen casos que divergen de la media. Indicó que el instrumento de protección para esos casos es el Programa de Tarifa Social, que evalúa la situación de cada hogar, admite distintos niveles de beneficio, incluye la regularización de deudas y puede solicitarse en cualquier momento.

Que el régimen tarifario que incluye el coeficiente zonal está determinado en la normativa vigente y no es materia de esta Audiencia.

Que por lo tanto, el coeficiente zonal responde a un perímetro y no a cada uno de los usuarios individualmente considerados.

Que, respecto del zonal protegido transitorio, la Concesionaria señaló que el modelo incluye la edad como variable explicativa. Agregó que un zonal basado en la edad media de un radio censal protegería también a hogares que no lo necesitan y dejaría fuera a hogares vulnerables de áreas con población más joven.

Que un zonal protegido también incluiría dentro de su variable errores de inclusión.

Que el Programa de Tarifa Social es el mecanismo a través del cual los Usuarios pueden solicitar el beneficio que acarrea el pertinente descuento en la factura.

Que dicho Programa comprende tres modalidades entre las que se encuentra el “Caso Social” cuya factura es subsidiada en su totalidad.

Que más allá de lo expuesto por la Concesionaria, la DEFENSORA DEL USUARIO presentó un programa que contempla el análisis de casos específicos por edad, el que será analizado por este Organismo oportunamente.

Que la DEFENSORA DEL USUARIO señaló discordancias entre la base de urbanizaciones emergentes (UREM) presentada por la Concesionaria y el RENABAP y propuso avanzar hacia una base unificada de vulnerabilidad.

Que la Concesionaria informó que identifica las UREM con criterios propios, desarrollados antes de la creación del RENABAP, mediante un relevamiento mixto en territorio en articulación con los municipios. Indicó que, a octubre de 2026, su base registra 1.355 UREM: 899 asentamientos, 249 villas y 207 conjuntos habitacionales.

Que la Concesionaria atribuyó las diferencias con el RENABAP a criterios operativos de cada registro: la inclusión de conjuntos habitacionales, que el RENABAP no contempla; la delimitación de los polígonos; la fecha de corte del RENABAP (31 de diciembre de 2021); y relevamientos que no pudieron completarse en algunos municipios, como Moreno.

Que la Concesionaria informó que 348 de los 1.345 polígonos del RENABAP comprendidos en el área de concesión (25,9%) no tienen superficie en común con ningún polígono UREM, y que se concentran en Moreno, La Matanza, Merlo y Almirante Brown, lo que coincide con lo señalado en la audiencia.

Que, como mecanismo de actualización, la Concesionaria informó que prioriza la incorporación de los barrios del RENABAP ubicados dentro del radio servido o en forma adyacente a él: 152 barrios en radio servido de agua y/o cloaca y 130 solo en radio servido de agua.

Que, asimismo, la Concesionaria informó que, en el marco de la cláusula 8.7 del Contrato de Concesión, trabaja en la unificación de ambos registros, que deberá consensuarse con los equipos técnicos del ERAS.

Que la Concesionaria recordó, por último, que la propuesta aplica a los barrios populares el coeficiente zonal más bajo junto con el descuento del 15%, situación que no ocurre a la fecha donde se aplica el zonal que corresponde al polígono donde se encuentran emplazadas.

Que de esta forma, se establece un coeficiente especial que asegura que siempre se les aplique el Zonal Bajo (0.75).

Que ALADIO GONZÁLEZ solicitó conocer los costos y prestaciones que fundamentan el recargo del Radio Antiguo y la forma en que se evita una superposición de conceptos. Por su parte, Alba Noemí COSTA entendió que se crea un cobro nuevo por desagües pluviales para todos los usuarios.

Que el Radio Antiguo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con un sistema unitario, que capta en una única red tanto los líquidos cloacales como los pluviales.

Que la Concesionaria señaló que, por su antigüedad, complejidad, ubicación y materiales constructivos, los costos de su operación y mantenimiento resultan significativamente superiores a los del sistema general.

Que la Concesionaria aclaró que el recargo del 10% ya se aplica en el régimen no medido y que la propuesta lo extiende únicamente a los 51.602 usuarios del régimen medido del Radio Antiguo (14,4% de las 357.215 unidades funcionales del área), con un efecto de 0,18% sobre los ingresos.

Que asimismo estimó que dicho mayor costo excede ampliamente el 10% reconocido tarifariamente y que, a fin de no generar incrementos mayores, solo solicitó equiparar el régimen medido con el no medido.

Que cabe señalar que no existe superposición de conceptos, porque no se factura ningún otro cargo por el servicio de desagües pluviales por parte de la Concesionaria.

Que ISNARDI planteó que la zonificación no considera la falta de cobertura cloacal, en particular en el partido de Lanús, y Ana CENTURIÓN consultó por el tratamiento tarifario de las zonas con obras inconclusas o sin servicio.

Que la Concesionaria informó que el modelo considera la cobertura de servicios entre sus variables explicativas.

Que además cabe aclarar que las facturas solo incluyen los servicios efectivamente prestados: a igualdad de situación, la factura de una vivienda que solo recibe el servicio de agua es la mitad de la de una vivienda que recibe agua y cloaca, criterio que se aplica en todos los partidos, incluido Lanús.

Que, respecto de las áreas con obras inconclusas o postergadas, más allá de que su tratamiento sea efectuado por separado en tanto no son objeto de la convocatoria, se resalta que no corresponde facturar servicios que no se prestan.

Que por lo tanto, la Concesionaria no puede facturar el servicio no prestado con motivo de obras no finalizadas.

Que la DEFENSORA DEL USUARIO, el MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO de INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, Gabriel Nicolás KATOPODIS, y ARIAS, ORLANDO, FONTELA y ESTIGARRIBIA, solicitaron garantías de que el excedente de facturación se aplique íntegramente a la Tarifa Social. Advirtieron, además, sobre el desfase temporal entre la percepción de los fondos y la incorporación de beneficiarios, y reclamaron mecanismos de seguimiento y auditoría.

Que la Concesionaria informó que la propuesta fija, para todo el Primer Ciclo Tarifario (2027 a 2031), el presupuesto regulatorio del Programa de Tarifa Social. Según lo informado, este pasa de entre $ 34.311 y $ 35.613 millones anuales a $ 95.581 millones en 2027 y a entre $ 147.319 y $ 148.901 millones anuales entre 2028 y 2031, a valores de diciembre de 2025. En valor actual, el total del ciclo pasa de $ 155.764 millones a $ 516.909 millones.

Que la Concesionaria describió el procedimiento para identificar los excedentes y su destino. Comprende la determinación del monto para todo el ciclo a la fecha de referencia de la BAR inicial (Resolución ERAS N° 30/26), su seguimiento mensual y el ajuste de los desvíos al cierre del ciclo, en valor presente a la tasa regulatoria, todo ello sujeto a la auditoría de los auditores externos técnicos y contables.

Que la Concesionaria indicó que los eventuales descalces temporales se evalúan en valor presente al final de cada año y del ciclo tarifario, y que el destino de un eventual remanente será definido por este Ente Regulador en los términos de la cláusula 7.3 del Contrato de Concesión. Afirmó que, en cualquier caso, el efecto económico y financiero para la Concesionaria es nulo.

Que, en cuanto al seguimiento, la Concesionaria informó que reporta mensualmente a este Organismo la evolución del programa, que su consumo se incorpora en los balances trimestrales auditados y que es el ERAS quien asigna los módulos del programa. Se comprometió, asimismo, a elaborar la información adicional que este Ente Regulador requiera, en los plazos y formatos que se acuerden.

Que, ante la diferencia entre las cifras de beneficiarios mencionadas en la audiencia, señalada por el señor PÉREZ ESQUIVEL, se informa que al 30 de septiembre de 2026 el programa contaba con 118.415 usuarios: 116.660 de Tarifa Social, 665 de Tarifa Comunitaria y 1.090 de Caso Social. Se aclara que la diferencia de beneficiarios surgida en la Audiencia radica en la fecha de corte tenida en cuenta para la información.

Que, respecto de los canales para tramitar el beneficio, consultados por los señores ORLANDO y LAREZ y por las señoras ESTIGARRIBIA, Mercedes JUSTO y María Luisa VALDEZ FRUTOS, entre otros, la Concesionaria informó que dispone de la Oficina Virtual, la aplicación móvil, el Centro de Atención Presencial de Riobamba 750 (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y las Unidades Móviles de Atención al Usuario.

Que, para las UREM, la Concesionaria informó que realiza operativos territoriales mediante las unidades móviles «Punto AySA», en los que el 75% de los usuarios que se acercan solicita y adhiere a la Tarifa Social con regularización de deuda.

Que la Concesionaria reconoció que no cuenta actualmente con medidas específicas para personas mayores y usuarios con dificultades de conectividad. Informó que desarrollará una estrategia de llegada a adultos mayores que utilice a los centros de jubilados como facilitadores para la difusión y la tramitación del beneficio, con capacitación de sus referentes.

Que, por último, la Concesionaria se puso a disposición para colaborar en el desarrollo del Programa «Usuario Protegido» presentado por la DEFENSORA DEL USUARIO.

Que las dos modalidades del Programa de Tarifa Social destinada a hogares están diseñadas a los fines de dar respuesta a aquellos usuarios que afrontan dificultades económicas para el pago de sus facturas o la regularización de sus deudas, lo cual incluye la posibilidad de su exención completa (Caso Social).

Que esta herramienta focalizada resulta aplicable a todos los casos mencionados (“jubilados, adultos mayores, inquilinos, hogares con ingresos variables o con pérdida reciente de empleo y hogares vulnerables”) independientemente de los parámetros tarifarios particulares de la cuenta de servicios del hogar solicitante y de la incidencia del coeficiente zonal sobre los mismos.

Que el ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO y la Concesionaria AySA difunden de manera permanente el Programa de Tarifa Social por múltiples medios, incluyendo los canales digitales oficiales, las vías telefónicas de atención directa y los lugares de atención presencial, constituyendo dicho Programa la herramienta a través de la cual se canaliza de manera conducente la dificultad económica manifestada por los usuarios para afrontar el pago de los servicios de agua y saneamiento, contemplando beneficios aplicables no solo al pago de las facturas sino también a la regularización de deudas y al pago de conexiones, debiendo los usuarios, por tratarse de un beneficio a demanda, presentar su solicitud por las múltiples vías existentes, tanto digitales como presenciales.

Que la divulgación del Programa y las actualizaciones en su implementación forman parte permanente de la agenda tanto de la SINDICATURA DE USUARIOS del ERAS como de la COMISIÓN ASESORA, ámbitos institucionales donde se reúnen, por un lado, el conjunto de las asociaciones de usuarios y consumidores legalmente reconocidas y, por otro, los representantes de los municipios del conurbano bonaerense y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Que el Programa cuenta con plataformas digitales de acceso para las modalidades Tarifa Social (usuarios residenciales) y Tarifa Comunitaria, recepcionando tanto AySA como el ERAS solicitudes de ambas modalidades de manera presencial en sus sedes, estimándose que AySA habilite nuevos lugares de atención presencial en cada uno de los distritos de la Concesión; que, dadas sus particularidades, el Caso Social debe gestionarse mediante correo electrónico o de manera presencial en sede del ERAS; y que, para las personas mayores y/o con dificultades para realizar la solicitud, los procesos admiten que la tramitación sea efectuada por terceros, siempre que cuenten con la información requerida sobre la situación de los beneficiarios finales.

Que los extremos a acreditarse para acceder al beneficio que otorga el Programa de Tarifa Social se encuentran establecidos en la Resolución ERAS N° 61 de fecha 19 de julio de 2017 (B.O. 28/7/17).

Que la totalidad de los beneficiarios del Programa de Tarifa Social, en sus tres modalidades, asciende a CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE (118.415), al 30 de septiembre de 2026. (Tarifa Social 116.660; Caso Social 1090 y Tarifa Comunitaria 665)

Que dicha totalidad se distribuyen por jurisdicción de la siguiente manera: Almirante Brown, sobre un total de 3.831, corresponden a Tarifa Social 3.804, a Caso Social 20 y Tarifa comunitaria 7; Avellaneda, sobre un total de 4.493, corresponden a Tarifa Social 4.448, a Caso Social 38 y a Tarifa Comunitaria 7; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre un total de 38.876, corresponden a Tarifa Social 37.954, a Caso Social 657 y a Tarifa Comunitaria 265; Escobar sobre un total de 377, corresponden a Tarifa Social 374, a Caso Social 2 y a Tarifa Comunitaria 1; Esteban Echeverría sobre un total de 2.580, corresponde a Tarifa Social 2.519, a Caso Social 12 y a Tarifa Comunitaria 49; Ezeiza sobre un total de 882, corresponde a Tarifa Social 845, a Caso Social 9 y a Tarifa Comunitaria 28; Florencio Varela sobre un total de 5.494, corresponde a Tarifa Social 5.470, a Caso Social 12 y a Tarifa Comunitaria 12; Hurlingham, sobre un total de 1.077, corresponde a Tarifa Social 1.068, a Caso Social 5 y a Tarifa Comunitaria 4; Ituzaingó, sobre un total de 1.208, corresponde a Tarifa Social 1.196, a Caso Social 7 y a Tarifa Comunitaria 5; José C. Paz, sobre un total de 49, corresponde a Tarifa Social 47, a Caso Social 1 y a Tarifa Comunitaria 1; La Matanza, sobre un total de 12.446, corresponde a Tarifa Social 12.376, a Caso Social 50 y a Tarifa Comunitaria 20; Lanús sobre un total de 5.415, corresponde a Tarifa Social 5.362, a Caso Social 32 y a Tarifa Comunitaria 21; Lomas de Zamora sobre un total de 4.579, corresponde a Tarifa Social 4.479, a Caso Social 23 y a Tarifa Comunitaria 77; Malvinas Argentinas, sobre un total de 159, corresponde a Tarifa Social 157, a Caso Social 2 y a Tarifa Comunitaria 0; Merlo sobre un total de 1.479, corresponde a Tarifa Social 1.471, a Caso Social 7 y a Tarifa Comunitaria 1; Moreno sobre un total de 1.267, corresponde a Tarifa Social 1.246, a Caso Social 14 y a Tarifa Comunitaria 7; Morón sobre un total de 4.983, corresponde a Tarifa Social 4.941, a Caso Social 30 y a Tarifa Comunitaria 12; Pilar sobre un total de 312, corresponde a Tarifa Social 310, a Caso Social 1 y a Tarifa Comunitaria 1; Presidente Perón, sobre un total de 401, corresponde a Tarifa Social 394, a Caso Social 5 y a Tarifa Comunitaria 2; Quilmes, sobre un total de 8.301, corresponde a Tarifa Social 8.234, a Caso Social 41 y a Tarifa Comunitaria 26; San Fernando sobre un total de 1.590 corresponde a Tarifa Social 1.583, a Caso Social 5 y a Tarifa Comunitaria 2; San Isidro sobre un total de 2.969, corresponde a Tarifa Social 2.915, a caso Social 17 y a Tarifa Comunitaria 37; San Martín sobre un total de 5.252, corresponde a Tarifa Social 5.207, a Caso Social 25 y a Tarifa Comunitaria 20; San Miguel sobre un total de 1.150, corresponde a tarifa Social1.134, a Caso Social 9 y aTarifa Comunitaria 7; Tigre sobre un total de 1.923, corresponde a Tarifa Social 1.907, a Caso Social 8 y a Tarifa Comunitaria 8; Tres de Febrero sobre un total de, 4.490, corresponde a Tarifa Social 4.430, a Caso Social 35 y a Tarifa Comunitaria 25; y Vicente López, sobre un total de 2.832, corresponde a Tarifa Social 2.789, a Caso Social 23 y Tarifa Comunitaria 20).

Que la incidencia de la modalidad Tarifa Social (usuarios residenciales) sobre el total de usuarios residenciales de cada jurisdicción, a la misma fecha, es la siguiente: Almirante Brown, 3,8%; Avellaneda, 4,5%; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2,9%; Escobar, 1,7%; Esteban Echeverría, 3,3%; Ezeiza, 2,1%; Florencio Varela, 6,2%; Hurlingham, 2,6%; Ituzaingó, 3,6%; José C. Paz, 0,9%; La Matanza, 3,7%; Lanús, 4,3%; Lomas de Zamora, 2,6%; Malvinas Argentinas, 1,7%; Merlo, 1,8%; Moreno, 2,1%; Morón, 4,8%; Pilar, 1,2%; Presidente Perón, 2,3%; Quilmes, 5,6%; San Fernando, 4,4%; San Isidro, 3,2%; San Martín, 4,7%; San Miguel, 1,8%; Tigre, 2,1%; Tres de Febrero, 4,7%; y Vicente López, 2,7%.

Que el beneficio tiene una duración anual -DOCE (12) facturas- y que su plazo de aplicación efectiva es de TREINTA (30) a SESENTA (60) días, de acuerdo con el calendario de emisión de las facturas de la cuenta del solicitante.

Que, visto que las vías de recepción y el posterior análisis de las solicitudes de la modalidad Tarifa Social - usuarios residenciales- incluyen procesos heterogéneos, con herramientas web junto a otras que requieren un componente muy importante de operación manual, el ERAS se encuentra en proceso de desarrollo de una plataforma online receptiva del conjunto de las solicitudes de la modalidad, que contemplará el procesamiento de las solicitudes con independencia del tipo de cuenta de servicios (individual o global a consorcio) y de las características del inmueble (límite por superficie cubierta), e incorporará las validaciones necesarias para los procesos de auditoría y fidelización de los usuarios.

Que las estimaciones presupuestarias de AySA para el Programa de Tarifa Social -sin considerar los recursos adicionales de su propuesta- se ubican en torno a los $ 35.000 millones anuales para el quinquenio 2027-2031, lo cual resulta consistente con el monto de beneficios aplicados durante todo el año 2025; que, de aprobarse la iniciativa de la Concesionaria en los términos propuestos, el Programa tendría una fuente de financiamiento explícita y propia del servicio, con un presupuesto estimado de $ 95.000 millones para 2027, $ 147.000 millones para 2028 y $ 148.000 millones anuales para los tres años subsiguientes; y que se estima que, en un contexto de deterioro del ingreso disponible de los hogares del AMBA, la demanda de Tarifa Social debería incrementarse hasta alcanzar un pico de cobertura promedio del 9-10% de los usuarios residenciales, similar a su máximo histórico de 2018, a lo que se sumaría, en caso de incorporarse como línea de acción, la demanda derivada de las cuentas correspondientes a las UREM.

Que, en este contexto, y contemplando a su vez el incremento de la afluencia de usuarios en los canales de atención presencial en sede de AySA y del ERAS, se estima necesario prorrogar, con carácter excepcional, el beneficio vigente por un período anual adicional a todos los usuarios incorporados al Programa al 31/12/2026.

Que dicha medida facilitará la apertura de oficinas comerciales por parte de la Concesionaria para atender a la demanda y la permanencia de los beneficiarios dentro del Programa de Tarifa Social sin necesidad de tramitar voluntariamente su renovación, permitiendo asimismo alivianar la carga administrativa de los actuales procesos, en transición hacia su unificación una vez puesta en funcionamiento la nueva plataforma proyectada.

Que el señor KATOPODIS consultó por el nivel actual de morosidad y su evolución reciente. Por su parte, los señores ARIAS y LENTINI solicitaron precisiones sobre los ingresos adicionales derivados de la propuesta y su destino.

Que la Concesionaria informó que los indicadores no muestran un deterioro del ritmo de cobro. Entre los usuarios residenciales, el porcentaje cobrado a sesenta días del vencimiento pasó de 80,3% en 2024 a 81,0% en 2025 y a 81,2% en 2026. Asimismo, en lo que va de 2026, los cobros representan el 91% de los vencimientos.

Que la Concesionaria informó que el stock de deuda vencida a septiembre de 2026 asciende a $ 578.069 millones nominales, de los cuales el 70% corresponde a usuarios residenciales. Precisó que el 58% de ese monto tiene más de cinco años de antigüedad, y que su crecimiento refleja la acumulación de deuda antigua y la inflación, y no necesariamente un aumento del atraso reciente.

Que la Concesionaria informó que, a tarifas de septiembre de 2026, la propuesta incrementa la facturación de Emisión General en $ 140.057 millones anuales (7,30%). Ese monto se compone de $ 75.646 millones por la eliminación de la bonificación del 15%, $ 60.915 millones por el cambio de zonales y $ 3.496 millones por el ajuste del precio del metro cúbico de cloaca en el Radio Antiguo.

Que la Concesionaria afirmó que la propuesta no modifica el monto total de sus ingresos, ya definido para el Primer Ciclo Tarifario, porque la totalidad del incremento se destina al Programa de Tarifa Social conforme a la cláusula 7.3 del Contrato de Concesión. Agregó que la propuesta redistribuye la carga tarifaria entre los usuarios.

Que la Concesionaria estimó, además, 302.467 nuevos beneficiarios probables de la Tarifa Social, con un costo de $ 49.505 millones anuales adicionales y una regularización de deudas de $ 86.042 millones, a valores de septiembre de 2026.

Que al respecto, no debe soslayarse que la Resolución ERAS N° 30/26 también consideró tanto las Pérdidas por Incobrables (PI) como la dotación actual de producción de agua.

Que en consecuencia, no puede aducirse que las condiciones actuales del servicio así como sus incobrables o el agua producida y no facturada no fuera ya contemplada en el análisis efectuado para el dictado de la citada Resolución ERAS N° 30/26.

Que, en este sentido, preservar el equilibrio económico financiero, cuyo nivel fue definido en la Resolución ERAS N° 30/26, requiere evaluar el destino del excedente ya que dicho equilibrio se ve afectado por la propuesta. Al evaluar en la misma la incorporación de las Urbanizaciones Emergentes y Barrios Carenciados al Programa de Tarifa Social, es necesario mencionar que este universo ya fue agregado en las pérdidas de incobrabilidad (equivalente al 12,2% de los ingresos) de la ecuación de equilibrio económico financiera, la que de resultar aceptada duplica los fondos asignados a un mismo concepto, razón por la que debe desestimarse en esta instancia.

Que la reapertura de las oficinas de atención presencial fue uno de los planteos más reiterados de la audiencia. Lo formularon, entre otros, la DEFENSORA DEL USUARIO; el Intendente del MUNICIPIO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA, señor Fernando Javier GRAY; los señores Osvaldo Héctor BASSANO, por ADDUC, Sergio GONZÁLEZ, Pedro Alberto BUSSETTI, ORLANDO, FONTELA y LAREZ; y las señoras ALADIO GONZÁLEZ, Flavia AFFANNI, CEDRO, JUSTO, Alicia RODRÍGUEZ, ESTIGARRIBIA y VALDEZ FRUTOS.

Que la Concesionaria informó que mantiene como canales de atención la Oficina Virtual, la aplicación móvil, la atención telefónica comercial y técnica, WhatsApp, redes sociales, el Centro de Atención Presencial de Riobamba 750 y las Unidades Móviles de Atención al Usuario, que recorren cada municipio del área de concesión con una programación informada a la comunidad.

Que la Concesionaria informó que, de los 16,2 millones de contactos de resolución inmediata registrados hasta septiembre de 2026, el 93,9% se resolvió por la web, el 3,4% por el Centro de Atención Telefónica y el 2,7% en las regiones. Para usuarios de UREM, adultos mayores y usuarios sin conectividad, indicó que desarrolla estrategias de cercanía mediante los operativos «Punto AySA».

Que la Concesionaria no informó los criterios que sustentaron el cierre de las oficinas comerciales ni un cronograma de reapertura.

Que, respecto de la gestión de reclamos, la Concesionaria indicó que estos se reciben, registran y contestan conforme al artículo 62° y al Anexo D del Marco Regulatorio. Precisó que, mientras se tramita un reclamo, el usuario puede mantener el servicio si abona, como pago provisorio y a cuenta, el monto de la última factura consentida o el de la factura reclamada, y que, si el reclamo es rechazado, puede recurrir al ERAS.

Que al respecto, este Ente Regulador entiende que resulta indispensable la existencia de oficinas comerciales fijas de atención presencial por parte de la Concesionaria por región, para la eficiente atención de los Usuarios lo cual coadyuva a cerrar la brecha digital existente entre los diferentes Usuarios.

Que no puede perderse de vista que la Concesionaria propone destinar el excedente de la rezonificación al Programa de Tarifa Social y que hoy no puede realizarse digitalmente todos los trámites que ello demanda, entre los que se encuentra la regularización de deuda.

Que por tal motivo, este Ente Regulador considera que la Concesionaria debe mantener en funcionamiento la Sede Central y, como mínimo, por cada región y subdivisión operativa de la Concesión (Norte, Oeste, Sudeste, Sudoeste y CABA), una sede de atención presencial fija y una unidad móvil de rotación diaria, garantizando la atención al público en días y horarios informados en su página web; debiendo las unidades móviles operar conforme a un cronograma publicado con un mes de anticipación y encontrarse habilitadas para recibir, gestionar y tramitar la totalidad de las solicitudes, consultas y reclamos, en las mismas condiciones y con idéntico alcance que en las oficinas de atención presencial.

Que a tal fin, la Concesionaria deberá informar a este Ente Regulador, dentro de los TREINTA (30) días hábiles del dictado de la presente, la ubicación, días y horarios de atención de la Sede Central y de las sedes presenciales fijas, y el cronograma de las unidades móviles previstas, así como toda modificación de los mismos con una antelación mínima de UN (1) mes a su implementación. Este Ente Regulador, a través de la GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO, verificará su cumplimiento.

Que Silvia FERREYRA y VALDEZ FRUTOS solicitaron que se informe a cada usuario su recategorización y sus motivos, y la señora RODRÍGUEZ propuso campañas de uso racional del agua.

Que la Concesionaria debe publicar en su página web lo que se aprueba, con el cronograma correspondiente, y consignará en la factura la resolución aprobada, el zonal asignado, el cálculo de los importes y los descuentos de la implementación gradual.

Que asimismo, la Concesionaria continuará con las campañas de uso racional del agua vinculadas con el avance de la medición.

Que, con relación a las acciones judiciales mencionadas en la audiencia, la Concesionaria informó que no ha sido notificada de demandas promovidas por el señor Fernando Javier GRAY ni por el Espacio Intercuencas o el Foro Hídrico de Lanús.

Que ARIAS, CEDRO y CARPIO, entre otros expositores, invocaron la medida cautelar dictada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata. Al respecto, la Concesionaria informó que, en el proceso iniciado por el Defensor del Pueblo de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES (causa LP-36285/2026), se dictó una medida cautelar que le impone abstenerse de toda acción que implique modificar, limitar, reducir, diferir, alterar, suspender o desnaturalizar las obligaciones asumidas respecto del acceso al agua potable, la salud pública, el ambiente sano y la adecuada prestación del servicio.

Que en punto al tema cabe señalar que este Ente Regulador no es parte de la medida judicial invocada.

Que a su vez, también es necesario relevar que la modificación de los zonales es una obligación impuesta por la cláusula 8.6 del Contrato de Concesión, y que la modificación del m3 de cloaca en el Radio Antiguo se encuentra dispuesta en la cláusula 1.14 del mismo cuerpo normativo.

Que en punto al tema cabe recordar que el Instrumento de Vinculación aprobado por la Resolución N° 170 de fecha 23 de febrero de 2010 del entonces MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS (B.O. 25/2/10) en su Anexo VII establecía la revisión de los coeficientes zonales con una frecuencia no mayor a 10 años, lo cual no fue realizado hasta la fecha.

Que diversos expositores plantearon inquietudes sobre el régimen de notificación, restricción o corte de los servicios por falta de pago, el taponamiento de la conexión cloacal y el cobro judicial de deudas. Entre ellos se cuentan los señores GRAY, Pedro Alberto BUSSETTI y Sergio GONZÁLEZ, y las señoras ALADIO GONZÁLEZ, COSTA, CEDRO, CENTURIÓN y Agustina CARPIO, por CEPIS.

Que la Concesionaria describió el procedimiento ante la mora previsto en los artículos 78° a 81° del Marco Regulatorio.

Que el Marco Regulatorio establece la intimación previa de pago con una anticipación mínima de siete días hábiles, en la que debe informarse la existencia de la Tarifa Social y de los planes de pago disponibles.

Que tanto el Marco Regulatorio como el Contrato de Concesión exigen, además, mora mínima de sesenta días corridos para los usuarios residenciales y de quince días para los no residenciales, contados desde el segundo vencimiento, y la reconexión del servicio dentro de las 48 horas de acreditado el pago.

Que además la normativa establece que no procede el corte cuando existe un acuerdo de pago vigente, cuando el usuario objetó las razones del corte y la Concesionaria no se expidió, o cuando media una orden expresa del ERAS.

Que asimismo este Ente Regulador puede ordenar la suspensión transitoria del corte cuando el usuario residencial no está en condiciones económicas de afrontar el pago, y que la facultad de corte no puede ejercerse respecto de hospitales, sanatorios y cárceles.

Que este Ente Regulador se encuentra sujeto al principio de legalidad por lo cual debe estarse a lo dispuesto tanto por el Marco Regulatorio como por el Contrato de Concesión.

Que por otra parte, la Concesionaria informó que aplica la restricción del servicio como medida preferente frente al corte. Agregó que los usuarios de Tarifa Social, las UREM, los conjuntos habitacionales, los casos de garantía de suministro y las instituciones protegidas constituyen cuentas no cortables o con procedimientos propios, y que el taponamiento de la conexión cloacal solo se contempla como último recurso para usuarios no residenciales.

Que, en cuanto al cobro judicial, conforme lo establecido por el artículo 78° del Marco Regulatorio, las facturas y certificados de deuda tienen fuerza ejecutiva y se cobran por el procedimiento de ejecución fiscal, y las acciones de cobro prescriben a los cinco años.

Que CEDRO advirtió sobre el riesgo de corte del servicio mientras se tramitan reclamos por la recategorización.

Que conforme la normativa vigente deducido el reclamo, el usuario puede mantener el servicio si abona como pago a cuenta el monto de la última factura consentida o el de la factura reclamada.

Que además, la inclusión en el Programa de Tarifa Social interrumpe el corte de servicio.

Que la Concesionaria señaló que el procedimiento aplicable a los cortes se supedita a lo que resulte del proyecto de Reglamento del Usuario, que deberá aprobar el ERAS, conforme al artículo 86° del Marco Regulatorio. Indicó, asimismo, que los plazos máximos de respuesta a los reclamos se establecerán en dicho reglamento.

Que la DEFENSORA DEL USUARIO y el Intendente GRAY señalaron la necesidad de contar con un Reglamento del Usuario y solicitaron su dictado. FONTELA manifestó que no existe un Reglamento del Usuario al menos desde el año 2008, y ORLANDO informó que la SINDICATURA DE USUARIOS emitió un dictamen que rechaza el proyecto presentado por la Concesionaria.

Que ALADIO GONZÁLEZ observó que el proyecto de Reglamento del Usuario habilita la interrupción del suministro por falta de pago, incluso para usuarios residenciales, y solicitó la revisión de esas disposiciones a fin de garantizar el acceso al agua para necesidades básicas.

Que corresponde señalar que las referencias formuladas remiten a un proyecto de Reglamento del Usuario que reviste carácter de propuesta presentada por la Concesionaria conforme lo establecido en el artículo 86° del Marco Regulatorio y no constituye normativa vigente, y que los planteos expuestos serán considerados por parte de este Ente Regulador en el expediente EX-2025-00029362- -ERAS-SEJ#ERAS.

Que, asimismo, en dicho expediente tramita el Proyecto de Reglamento del Usuario propuesto por este Ente Regulador, conjuntamente con el análisis realizado por las áreas técnicas de este Organismo.

Que allí se incorpora la restricción del servicio como etapa previa al corte para los Usuarios Residenciales y sujeta el corte del servicio de desagües cloacales de dichos Usuarios a la intervención previa de este Ente Regulador, lo que constituye un avance respecto al proyecto presentado por la Concesionaria.

Que por lo tanto, corresponde estarse a la tramitación seguida en el citado Expediente EX-2025-00029362- -ERAS-SEJ#ERAS.

Que el Lic. LENTINI acompañó con su inscripción un informe, registrado como IF-2026-00023911-ERAS-ICOM#ERAS, cuya incorporación fue autorizada por la Presidencia durante la Audiencia.

Que dicho informe desarrolla los objetivos básicos de la tarifa (sostenibilidad, eficiencia económica, igualdad y asequibilidad), las modalidades de facturación medida y no medida, los sistemas de subsidios y las experiencias de Chile y Colombia. Asimismo, analiza la evolución del régimen tarifario de la Concesión y formula conclusiones y recomendaciones sobre la propuesta.

Que entre sus conclusiones el informe señala que la propuesta de AySA tiene por objeto cumplir con el Marco Regulatorio y el Contrato de Concesión, y que la metodología utiliza información pública elaborada por el INDEC, con la actualización periódica que exigen dichas normas, y procedimientos econométricos de uso habitual en la materia.

Que el informe considera razonable la reducción de la cantidad de coeficientes zonales, por cuanto mejora la simplicidad, la transparencia y la comprensión del régimen tarifario, y destaca su similitud con el sistema de seis estratos aplicado en Colombia. Sostiene, además, que la metodología permite obtener resultados razonablemente fundados dentro de los plazos previstos en el Contrato de Concesión.

Que el informe advierte también que el análisis de impacto reconoce casos de usuarios con incrementos significativos de facturación, incluidos los derivados del retiro del descuento del quince por ciento (15%), lo que resulta atendible por este Ente Regulador.

Que, asimismo efectúa diversas recomendaciones tales como: a) instrumentar el seguimiento de los incrementos de facturación al nivel de cada usuario, por la aplicación de los nuevos zonales y por la instalación de medidores; b) fortalecer el Programa de Tarifa Social; c) priorizar el acceso a los servicios en barrios populares y Urbanizaciones Emergentes (UREM); d) activar la implementación del sistema medido; y e) fortalecer la transparencia y el control de la aplicación del régimen tarifario y de los fondos resultandos; todo sobre lo cual este Ente Regulador se expide a continuación.

Que las restantes recomendaciones del informe —fortalecer la gobernanza de la Concesión y la gobernanza corporativa de la prestadora, mejorar los instrumentos regulatorios según las mejores prácticas, perfeccionar el modelo económico-financiero y fortalecer la contabilidad regulatoria— exceden el objeto de la presente, por lo que se tienen presentes y serán consideradas por este Ente Regulador en el ejercicio de sus funciones de regulación y control.

Que, en consecuencia, resulta pertinente dejar constancia de que la metodología de la Concesionaria se apoya en información censal pública, en una encuesta oficial y en un modelo econométrico replicable, y que los aspectos que la propia Concesionaria califica como de apreciación —la elección del umbral de clusterización, las modificaciones manuales sobre el 1,7% de los radios, la asignación de los zonales especiales por definición normativa y el conjunto de valores de coeficientes y factores del m3 —son considerados instrumentos adecuados para la actualización de los coeficientes zonales vigentes, establecidos hace 40 años en circunstancias evidentemente diferentes de las actuales.

Que la asignación de zonales especiales para las Urbanizaciones Emergentes (UREM), que se encuentren determinadas en el RENABAP, como para los Barrios Cerrados, es un criterio adecuado para diferenciar las características especiales de dichas urbanizaciones, tratando de esta forma a polígonos diferenciados de manera específica, en concordancia con lo requerido por la DEFENSORA DEL USUARIO en su exposición.

Que dichas correcciones manuales no generan un tratamiento discriminatorio de los usuarios afectados.

Que corresponde dejar claramente establecido que la aprobación de la actualización de los coeficientes zonales y de su asignación geográfica, en los términos de la cláusula 8.6 del Contrato de Concesión, es una decisión distinta e independiente de la definición de su implementación y de la consecuente modificación tarifaria; toda vez que la primera consiste en determinar los niveles zonales, sus valores, los factores del precio del m3 y los perímetros y criterios de asignación en cumplimiento de lo dispuesto en el Contrato de Concesión, mientras que la segunda comprende el programa de implementación y su gradualidad, los topes de incremento mensual, el tratamiento del descuento del 15% sobre el coeficiente de modificación K, los plazos de convergencia y los efectos sobre la facturación de los usuarios los que no deben, en ningún caso, modificar los Ingresos Netos de la Concesionaria para el Primer Ciclo Tarifario.

Que el Contrato de Concesión establece específicamente que, la modificación aquí tratada en ningún momento y bajo ningún concepto, es posible modificar los Ingresos de la Concesionaria en tanto ellos ya fueron definidos para todo el Primer Ciclo Tarifario.

Que la cláusula 2.2 del Contrato de Concesión dispone que el Plan de Acción del Primer Ciclo Tarifario debía realizarse “teniendo en cuenta los precios y tarifas vigentes al momento de su presentación ante el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), y considerando que, durante el Primer Ciclo Tarifario, no habrá revisiones en los precios y tarifas mencionados”; que, en igual sentido, la cláusula 2.4 del Contrato de Concesión (“Régimen Tarifario y Económico durante el Primer Ciclo Tarifario”) establece que “el régimen tarifario y económico aplicable durante el Primer Ciclo Tarifario será el que rija al momento de la presentación ante el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) del Plan de Acción del Primer Ciclo Tarifario para su aprobación, conforme a lo estipulado en el Reglamento de Aplicación de Normas Tarifarias (RANT) “.

Que por lo tanto, el nivel tarifario vigente a la fecha de presentación del Plan de Acción de la Concesionaria constituye, por expresa disposición contractual, el parámetro tarifario aplicable a todo el Primer Ciclo Tarifario, sin que corresponda proyectar nuevas revisiones tarifarias ordinarias durante su transcurso.

Que en consecuencia, y tal como fuera expuesto ut supra, los incrementos que genere la modificación de los coeficientes zonales, o del valor del m3 de cloaca en el Radio Antiguo, no puede bajo ningún concepto incrementar los ingresos de la Concesionaria.

Que al respecto el Contrato de Concesión prevé en su cláusula 7.3 que de verificarse excedentes o déficits en los ingresos este Ente Regulador se encuentra facultado a modificar las Metas de inversión establecidas o subsidiar a otros grupos de Usuarios, en tanto en ningún momento estos pueden ser destinados a la Concesionaria.

Que, por tal motivo, la aprobación de la metodología de delimitación de los zonales no implica aceptar el cronograma, los topes ni el nivel de ingresos que la Concesionaria asocia a su propuesta; siendo este Ente, en ejercicio de las facultades que le confieren el Marco Regulatorio y el Contrato de Concesión, quien define por separado las condiciones de implementación, incluido el destino de cualquier excedente resultante, a fin de resguardar el impacto sobre los usuarios y equilibrio económico-financiero del Contrato sin generar ingresos adicionales a la Concesionaria.

Que, habida cuenta de que los Ingresos Netos Requeridos de la Concesionaria fueron determinados por este Ente Regulador mediante la Resolución ERAS N° 30/26, no corresponde admitir el reconocimiento de ingresos adicionales a los ya contemplados en la Base de Activos Regulatorios establecida en dicho acto administrativo.

Que, analizada la propuesta presentada por AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A., así como la documentación complementaria, y las respuestas brindadas a los requerimientos de información formulados por este Ente Regulador, corresponde expedirse sobre la modalidad y el cronograma de implementación de la modificación de los coeficientes zonales propuestos.

Que, si bien la actualización del esquema de coeficientes zonales resulta necesaria a efectos de adecuar la distribución de las cargas tarifarias a las actuales características socioeconómicas y territoriales del área de la concesión, la modalidad de implementación debe ser evaluada de manera independiente, atendiendo a los principios de razonabilidad tarifaria, equidad distributiva, gradualidad y previsibilidad para los usuarios, así como a la preservación del equilibrio económico-financiero de la Concesión.

Que, en ese marco, corresponde rechazar la modalidad de implementación propuesta por la Concesionaria en los términos planteados, debiendo establecerse un esquema de aplicación definido por este Ente Regulador que permita compatibilizar la corrección de las distorsiones existentes en la clasificación zonal con una transición ordenada, previsible y gradual hacia los valores tarifarios que resulten de la nueva categorización.

Que, en consecuencia, se establece que la implementación del nuevo esquema de coeficientes zonales comenzará a partir de febrero de 2027, conforme al cronograma y a las condiciones que se determinan en la presente resolución.

Que la DEFENSORA DEL USUARIO, la SINDICATURA DE USUARIOS, las DEFENSORÍAS DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y el señor LENTINI, entre otros expositores, plantearon el impacto del retiro del descuento del quince por ciento (15%) sobre el coeficiente de modificación K y la necesidad de una mayor gradualidad en la implementación.

Que este Ente Regulador considera atendibles dichos planteos, por lo que corresponde sean receptados en las condiciones de implementación.

Que el artículo 5° de la Resolución ERAS N° 24 de fecha 2 de julio de 2026 (RESFC-2026-24-E-ERAS-SEJ#ERAS - B.O. 3/7/26) dispuso mantener la reducción del quince por ciento (15%) aplicable al coeficiente de modificación K para los inmuebles de las categorías Residencial y Baldío localizados en los coeficientes zonales bajos vigentes (1,10; 1,30 y 1,45), como beneficio adicional para los Usuarios alcanzados por dichos niveles zonales.

Que la propuesta presentada por la Concesionaria propicia retirar el descuento del quince por ciento (15%) sobre el coeficiente de modificación K a los Usuarios que, por la nueva clasificación, dejen de pertenecer a un zonal bajo (0,75), mediante un esquema de tres etapas mensuales (10%, 5% y 0%).

Que la propuesta de AySA reconoce que la quita del descuento tiene una incidencia dentro de un incremento total proyectado del 3,9%, y que dicha quita se suma al incremento derivado del cambio de coeficiente zonal.

Que la medida alcanza a los Usuarios provenientes de los zonales actuales 1,10; 1,30 y 1,45 que son reclasificados en el zonal 1,25 (Medio Bajo), que según la Propuesta comprenden 406.600 Usuarios residenciales con aumento de factura (66.561; 241.702 y 98.337 Usuarios, respectivamente), y que representan el 20,3% de los 1.998.747 Usuarios residenciales que experimentarían aumentos.

Que el coeficiente zonal de valor 1,25 (Medio Bajo) constituye el segundo nivel más bajo del nuevo esquema, con un coeficiente zonal sustancialmente inferior a los niveles medio (1,75), medio alto (2,25) y alto (2,75) y un factor de precio del m3 de 1,30, por lo que corresponde a inmuebles que el propio esquema propuesto ubica en el segmento inferior de ingresos estructurales relativos.

Que, en concordancia con ello, este Ente considera como niveles bajos que deben ser alcanzados por el descuento del 15% sobre el coeficiente de modificación K a los coeficientes zonales 0,75 y 1,25 del nuevo esquema, resultando razonable que el beneficio asociado a los zonales bajos se mantenga para los inmuebles clasificados en ambos niveles.

Que la propia propuesta de AySA reconoce que estos Usuarios tendrían el doble efecto de la pérdida del descuento del quince por ciento (15%) sobre el coeficiente de modificación K y de los incrementos por cambio de coeficiente zonal, y limita ese efecto únicamente mediante el orden de aplicación de ambas medidas, sin evitar que ambas recaigan sobre los mismos Usuarios.

Que corresponde a este Ente, en ejercicio de sus funciones de control y de protección de los derechos de los Usuarios, evitar la acumulación de incrementos sobre un mismo Usuario y limitar el impacto de las medidas que se adopten, privilegiando los criterios de gradualidad, previsibilidad y razonabilidad en la facturación de servicios esenciales.

Que ampliar el alcance del descuento del quince por ciento (15%) sobre el coeficiente de modificación K al zonal Medio Bajo (1,25) permite que estos Usuarios enfrenten únicamente el incremento derivado del cambio de coeficiente zonal, sujeto al límite mensual de convergencia que se establece, sin la pérdida simultánea del descuento, y atenúa el mayor impacto relativo de la medida sobre los inmuebles de menor capacidad contributiva estimada.

Que por lo tanto, y a fin de limitar el impacto de la medida sobre los Usuarios, el descuento del 15% sobre el coeficiente de modificación K establecido en el artículo 5° de la Resolución ERAS N° 24/26 debe alcanzar tanto al zonal Bajo (0,75) como también al zonal Medio Bajo (1,25).

Que de esta forma, se protege al Usuario comprendido en áreas de zonales Bajos y Medio Bajos de la acumulación de incrementos limitando su impacto.

Que dicho descuento no altera la propuesta de coeficientes zonales, de perímetros ni de factores de precio del m3, que se evalúa en forma independiente de su implementación y de la modificación tarifaria resultante, sino que constituye una decisión de implementación orientada a limitar el impacto de la medida sobre los Usuarios.

Que el efecto de este descuento sobre los ingresos de la Concesionaria debe ser cuantificado y considerado por este Ente en el análisis del equilibrio económico-financiero de la concesión y en la determinación de los valores tarifarios, de modo de preservar la neutralidad buscada para el conjunto de la medida.

Que, conforme a la modalidad de implementación efectivamente adoptada por este Ente Regulador (tope del 1,5% mensual y mantenimiento del descuento del 15% también para el zonal 1,25), la GERENCIA DE ECONOMÍA de este Organismo estimó un excedente sensiblemente menor, de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES ($ 237.676.000.000) de diciembre de 2025 para la totalidad del Primer Ciclo Tarifario, con una asignación potencial promedio estimada de TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS (331.500) beneficiarios adicionales; que corresponde tener presente esta recalculación a los fines de la asignación de recursos al Programa de Tarifa Social conforme a la modalidad de implementación aprobada en la presente.

Que, a los efectos de ordenar dicha implementación, se dispondrá como primera etapa la aplicación inmediata de los decrementos generados a los Usuarios la modificación de los zonales.

Que para aquellos usuarios residenciales y baldíos que, encontrándose actualmente comprendidos en un zonal bajo y beneficiándose del descuento respectivo, resulten clasificados en un nivel zonal superior conforme al nuevo esquema, corresponde iniciar con la eliminación del descuento que alcanza únicamente a los zonales bajos y medio bajos de forma escalonada.

Que, sin perjuicio de ello, y con el objeto de morigerar el impacto de la transición sobre las facturas de los usuarios alcanzados, los incrementos derivados de la modificación de los coeficientes zonales deberán instrumentarse de manera gradual, estableciéndose un límite máximo del UNO COMA CINCO POR CIENTO (1,5%) mensual para la aplicación de tales incrementos, de acuerdo con las condiciones y el mecanismo de implementación que se establecen en la presente resolución.

Que, el esquema adoptado debe contemplar, asimismo, que la aplicación inmediata de los decrementos tarifarios que resulten de la nueva clasificación zonal producirá una reducción inicial de los ingresos, cuya incidencia deberá ser considerada conjuntamente con los ingresos que se generen en las etapas posteriores de implementación.

Que esta gradualidad busca limitar el impacto de la medida en los Usuarios, teniendo en cuenta que el excedente que se genere no forma parte de los ingresos de la Concesionaria como fuera expuesto precedentemente y debe ser destinado íntegramente al Programa de Tarifa Social.

Que, en virtud de lo expuesto, todo ingreso adicional que pudiera generarse como consecuencia de la implementación de la propuesta presentada por la Concesionaria, luego de la recuperación de los decrementos, deberá ser identificado, cuantificado y determinado de manera expresa, diferenciada y verificable, sin que en ningún caso pueda ser considerado como ingreso propio de la Concesionaria ni incorporado a sus ingresos reconocidos regulatoriamente.

Que, asimismo, la totalidad de dichos ingresos adicionales, luego de recuperados los decrementos, deberá ser íntegramente asignada al Programa de Tarifa Social y, de existir excedentes, al financiamiento de las metas, obras y demás acciones que determine este Ente Regulador, conforme a los criterios, prioridades y mecanismos de asignación que este Organismo establezca conforme a lo dispuesto por la cláusula 7.3 del Contrato de Concesión.

Que, si la necesidad de financiamiento del programa de Tarifa Social no agotara el “excedente disponible”, los fondos no utilizados por Programa de Tarifa Social, se destinarán a la ampliación de las Metas de la Concesionaria en los términos de la cláusula 7.3 del Contrato de Concesión.

Que, a tales efectos, la Concesionaria deberá garantizar la plena trazabilidad de los ingresos generados, su adecuada individualización contable y la acreditación documentada de su destino, certificado a través del Auditor Contable de la Concesión, quedando expresamente excluida toda posibilidad de apropiación, retención o imputación de dichos fondos a favor de la Concesionaria.

Que, en tal sentido, de acuerdo con el cronograma de aplicación que se establece, durante el primer año no se prevén excedentes de ingresos atribuibles a la modificación de los coeficientes zonales, toda vez que los ingresos adicionales que se produzcan con posterioridad serán destinados a compensar el efecto de las reducciones tarifarias aplicadas desde el inicio del proceso.

Que, por consiguiente, la implementación deberá analizarse considerando el efecto económico acumulado de las distintas etapas y no exclusivamente los incrementos que pudieran verificarse en determinados períodos, en tanto la aplicación de los decrementos y de los incrementos responde a un mismo proceso de adecuación de la estructura tarifaria.

Que, el criterio adoptado permite avanzar en la actualización del esquema zonal, resguardando la equidad en la distribución de las cargas tarifarias y procurando, al mismo tiempo, que la transición hacia la nueva estructura se desarrolle de manera gradual, previsible, para el Usuario y compatible con el equilibrio económico-financiero de la Concesión.

Que la presentación efectuada por la Concesionaria constituye un avance metodológico de relevancia para la determinación de los coeficientes zonales, al incorporar variables transparentes y de carácter continuo, constituyendo un antecedente para las futuras revisiones que deberán realizarse con una frecuencia no mayor a DIEZ (10) años de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Concesión.

Que la agrupación en cinco zonales resulta consistente con la distribución continua del ingreso en el AMBA, alcanzando un nivel de homogeneidad cercano al de las particiones óptimas.

Que, en consonancia con la redefinición de los coeficientes zonales en cinco niveles, la propuesta reemplaza las tres franjas preexistentes del precio del metro cúbico aplicables a los usuarios residenciales y baldíos bajo régimen medido (factores de 1,40; 1,60 y 2,00) por cinco niveles diferenciados con factores de 1,10; 1,30; 1,50; 1,75 y 2,00, asociados respectivamente a los nuevos coeficientes zonales 0,75; 1,25; 1,75; 2,25 y 2,75.

Que dicha unificación de criterios entre los regímenes medido y no medido promueve la coherencia interna de la estructura tarifaria y permite reflejar con mayor gradualidad las diferencias de capacidad contributiva, ampliando asimismo el rango de los umbrales de consumo bimestral asociados a la Factura Mínima, lo que otorga un mayor margen de consumo cubierto por el piso mínimo de facturación en los niveles zonales inferiores.

Que, por su parte, la cláusula 1.14 del Contrato de Concesión establece que, en ocasión de aprobarse un nuevo Reglamento de Aplicación de Normas Tarifarias (RANT) conforme lo dispuesto en la cláusula 8.6, deberán adecuarse los precios del metro cúbico correspondientes al servicio de desagües cloacales en el denominado Radio Antiguo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de contemplar el cobro del servicio de desagües pluviales.

Que, en cumplimiento de dicha previsión contractual, la Concesionaria propone aplicar un adicional del DIEZ POR CIENTO (10%) sobre el precio del metro cúbico del servicio de desagües cloacales para los usuarios alcanzados por el régimen medido ubicados en el Radio Antiguo, replicando el diferencial ya previsto en el RANT.

Que la incorporación de dicho diferencial resulta pertinente y razonable en el marco del proceso de generalización de la micromedición previsto contractualmente, toda vez que evita que el pasaje de usuarios del régimen no medido al régimen medido suprima el reconocimiento tarifario del servicio de desagües pluviales, preservando la coherencia interna y la equidad de tratamiento entre ambos regímenes de facturación, con una incidencia marginal sobre los ingresos totales de Emisión General estimada en el CERO COMA DIECIOCHO POR CIENTO (+0,18%).

Que, asimismo, a efectos de otorgar certeza normativa y facilitar la correcta identificación de los usuarios alcanzados por dicha adecuación, resulta oportuno explicitar este tratamiento en el Reglamento de Aplicación de Normas Tarifarias (RANT) e incorporar el correspondiente plano que delimita el Radio Antiguo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Que en términos de progresividad, la propuesta de AySA reduce la incidencia del gasto sobre el Ingreso Total Familiar para los tres deciles más bajos, mientras que incrementa moderadamente la participación de la factura en la canasta de los deciles de mayores ingresos (del quinto decil en adelante).

Que, no obstante ello, dado que el SESENTA POR CIENTO (60%) de los usuarios residenciales afrontaría incrementos en su factura final, resulta determinante establecer un tope de aumento acumulativo mensual para garantizar la gradualidad y minimizar el impacto sobre las tarifas de los usuarios afectados bajo el nuevo esquema propuesto.

Que la quita del subsidio propuesta por AySA afecta principalmente a los usuarios que se ven recategorizados desde los actuales zonales bajos (1,1; 1,3; 1,45) hacia el zonal medio-bajo propuesto (1,25), perjudicando a parte de la población más vulnerable.

Que, a fin de mitigar el efecto conjunto de estas medidas y el impacto de los ajustes sobre los usuarios alcanzados por incrementos, resulta necesario establecer un esquema de implementación diferencial, gradual y progresivo para las modificaciones asociadas a los coeficientes zonales, disponiendo paralelamente que todos los casos en los que la nueva clasificación implique una disminución del monto facturado accedan al nuevo valor desde la entrada en vigencia del esquema.

Que, por otra parte, desde el punto de vista técnico y regulatorio, toda modificación de los coeficientes zonales, de los factores aplicables al precio del metro cúbico y del alcance del descuento del quince por ciento (15%) sobre el coeficiente de modificación K importa un cambio en la estructura tarifaria vigente, en tanto altera las fórmulas de determinación de las facturas individuales —generando incrementos efectivos en la facturación del SESENTA POR CIENTO (60%) de los usuarios residenciales— y modifica el nivel global de ventas devengadas de la Concesionaria por encima de los Ingresos Requeridos Netos aprobados para el Primer Ciclo Tarifario mediante la Resolución ERAS N° 30/26.

Que, conforme surge del análisis económico financiero efectuado, la propuesta de la Concesionaria no resulta neutral, sino que generaría un crecimiento en los ingresos requeridos netos proyectados de la Concesión (estimado en $ 502.929 millones en concepto de ventas devengadas acumuladas para todo el Primer Ciclo Tarifario) por encima del nivel de equilibrio aprobado; excedente que la propia empresa propone destinar al Programa de Tarifa Social.

Que, conforme a la modalidad de implementación efectivamente adoptada por este Ente Regulador (tope del 1,5% mensual y mantenimiento del descuento del 15% también para el zonal 1,25), se estima un excedente sensiblemente menor, de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES ($ 237.676.000.000) de diciembre de 2025 para la totalidad del Primer Ciclo Tarifario.

Que dicho incremento en los ingresos genera un excedente económico acumulado para el Primer Ciclo Tarifario no contemplado en la ecuación de equilibrio económico-financiero (cláusula 9.3 del Contrato de Concesión), modificando la relación entre ingresos y egresos aprobada mediante la Resolución ERAS N° 30/26; por lo que, en virtud de lo dispuesto en la cláusula 2.4 del Contrato de Concesión, no puede admitirse un aumento en los ingresos reconocidos a la Concesionaria.

Que, en consecuencia, más allá de que la revisión zonal persiga corregir asimetrías en la distribución de los subsidios cruzados, su carácter de modificación de la estructura tarifaria impone la intervención de este Ente Regulador en los términos de las cláusulas 7.3 y 9.4 del Contrato de Concesión, tanto para mitigar la traslación de los aumentos sobre los usuarios como para preservar inalterada la ecuación de equilibrio económico-financiero a lo largo de todo el Primer Ciclo Tarifario, lo que torna necesario determinar expresamente el destino regulatorio del excedente resultante de la aplicación del referido esquema gradual.

Que la alternativa propuesta por AySA consistente en absorber dicho excedente mediante la expansión del universo de beneficiarios de la Tarifa Social exhibe escasa viabilidad de ejecución integral en el período considerado, dado que la cantidad de beneficiarios tendría casi que duplicarse respecto al máximo histórico registrado en 2018, una multiplicación de casi 5 veces respecto los valores actuales efectivamente observados, lo que, para los plazos propuestos, exigiría una capacidad operativa inusual en la historia del Programa.

Que en este marco, el cierre de las oficinas comerciales por parte de AySA en distintos distritos de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES dificulta el acceso masivo al Programa que propone la Concesionaria.

Que, asimismo, a efectos de resguardar la situación socioeconómica de los hogares vulnerables que ya se encuentran incorporados al Programa de Tarifa Social, corresponde disponer la aplicación de un descuento adicional específico que asegure que las modificaciones aprobadas por la presente resolución no alteren el importe final de sus facturas a pagar desde su respectiva incorporación al Programa y hasta la fecha de renovación o cese de dicho beneficio.

Que, en virtud de lo expuesto, corresponde aprobar el nuevo esquema de determinación de coeficientes zonales, con las condiciones, los límites y el cronograma establecidos por este Ente Regulador, sin receptar la modalidad de implementación propuesta por la Concesionaria.

Que, en consecuencia, corresponde modificar el Reglamento de Aplicación de Normas Tarifarias -RANT-, debiéndose además en este acto aprobar el texto ordenado que recepte las modificaciones introducidas por el Marco Regulatorio y el Contrato de Concesión vigente.

Que, en este sentido, corresponde modificar el artículo 1° adecuando la determinación y actualización del coeficiente de modificación K al mecanismo vigente previsto en el artículo 4° de la Resolución ERAS N° 24/26.

Que esto así, corresponde incorporar explícitamente el último valor vigente —correspondiente a noviembre de 2026— y la reexpresión de los términos de la fórmula anclados al valor de referencia de marzo de 2024.

Que, por su parte, corresponde adecuar en el artículo 2° el listado a lo expuesto y desagregado en las tablas que componen el Anexo A al cual refiere. Por consiguiente, se incorpora la desagregación de la factura mínima por tipo de unidad que refleja el Anexo A, mencionando que el precio del metro cúbico corresponde a cada coeficiente zonal a fin de reflejar la actualización de que se trata.

Que también se simplifican las tablas del Anexo A atento que los valores vigentes de cada categoría son los mismos para todas las clases y/o tipos: los parámetros para la categoría residencial son válidos e idénticos para Clase RI y RII; los parámetros expuestos para la categoría no residencial son válidos e idénticos para Clase NRI y NRII, Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 3. Por tal motivo, se introduce en la redacción de este artículo 2° que los valores establecidos en el ANEXO A para categoría se aplicarán por igual a todas las clases y tipos.

Que se incorpora el artículo 3° a fin de procurar que el tratamiento tarifario del Radio Antiguo quede expresamente identificado, y así otorgar mayor claridad respecto del fundamento, alcance y componentes tarifarios sobre los que corresponde aplicar el diferencial asociado al sistema mixto de desagües pluviocloacales.

Que el Régimen Tarifario estipula en las fórmulas de determinación del cargo fijo y del cargo variable correspondiente al régimen no medido el uso del Factor de Servicio (FS). Dicho factor adopta el valor igual a 1 cuando se presta únicamente el servicio de agua potable o el servicio de desagües cloacales y el valor de 2 cuando se prestan ambos servicios.

Que este mecanismo implica idéntico tratamiento tarifario para cada servicio, y por consiguiente no permite aplicar valores diferenciados para agua potable y desagües cloacales.

Que, por consiguiente, corresponde incorporar como artículo 4° que, a efectos del cálculo del Cargo Variable para régimen medido establecido en el artículo 16 del Régimen Tarifario, se reemplaza el Factor de Servicio por la suma de los parámetros correspondientes a los servicios efectivamente prestados, y de esta manera se asimila su función. Conforme a este nuevo criterio, cuando el inmueble reciba un solo servicio se aplicará el parámetro asignado a ese único servicio; y cuando reciba dos servicios, se aplicará la suma de los parámetros asociados a cada servicio. De este modo, para un inmueble que cuente únicamente con el servicio de agua potable se utilizará el valor previsto para agua; para uno que perciba únicamente desagües cloacales se utilizará el valor de cloaca común o de Cloaca Radio Antiguo, según su ubicación; y, cuando se presten ambos servicios, se sumará el parámetro de agua al parámetro de cloaca que corresponda.

Que así pues, la introducción de este artículo conserva la estructura actual del Anexo A del Reglamento de Aplicación de Normas Tarifarias -RANT-, y permite aplicar correctamente valores diferenciales por servicio.

Que con relación al artículo 7° -Coeficiente de Edificación Especiales- se sustituye la referencia a la “Autoridad de Aplicación” por “Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) ” en consonancia con lo dispuesto en el Marco Regulatorio (T.O. 2025) y se modifica la normativa citando la actualmente vigente.

Que asimismo, se reemplaza la expresión “Barrios Carenciados” por “Urbanizaciones emergentes”, con el objeto de unificar la denominación utilizada en el Reglamento de Aplicación de Normas Tarifarias –RANTcon la empleada en la propuesta de AySA.

Que el artículo 8° del RANT establece que el coeficiente zonal fijo y coeficiente zonal variable tienen el mismo valor y explicita los nuevos valores de coeficientes zonales derivados de la propuesta presentada por AySA.

Que se modifica el artículo 9° a fin de incorporar en el Reglamento de Aplicación de Normas Tarifarias -RANT- la actualización de los coeficientes zonales especiales. Para lo cual, respecto a las urbanizaciones cerradas, se elimina la posibilidad de asignar un coeficiente superior a 2,75 dado que ese valor constituye el máximo de la nueva escala propuesta, y respecto a las urbanizaciones emergentes se incorpora un coeficiente zonal fijo y variable de 0,75.

Que el artículo 11° se modifica con el objeto de adecuar el Cargo por Construcción a las previsiones del nuevo Marco Regulatorio donde se aporta mayor claridad sobre su forma de cálculo. A tal efecto, se establece expresamente que el cargo corresponde a las construcciones realizadas sobre inmuebles ubicados en áreas servidas de agua potable y/o de desagües cloacales y se especifica que el cálculo corresponde a un período de 180 días.

Que se incorpora en el artículo 20° que “En caso de notificación electrónica, no corresponderá aplicar el Cargo de Aviso de Restricción/Corte.”, atento que el Marco Regulatorio actualmente contempla que la intimación de pago podrá ser electrónica y que en dicho caso no tiene asociado costo adicional para la Concesionaria.

Que asimismo, se aclara que el cargo procede habiéndo concretado o no la restricción/corte, dado que se vincula con su emisión y la situación de mora del usuario, resultando independiente de la acción posterior del Usuario.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 31° del Régimen Tarifario corresponde a futuro la incorporación del “cargo correspondiente por inspección periódica posterior al corte conforme la frecuencia y valores establecidos en el Reglamento de Aplicación de Normas Tarifarias.” Atento que no existen propuestas para su determinación, AySA deberá presentar un estudio de costos para determinar el precio del cargo aludido.

Que el artículo 23° del RANT sobre el Cargo de Acceso al Servicio se adecúa a lo contemplado en el artículo 32° del Régimen Tarifario donde establece que afecta únicamente a las Unidades que resulten alcanzadas por el Plan Director de Mejora Estratégica y señala que su valor, alcance y modalidades de cobro serán establecidos en el RANT.

Que el artículo 25° sobre la tarifa de descarga cloacal en bloque contempla una tarifa diferenciada para el caso del Partido de Berazategui y dado que dicha planta se encuentra habilitada desde 2014, se considera oportuno la adecuación de la redacción a fin de reflejar dicha situación en el Reglamento de Aplicación de Normas Tarifarias -RANT- .

Que la modificación del artículo 27° tiene por objeto unificar los criterios de expresión de los cargos en valores diarios y dado que el Cargo por Titularidad No Informada es el único cargo que aún se encuentra expresado en términos bimestrales, se procede a su reexpresión a valor diario.

Que corresponde adecuar el artículo 32° sobre el Plan Anual de Medición al artículo 75 del Marco Regulatorio (T.O. 2025) y que habiéndose aprobado el Plan de Acción de la Concesionaria del Primer Ciclo Tarifario mediante Resolución ERAS N° 30/26 se entiende que corresponde mantener dicho artículo a fin de que se presente la programación anual y establecer que la Concesionaria deberá presentar al Ente Regulador de Agua y Saneamiento antes del 31 de diciembre de 2026 el Plan Anual de Medición correspondiente al año 2027.

Que corresponde modificar los artículos 33° -Cargo por Certificación de Deuda- y el artículo 36° -Tratamiento de la deuda en caso de facturación unificada- a fin de adecuarlos a los cambios producidos en la normativa vigente.

Que atento la modificación en los valores de coeficiente zonal, corresponde modificar el inciso d) 2) del artículo 40 en lo que refiere a la posibilidad de condonación o quita de capital original en el caso de deuda de usuarios localizados en áreas de bajo nivel de coeficiente zonal y reemplazarlos tres menores niveles de coeficiente zonal (1,10; 1,30 y 1,45) por los dos menores niveles (0,75 y 1,25).

Que, asimismo, en cuanto al inciso g) y de acuerdo con las competencias establecidas en el nuevo Marco Regulatorio, se reemplaza Autoridad de Aplicación por Ente Regulador de Agua y Saneamiento -ERAS-.

Que en el Anexo A del Reglamento de Aplicación de Normas Tarifarias -RANT- se incorporan nuevas tablas de tarifas generales que materializan las modificaciones expuestas supra.

Que en el Anexo C del Reglamento de Aplicación de Normas Tarifarias -RANT- se incorporan los planos correspondientes a los nuevos coeficientes zonales, y se elimina la aplicación del coeficiente zonal mínimo del distrito a las áreas de expansión.

Que además se incorpora como Anexo E del Reglamento de Aplicación de Normas Tarifarias -RANT- que incluye el plano que delimita el Radio Antiguo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Que por Notas ERAS Nros. NO-2026-00020124-ERAS-GG#ERAS, NO-2026-00020125-ERAS-GG#ERAS, NO-2026-00021554-ERAS-GG#ERAS, NO-2026-00021555-ERAS-GG#ERAS, NO-2026-00021674-ERAS-GG#ERAS, NO-2026-00021676-ERAS-GG#ERAS, NO-2026-00024480-ERAS-ERAS, NO-2026-00024133-ERAS-ERAS, NO-2026-00024134-ERAS-ERAS, NO-2026-00024135-ERAS-ERAS, NO-2026-00025155-ERAS-GG#ERAS y NO-2026-00025156-ERAS-GG#ERAS se dio intervención a la COMISIÓN ASESORA y a la SINDICATURA DE USUARIOS, respectivamente.

Que también fue puesto en conocimiento de la DEFENSORA DEL USUARIO por Memorándum ME-2026-00020142-ERAS-GG#ERAS, ME-2026-00021556-ERAS-GG#ERAS, ME-2026-00021677-ERAS-GG#ERAS y ME-2026-00025071-ERAS-GG#ERAS para su intervención, que consta en su informe IF-2026-00025531-ERAS-DU#ERAS.

Que la COORDINACIÓN DE DIRECTORIO, la GERENCIA GENERAL, la GERENCIA DE ECONOMÍA, la GERENCIA TÉCNICA, la GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO y la GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS han tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 38°, 42°, incisos n), o), r), v) y ff) in fine, y 48°, inciso l), del Marco Regulatorio (texto ordenado por Decreto N° 805/25), las cláusulas 1.14, 7.3, 8.2, 8.6 y 8.7 del Contrato de Concesión y el artículo 38° del Anexo I del Decreto N° 1172/03 y sus modificatorios.

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Establécense los valores del Coeficiente Zonal fijo y variable que se aplican en las áreas geográficas que forman parte de la presente como Anexo I (IF-2026-00025565-ERAS-GE#ERAS).

ARTÍCULO 2°.- Establécese para cada coeficiente zonal aprobado en el artículo 1° de la presente el valor del precio del metro cúbico (m3) para el servicio de agua, cloaca y del sistema pluvio-cloacal del Radio Antiguo de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES que forma parte de la presente como Anexo I (IF-2026-00025565-ERAS-GE#ERAS).

ARTÍCULO 3°.- Aplíquense los siguientes esquemas de descuentos sobre el cargo variable según categoría de usuario y régimen de medición de forma tal que el incremento mensual efectivo de dicho cargo que genere lo dispuesto en los artículos 1° y 2° de la presente no exceda el UNO COMA CINCO POR CIENTO (1,5%) en cada mes.

a. Esquema de descuentos sobre el cargo variable para los usuarios residenciales y baldío bajo régimen no medido (Anexo II - IF-2026-00025516-ERAS-GE#ERAS);

b. Esquema de descuentos sobre el cargo variable para los usuarios no residenciales bajo régimen no medido (Anexo III - IF-2026-00025515-ERAS-GE#ERAS);

c. Esquema de descuentos sobre el cargo variable para los usuarios residenciales y baldío bajo régimen medido (Anexo IV - IF-2026-00025513-ERAS-GE#ERAS);

d. Esquema de descuentos sobre el cargo variable para los usuarios bajo régimen medido en el Radio Antiguo (Anexo V - IF-2026-00025514-ERAS-GE#ERAS).

Los esquemas de descuentos precedentes serán de aplicación en tanto se mantenga la categoría y el régimen de facturación vigente a la fecha establecida en el artículo 20 de la presente.

ARTÍCULO 4°.- Aplíquese a los usuarios de la categoría residencial y baldío cuyos inmuebles se localizan en áreas de Coeficientes Zonales 0,75 y 1,25 una reducción del QUINCE POR CIENTO (15%) al valor del coeficiente de modificación K establecido en el artículo 1° del Reglamento de Aplicación de Normas Tarifarias.

ARTÍCULO 5°.- Aplíquese a los usuarios de la categoría residencial y baldío cuyos inmuebles se localizan en áreas de Coeficientes Zonales 1,45; 1,30 y 1,10 al momento de entrada en vigencia de la presente y se localizan en áreas de Coeficientes Zonales 1,75; 2,25 y 2,75 de acuerdo con lo aprobado en el artículo 1°, el siguiente esquema de descuentos:

a. Una reducción del TRECE COMA SETENTA Y TRES POR CIENTO (13,73%) sobre el coeficiente de modificación K de febrero de 2027;

b. Una reducción del DOCE COMA CUARENTA Y TRES POR CIENTO (12,43%) sobre el coeficiente de modificación K de marzo de 2027;

c. Una reducción del ONCE COMA DOCE POR CIENTO (11,12%) sobre el coeficiente de modificación K de abril de 2027;

d. Una reducción del NUEVE COMA SETENTA Y OCHO POR CIENTO (9,78%) sobre el coeficiente de modificación K de mayo de 2027;

e. Una reducción del OCHO COMA CUARENTA Y TRES POR CIENTO (8,43%) sobre el coeficiente de modificación K de junio de 2027;

f. Una reducción del SIETE COMA CERO SEIS POR CIENTO (7,06%) sobre el coeficiente de modificación K de julio de 2027;

g. Una reducción del CINCO COMA SESENTA Y SEIS POR CIENTO (5,66%) sobre el coeficiente de modificación K de agosto de 2027;

h. Una reducción del CUATRO COMA VEINTICINCO POR CIENTO (4,25%) sobre el coeficiente de modificación K de septiembre de 2027;

i. Una reducción del DOS COMA OCHENTA Y UNO POR CIENTO (2,81%) sobre el coeficiente de modificación K de octubre de 2027;

j. Una reducción del UNO COMA TREINTA Y CINCO POR CIENTO (1,35%) sobre el coeficiente de modificación K de noviembre de 2027.

ARTÍCULO 6°.- Establécese que todo incremento en los ingresos de la Concesionaria que derive de lo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 5° de la presente será destinado al Programa de Tarifa Social.

ARTÍCULO 7°.- Establécese que de existir excedentes en el Programa de Tarifa Social este ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO podrá aumentar las Metas de inversión establecidas, siempre que se mantenga el equilibrio económico financiero del Contrato para el correspondiente Ciclo Tarifario.

ARTÍCULO 8°.- Instrúyese a la concesionaria AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA (AySA) a presentar un informe mensual del presupuesto y la ejecución por modalidad y situaciones (acceso del servicio, uso del servicio y regularización de deudas) del Programa de Tarifa Social.

ARTÍCULO 9°.- Instrúyese a la concesionaria AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA a presentar un informe por bimestre calendario, dentro de los TREINTA (30) días corridos subsiguientes de finalizado el bimestre, que exponga el impacto de lo dispuesto por cada uno de los artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 5° de la presente medida con el nivel de detalle a determinar por el ERAS.

ARTÍCULO 10.- La Concesionaria podrá presentar a este Ente Regulador, en el plazo de TREINTA (30) días corridos desde el dictado de la presente, una propuesta de modificación del Plan de Acción (PAC) aprobado por la Resolución ERAS N° 30/26, conforme a lo dispuesto en la cláusula 7.3 del Contrato de Concesión, de forma tal que la implementación de lo dispuesto en la presente no modifique los Ingresos Requeridos Netos de la Concesionaria aprobados por dicha resolución, debiendo identificar las metas, inversiones o componentes del PAC que se proponen readecuar y su efecto sobre los flujos regulatorios.

ARTÍCULO 11.- Instrúyese a la concesionaria AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA a incorporar en el Informe Anual un informe discriminando los ingresos generados por aplicación de lo resuelto en los artículos 1° y 2° de la presente, los montos aplicados y los excedentes del Programa de Tarifa Social; con el formato que este Ente Regulador determine.

ARTÍCULO 12.- Aplíquese a los usuarios beneficiarios del Programa de Tarifa Social con beneficio vigente al momento de la entrada en vigor de la presente, un descuento adicional que mantenga el valor de la factura, descuento que se mantendrá hasta la fecha de renovación o cese de tal beneficio.

ARTÍCULO 13.- Aplíquese a los usuarios beneficiarios del Programa de Tarifa Social que se incorporen al mismo al momento de la entrada en vigor de la presente, un descuento adicional que mantenga el valor de la factura desde la fecha de su respectiva incorporación al Programa hasta la fecha de renovación o cese de tal beneficio.

ARTÍCULO 14.- Instrúyese a la concesionaria AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA a presentar la información asociada a la categoría, coeficiente zonal y régimen de facturación de los usuarios al momento de entrada en vigencia de la presente con el detalle a determinar por el ERAS.

ARTÍCULO 15.- Instrúyese a la concesionaria AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA a publicar en su página web lo aprobado en la presente resolución, con el cronograma correspondiente, y la posibilidad de solicitar el beneficio del Programa de Tarifa Social y consignar en la factura la resolución aprobada, el coeficiente zonal asignado, el cálculo de los importes finales aprobados y los descuentos de la implementación gradual.

ARTÍCULO 16.- La Concesionaria deberá informar a este Ente Regulador, dentro de los TREINTA (30) días hábiles del dictado de la presente, la ubicación, días y horarios de atención de la Sede Central y, como mínimo, por cada región y subdivisión operativa de la Concesión (Norte, Oeste, Sudeste, Sudoeste y CABA), una sede de atención presencial fija y una unidad móvil de rotación diaria en cada región y subdivisión, garantizando la atención al público en días y horarios informados en su página web; debiendo las unidades móviles operar conforme a un cronograma publicado con un mes de anticipación y encontrarse habilitadas para recibir, gestionar y tramitar la totalidad de las solicitudes, consultas y reclamos, en las mismas condiciones y con idéntico alcance que en las oficinas de atención presencial. Este Ente Regulador, a través de la GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO, verificará su cumplimiento.

ARTÍCULO 17.- Prorrógase con carácter excepcional, por un período anual adicional, a todos los usuarios incorporados al Programa de Tarifa Social con beneficio vigente al 31 de diciembre de 2026.

ARTÍCULO 18.- Instrúyese a la Concesionaria a presentar ante este ENTE REGULADOR DE AGUA y SANEAMIENTO, antes del 31 de diciembre de 2026, una propuesta de Plan Anual de Medición correspondiente al año 2027.

ARTÍCULO 19.- Apruébase el texto ordenado del Reglamento de Aplicación de Normas Tarifarias que como Anexo VI (IF-2026-00025789-ERAS-ERAS) forma parte de la presente.

ARTÍCULO 20.- Lo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 11°, 12°, 13°, 14° y 19° de la presente medida entrará en vigencia a partir del 1° de febrero de 2027; las restantes disposiciones de la medida entrarán en vigor a partir de su publicación.

ARTÍCULO 21.- Comuníquese a la empresa AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA (AySA), al MINISTERIO DE ECONOMÍA, a la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, a la SINDICATURA DE USUARIOS, a la COMISIÓN ASESORA del ERAS, a la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN (APLA), a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN), a la AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN (AGN); tomen conocimiento las GERENCIAS y UNIDADES del Organismo, la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA (UAI) y la DEFENSORA DEL USUARIO.

ARTÍCULO 22.- Regístrese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación y, cumplido, archívese.

Walter Mendez - Leandro Luis Caruso - Marisa Ines Dasquez

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n. El/los mismo/s podrá/n ser consultado/s en https://www.argentina.gob.ar/eras/institucional/resoluciones

e. 20/11/2026 N° 87360/26 v. 20/11/2026

Fecha de publicación 20/11/2026